El tema produce hastío por su obviedad. El bilingüismo en Cataluña es una realidad asumida por toda la sociedad. Esa sociedad civil que tantas veces se pronuncia en vano se caracteriza por no generar conflictos de naturaleza lingüística. El trasvase del español y del catalán es continuo y constante. Algunos fundamentalistas de la causa nacional se lamentan en estos términos: «Hemos ganado la escuela, pero hemos perdido el patio». El victimismo siempre es rentable; también en esta cuestión lingüística. Tanto más en una especie de nacionalismo que marca su peculiaridad en sustentarse en la cuestión de la lengua. Hace años hablé, en un artículo que causó polémica, de nacionalismo lingüístico, expresión que hizo fortuna.
Algunos, con gran ingenuidad, atribuían al peculiar nacionalismo que gobernó Cataluña durante décadas la exclusiva en esa obsesión por las cuestiones lingüísticas, especialmente en la enseñanza, en la judicatura, en la administración y, en general, en todo el mundo oficial. Creían que si gobernaba un partido como el de los socialistas catalanes se mitigarían esas tendencias. Tenían el precedente de una política mucho más sensata por parte del Ayuntamiento socialista en relación a la Generalitat, en manos de Convergència i Unió. No imaginaban que, al llegar al Gobierno de la Generalitat, y más por convicción que por necesidades de coalición, se impondría una política mucho más radical que aquélla a la que ya estábamos acostumbrados.

No se trata ahora de que la Cataluña oficial hable, por deber, catalán. Ahora la intervención y el control llega a la calle, o a la Cataluña de la sociedad civil: a los establecimientos comerciales, a los rótulos, anuncios, vallas, restaurantes...Por fortuna, ese intervencionismo antipático, que el nuevo Estatuto sanciona y espolea, nada puede hacer ante la indiferencia de una sociedad civil decidida a demostrar en su práctica cotidiana lo que desde el reglamento oficial quiere negarse: que Cataluña es una sociedad bilingüe.

Otra sorpresa penosa consiste en comprobar que muchos personajes del mundo de la cultura y de la intelectualidad, que eran muy críticos con el nacionalismo lingüístico cuando se ejercía desde los anteriores gobiernos convergentes, se transmutaron de la noche a la mañana en partidarios acérrimos de los peores desmanes en estas materias cuando el poder de la Generalitat pasó a manos de los socialistas. ¡Tan fuertes y arraigadas eran sus convicciones!

Se ha comprobado, una vez más, que bajo lo que llamamos a veces sectarismo se esconde una tendencia atávica en este país (en España y en Cataluña). Me refiero al caciquismo como tendencia mental y moral. Lo que importan no son nunca, para muchas personas, incluidos algunos medios de comunicación, las ideas o las convicciones, sino tan sólo quién es el que las sostiene y a que formación política pertenece.

Un nacionalismo lingüístico radical ejercido por un president socialista puede ser aceptable, por lo que puede verse, para muchos que aborrecían ese ideario hasta hace un par de años.Gente que abominaba de ese credo cuando lo sostenía Jordi Pujol lo aplaude y vitorea cuando es el actual president quien lo potencia.El cinismo no tiene límites. Y el negocio, o el más crudo interés, están con frecuencia reñidos, por lo que puede verse, con las convicciones arraigadas.

La actual Generalitat se caracteriza por dejar al anterior Gobierno largo de esta institución como moderado en estos temas. Ya puede ir Pasqual Maragall predicando conceptos políticos de cariz teratológico, como el supuesto federalismo asimétrico que proclama sin saber él mismo qué quiere decir con esta expresión. Lo que se descubre en todas las disposiciones y reglamentos sobre este sensible tema del catalán, tratado ahora con el mismo espíritu intervencionista que ha presidido la redacción del desafortunado Estatut, es el más rancio nacionalismo lingüístico.

Eugenio Trías es filósofo y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.