En octubre de 2002, un alto funcionario español, Fernando Valderrama, dimitió de su cargo -cargo de confianza, claro-, porque "no estoy dispuesto a seguir representando a un Gobierno que viola la legalidad internacional y la propia Constitución", declaró después de haber comunicado a la entonces ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, su renuncia como encargado de Negocios en Iraq. En aquellas fechas, el presidente del Gobierno, José María Aznar, ya había dejado perfectamente claro su apoyo incondicional a una eventual invasión de Iraq con respaldo o sin respaldo de la ONU.

El diplomático, señor Valderrama, como todos los ciudadanos, estaba en su derecho a expresarse libremente, pero como todos los funcionarios españoles, en tanto que actúan como representantes del Estado, estaba inhabilitad para expresar en público una opinión contraria a la línea oficial de su Gobierno en materia, en este caso, de política internacional.

De no haber dimitido, Valderrama habría sido relevado inmediatamente, como es lógico. Simplemente se adelantó al Gobierno. Pero el diplomático no se limitó a dejar el cargo, sino que se prodigó en declaraciones muy críticas con el alineamiento oficial de España con Estados Unidos respecto a la apuesta bélica que se estaba forjando en aquel otoño de 2002. Y eso le costó la apertura de un expediente disciplinario.

Salvando las distancias, el caso del teniente general Mena Aguado es muy parecido. Empezando por la causa: alto funcionario del Estado que reprueba públicamente una determinada política del Gobierno legalmente constituido. Eso le ha hecho merecedor de un arresto domiciliario de ocho días. Y respecto al cargo que ocupa, jefe de la Fuerza Terrestre del Ejército -cargo de confianza, claro-, se anuncia su destitución en el Consejo de Ministros del próximo viernes 13. Por pérdida de confianza y a propuesta de su inmediato superior, el jefe del Estado Mayor de la Defensa. Normal.

Entonces, la guerra de Iraq. Ahora, el proyecto de Estatut. En los dos casos, a cual más cargado de trastienda política y electoral, el Gobierno de la Nación hace -hizo- lo que tiene -tenía- que hacer. Punto. Las jaculatorias políticas o periodísticas de entonces sobre una guerra indecente o las de ahora sobre un controvertido proyecto estatutario, no vienen a cuento ligadas a la conducta improcedente de un alto funcionario que apela a la defensa de la Constitución, pero sólo en uno de sus artículos.

Sigue abierto el debate sobre el Estatut. Sin que nos lo venga a descubrir ningún general, muchos creemos que desborda la Constitución y encajarlo en ella es como hacer volcar una canica, aunque nos haremos un mal favor si lo mezclamos con el verbo suelto de un general imprudente. Eso se agota en su depuración administrativa.

Partir de este episodio para acreditar las tesis sobre la ruptura de España o aprovecharlo para insultar al presidente del Gobierno es sacar las cosas de quicio. En el PP ha vuelto a prevalecer el tremendismo sobre la sensatez, porque de ambas cosas dio ejemplo este fin de semana. Gabriel Elorriaga tardó cinco minutos en hablar de la "frivolidad" de Zapatero, al que calificó de "presidente sonado", mientras el líder del PP de Cataluña, Josep Piqué, nada sospechoso de hacerle la ola al Estatut, calificaba las declaraciones del teniente general de "profundamente desafortunadas, inapropiadas, inadmisibles y sin justificación".

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