La polvareda que ha levantado el teniente general Mena Aguado, al amenazar públicamente con “una intervención militar” si no se enmienda como él cree oportuno la situación generada por la tramitación parlamentaria del Estatut, merece varias reflexiones, desgraciadamente muy serias; mucho más de lo que han pretendido el Partido Popular, que considera “inevitable” esta reacción de los militares, y más de lo que ha pretendido el propio gobierno socialista, deseoso de echar tierra sobre el asunto.

Lo primero que debemos pensar es el contexto en el que se ha producido la amenaza. Contrariamente a lo que pretende el ministro Bono, lo que ha ocurrido no es que un simple militar al borde de la jubilación, una especie de zombi social, haya dicho una estupidez antes de irse para casa.

La amenaza se produce solo unas semanas después de que el Partido Popular, por boca de varios de sus mandatarios, tras la aceptación a trámite por el Congreso del proyecto de Estatut para Catalunya, denunciara que el pacto que hizo posible la Transición a la democracia quedaba con ello revocado. Como ya indiqué en otro lugar, al hacer esa denuncia el Partido Popular se autoerigía en defensor de los intereses de aquellos que, a la muerte del dictador, pusieron un precio político a la democracia: la nomenklatura franquista. Lo cual es lógico, porque ese es el partido que fundaron Fraga Iribarne y sus amigos más reaccionarios.

Como quiera que el Estatut ha seguido adelante en su tramitación parlamentaria, a pesar de las cada vez más gruesas palabras de los herederos de Franco, y como quiera que Jiménez Losantos está empezando a quedarse afónico de tanto gritar que Zapatero va a acabar por romper España si alguien no hace “algo” para remediarlo, al teniente general Mena Aguado no le ha quedado más remedio que erigirse en portavoz del sentir generalizado de sus subordinados y amenazar al gobierno socialista con “una intervención militar”. Jiménez Losantos le ha llamado “valiente” al militar golpista, en la radio de la Iglesia Católica y en Libertad Digital.

La segunda cuestión a comentar es la del tutelaje militar de la vida política española. Los que conocemos de cerca la vida política de Euskadi comprendemos perfectamente lo que quieren decir algunos líderes vascos cuando aseguran que, en el proceso político que esperamos llegue a materializarse en breve, sería inaceptable que ETA ejerciera una especie de tutelaje sobre la evolución política del país, reservándose la opción de recurrir de nuevo a la violencia en el caso de que las cosas no acabaran de ir como ellos creen que debieran ir. Esto es lo que ocurrió durante la tregua de 1.998, y acabó con la ruptura de la misma en el año 2000 porque las cosas no fueron como ETA había planeado. Es lo que pasa por tratar con militares.

Pues bien, lo que ha venido a demostrar la salida de pata de banco del teniente general Mena Aguado es que, en opinión de los militares españoles, su principal misión, la del glorioso ejército español, es precisamente esa: tutelar a la democracia, asegurarse de que la sociedad española no evoluciona en un sentido distinto al que dejó atado y bien atado el patas cortas al morir. Como quiera que el partido que representa los intereses del franquismo ha denunciado que la aceptación del proyecto de Estatut supone la subversión del acuerdo “que hizo posible la Transición”, al ejército, por boca de uno de sus más elevados representantes, no le ha quedado más remedio que hacer valer esa misión de tutelaje sobre la democracia y dar un toque de atención a los rojos y a la sociedad entera, para que no se desvíen de la senda marcada.

Recuerdo haber oído a Miguel Herrero de Miñón comentar que el que hoy es el artículo 8º de la Constitución fue incluido por “inspiración” directa de los militares franquistas durante una reunión de la ponencia constitucional. Sin rechistar. Pues bien, ahora sabemos que no fue un simple capricho. Si el tutelaje de ETA sobre la evolución política de Euskadi nos parece inaceptable, ahora nos encontramos con que España es el primer país del mundo supuestamente civilizado que recoge ese tutelaje de los militares sobre los civiles nada menos que en su propia constitución. Ahí es nada. Con este artículo octavo, España es el primer país del occidente democrático que reconoce el golpe de estado militar como acto plenamente constitucional. Y Bono lo sigue defendiendo.

Otra importante consideración que hacer tras la intervención del militar golpista Mena Aguado es la de los motivos que ha aducido para amenazar al gobierno socialista y a la sociedad española. Podría haber señalado como causa, para su “intervención militar”, la ruptura del acuerdo entre los dirigentes franquistas y los demócratas, como habían hecho los portavoces del Partido Popular, pero prefirió señalar al hecho que habría provocado dicha ruptura, la potencial aprobación del proyecto de Estatut para Catalunya con determinados contenidos. Y aquí es a donde quiero ir a parar: el militar golpista centraba su crítica sobre dos cuestiones concretas: la calificación de Catalunya como nación y la obligación de conocer el catalán. Nación y lengua.

Recordemos que los nacionalistas españoles del PSOE y el PP siempre han acusado a quienes se sienten catalanes o vascos de “politizar” las lenguas con fines “nacionalistas”. Pues bien, aquí tenemos a un portavoz del ejército español, nada menos que a un teniente general, dispuesto a dar todo un golpe militar contra el estado democrático para imponer “su” nación y “su” lengua. La “única nación posible”, como aseguraban hace pocas fechas algunos dirigentes socialistas, imponiendo “la única lengua posible”. Pretender que Euskadi o Catalunya sean también naciones, o que sus respectivas lenguas tengan la misma consideración legal que la española es “antidemocrático”. Según parece, tan antidemocrático que merece un golpe de estado para evitarlo. Eso sí, un golpe de estado absolutamente constitucional, por supuesto.

josemariachacon@izaronews.com