Es un tópico. Pero no por ello deja de ser verdad. La democracia de un país se mide por la calidad de sus instituciones. Las naciones mejor vertebradas política y socialmente son aquéllas capaces de dotarse de un entramado jurídico-constitucional respetado por sus ciudadanos y emanado directamente de la voluntad popular. El respeto puede estar basado en el miedo o incluso en la represión política, y de ahí que lo determinante sea la participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones. La Monarquía, por ejemplo, ha sido impuesta en muchos países. Las coronas de España o Gran Bretaña nunca han pasado el corte democrático de un referéndum. Sin embargo, sus jefes de Estado son respetados por los ciudadanos de ambas naciones. La legitimidad de los monarcas nace de la existencia de constituciones democráticas respaldadas mayoritariamente por el pueblo soberano. Aunque no estén escritas.

Al resto de instituciones en un sistema democrático le ocurre algo parecido. Su legitimidad está avalada porque su configuración jurídica, su funcionamiento y hasta su política de nombramientos nace del Parlamento, que es lo mismo que decir de la voluntad popular. Esto quiere decir que si se tiran piedras contra ellas se está atacando, en realidad, a los representantes políticos que con la legitimidad que les conceden las urnas decidieron elegir en su día a unos candidatos frente a otros. Y que se sepa ningún partido ha declinado en los últimos años participar en las votaciones o llevarlas al órgano jurisdiccional competente en busca de un vicio de forma o de fondo que diera al traste con la elección.

Por eso, causa verdadero estupor escuchar algunos comentarios de determinados miembros de nuestro Gobierno, que lejos de la moderación que se les supone han arremetido contra la decisión mayoritaria del Tribunal de Defensa de la Competencia de desaconsejar la opa de Gas Natural sobre Endesa. No es malo criticar la decisión, es absolutamente legitimo y hasta sano en términos democráticos, lo terrible es que se cuestione la capacidad de decisión de unos órganos elegidos de acuerdo con la legalidad. El ministro de Industria -que antes de llegar a Madrid tenía fama se ser un hombre sensato y cabal- ha dicho que los seis miembros del TDC elegidos en la época de Aznar “han cumplido con su trabajo”. Es decir, han actuado para favorecer al Partido Popular. Hace algún tiempo, Montilla dijo más o menos lo mismo del gobernador del Banco de España, que había criticado con dureza, y en sede parlamentaria, el nuevo Estatut catalán.

Pompa y circunstancia

Es evidente que Montilla necesita un descanso. Como titular de Industria está obligado a acatar las decisiones del Tribunal de Defensa de la Competencia, y si no está dispuesto a asumirlas lo que debe hacer es dimitir con la pompa y circunstancia que requiera la notoriedad de su rango. Imagino que cuando el TDC dictamine sobre la posición de dominio en el mercado de una petrolera o de una empresa de fertilizantes, el titular de Industria hará caso omiso de sus observaciones dada la manifiesta parcialidad de sus consejeros.

Este Gobierno se equivoca si quiere convertir a los órganos reguladores de la economía –esenciales en una sociedad avanzada- en meros mecanismos de consulta, en simples aparatos administrativos. El Tribunal de Defensa de la Competencia, la Comisión Nacional de la Energía o la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones no son simples servicios de estudios destinados a informar sobre los pormenores de una determinada operación empresarial. Si así fuera, estaríamos hablando de un regreso en el tiempo hacia las antiguas direcciones generales de los ministerios, que hacían informes ad hoc en función del interés del jerarca de turno. La opinión de los órganos reguladores debe tomarse en cuenta, como por cierto ha señalado por escrito el propio presidente del TDC, Luis Berenguer. De lo contrario, es mejor suprimirlos. Cuestan mucho dinero y no tendría mucho sentido mantenerlos si sus observaciones van a la papelera. No estoy hablando sólo del caso que nos ocupa y preocupa –la opa de Gas Natural sobre Endesa-, sino en general de le necesidad de tener órganos reguladores fuertes, capaces de imponer su criterio en defensa de los consumidores y ciudadanos, que en última instancia es lo que importa. Gobierne quien gobierne.

Pero dicho esto, no es menos importante que los consejeros de los organismos reguladores actúen con independencia de criterio. Su legitimidad no se la deben a los partidos políticos que hacen posible su nombramiento. Se equivocan si creen que es así. Su legitimidad está conectada directamente con el Parlamento, y por ende con los ciudadanos. Su fidelidad está con los usuarios de los servicios que administran, no con los jefes políticos de turno. Pensar en consejeros que elevan de forma automática su brazo de madera, y que expresan su opinión en función de los intereses de partido es la muerte de la democracia. Y me temo que eso es lo que está sucediendo en estos momentos. Las votaciones en el Consejo del Poder Judicial, el Tribunal de la Competencia, la Comisión de la Energía o la CMT son tan previsibles que denigran a quienes participan en ellas. Pero ésa es la España que tenemos. La España de los consejeros serviles incapaces de mostrar independencia de criterio. Y la España de los políticos tramposos que son capaces de nombrar a cuatro consejeros del TDC unos días antes de unas elecciones generales (el 5 y el 12 de marzo de 2004). Como decía hace unos días un lector recordando una célebre frase de Manuel Azaña: “Rodeado de imbéciles, gobierne usted si puede”.

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