El contundente informe del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), en el que se insta al Gobierno a prohibir la OPA de Gas Natural sobre Endesa, ha vuelto a poner de relieve que la operación de concentración empresarial más importante de la Historia de España está motivada por razones fundamentalmente políticas.
Las declaraciones tanto del portavoz del Gobierno, Fernando Moraleda, como del ministro de Industria, José Montilla, ilustran sin necesidad de grandes disquisiciones hasta qué punto el Ejecutivo ha tomado partido por uno de los contendientes sin cuidar siquiera las formas. En teoría, el Gobierno debería ser neutral en decisiones que afectan a la actividad empresarial.

En los días previos a la votación del pleno del TDC, en el que se decidió rechazar la OPA por seis votos contra tres, y en previsión de lo que iba a suceder, Moraleda se dedicó a repetir a diestro y siniestro una obviedad: «El informe del Tribunal no es vinculante».

Mientras que el ministro de Economía, Pedro Solbes (que es quien debe hacer la propuesta sobre la OPA al Consejo de Ministros), ha mantenido un prudente respeto hacia la decisión del Tribunal, Moraleda y Montilla han hecho lo peor que se puede hacer desde un Gobierno: desacreditar a las instituciones.

Tanto el portavoz como el titular de Industria han menospreciado la opinión del TDC sobre la base de que sus miembros han actuado como obedientes seguidores de las órdenes de los partidos que les han nombrado. Para empezar, eso no ha sido del todo así.Uno de los vocales nombrados por el PP (aunque ocupó cargos con el PSOE), Antonio Castañeda, votó a favor de la OPA, mientras que Miguel Comenge (que fue director general de Competencia con el PSOE) votó en contra de la operación, a pesar de los esfuerzos del presidente del Tribunal, Luis Berenguer, por convencerle de que cambiara su parecer y avalara la concentración energética.

Mal favor hacen los argumentos esgrimidos por los dos miembros del Gobierno a los vocales que han dictaminado a favor de la OPA, ya que, según su planteamiento, no han actuado siguiendo un criterio propio, sino al dictado de los intereses del PSOE.

Pero lo peor de todo es que sus afirmaciones deslegitiman cualquier decisión que adopte el TDC, presente y futura. Lógicamente, cuando se produzcan los próximos relevos, el Gobierno nombrará vocales afectos que se limitarán a cumplir sus deseos sin rechistar.Si eso es así, señores del Gobierno, lo mejor que podrían hacer es prescindir de ese órgano que se creó precisamente para preservar desde criterios de independencia el respeto al libre mercado y a la competencia.

En su burda maniobra para desprestigiar el razonado informe del TDC, el portavoz del Gobierno llegó a inventarse un imaginario «informe técnico», cuya existencia el propio Tribunal se ha encargado de desmentir.

El Gobierno está cometiendo un error de libro al posicionarse tan descaradamente a favor una operación que, incluso para los miembros de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), supone una concentración poco recomendable en algunas comunidades autónomas, donde, de hecho, si triunfara la OPA se crearía un monopolio de oferta.

El varapalo al TDC resulta coherente con el ataque sin precedentes al gobernador del Banco de España, a quien el intrépido Montilla acusó de estar al servicio de quienes le nombraron. Todo por haber insinuado que la inspección investigaría, como es preceptivo, una denuncia sobre el crédito condonado por la Caixa al PSC.

La «doctrina del amedrentamiento», impuesta por el titular de Industria, tiene como fin no sólo cuestionar la independencia de los que no suscriben al pie de la letra que la OPA es buena para la competencia, sino poner en guardia a los que desde sus puestos en la Administración puedan obstaculizar la operación de los males a los que se exponen si no se pliegan a los dictados del Gobierno.

Una operación como la que supone unir a la principal operadora de gas con la empresa líder del mercado eléctrico debería llevarse a cabo con todo tipo de cautelas y, desde luego, tras un amplio consenso político, ya que se trata de un sector regulado.

La producción de electricidad con gas constituye, junto a las energías renovables, el futuro del suministro energético para nuestro país. Si no se quiere revitalizar el programa nuclear, y teniendo en cuenta los problemas medioambientales de la producción con carbón o fuel y la imposibilidad de aumentar la producción de energía hidráulica, está claro que en 20 o 30 años las centrales de ciclo combinado, y en menor medida los parques eólicos y solares, van ser los principales suministradores de energía del país.

El Gobierno, como regulador, tiene que velar por la seguridad del suministro, la eficiencia y la sostenibilidad del sistema.Esas y no otras deben ser sus prioridades a la hora de intervenir en el sector. Es decir, la defensa de los consumidores por encima de todo.

Ese es el riesgo que asumirá el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero si, pese al informe del TDC, decide dar luz verde a la OPA de Gas Natural sobre Endesa. Que la opinión pública pueda percibir que se ha adoptado una decisión en función de intereses políticos que perjudica a los consumidores.

En las últimas semanas, el Gobierno se ha convertido en el principal defensor de la concentración. la Caixa, principal accionista de Gas Natural, y víctima de un fuerte desgaste por las consecuencias que está teniendo la OPA y su vinculación al proyecto soberanista catalán, estuvo a punto de desistir de su empeño e iniciar otra aventura menos polémica. Sin embargo, fue Moncloa quien paró los pies a los que pretendían tirar la toalla.

El hecho de que el voto de calidad de la presidenta de la CNE decidiera el informe del organismo a favor de la OPA, sin que Maite Costa se inhibiera de la votación por haber sido consejera de una sociedad controlada por la Caixa y la Generalitat, es un dato que demuestra hasta qué punto la voluntad política está por encima de cualquier otra consideración. Como lo es también que una sociedad (Intermoney) de la que fue consejero delegado Miguel Sebastián, actual asesor económico del presidente, se haya destacado por su protagonismo en evitar subidas del precio de la acción de Endesa en Bolsa gracias a sus abultadas ventas.

¿Se trata simplemente de sacar adelante contra viento y marea una fusión que pretendería mejorar la eficiencia en la producción de energía y, en última instancia, proteger a los consumidores, como pretende el Gobierno? ¿O bien se está pagando con el apoyo a la OPA el precio político que supone el apoyo del PSC a Zapatero y de los independentistas al Gobierno en Cataluña y en España?

Si se tratara sólo de una propuesta empresarial, difícilmente se hubiese instrumentado a través de una OPA hostil (que se paga, por cierto, con acciones de la opante y con la venta de activos de la opada). Un pacto con Caja Madrid (primer accionista de Endesa) habría pacificado la operación y facilitado un acuerdo con el PP. Pero eso no era lo que se pretendía, sino dar a una compañía (Gas Natural) controlada por una institución pública catalana (la Caixa) el control del mayor grupo energético de España.

El Gobierno, con su apoyo descarado, ha convertido la OPA contra Endesa no sólo en una afrenta al PP, sino en un insulto a la sociedad civil.

casimiro.g.abadillo@el-mundo.es