Hay que aplaudir el gesto contundente del Gobierno al dictar arresto domiciliario del teniente general José Mena Aguado por su alusión a una intervención del ejército si no se rebajaba el texto del Estatut aprobado por el Parlament. Las intolerables declaraciones realizadas en Sevilla por el jefe de la Fuerza Terrestre del Ejército aprovechando la celebración de la Pascua Militar merecían una sanción ejemplar por lo que tienen de interferencia en la actividad política, toque de atención al Gobierno y deslegitimación del Parlament. Durante estos largos meses de debate del Estatut, en los cuarteles se ha seguido con especial atención la polémica y varios dirigentes políticos catalanes han tenido incluso ocasión de conocer el pulso real que la discusión estaba provocando. Muy probablemente, las reflexiones de Mena Aguado tienen alguna acogida en sectores del ejército y de ahí la importancia de que la respuesta del Gobierno y de su ministro de Defensa haya sido de firmeza democrática, sancionando a un militar de tan alta graduación con una medida sin precedentes desde los lejanos tiempos del 23-F. Desde la oposición se ha pedido la comparecencia de José Bono para explicar el sentir de las fuerzas armadas. Parece razonable. Pero ello no excluye que aún esté pendiente por parte de Rajoy una desautorización de quien estos días como portavoz del PP ha encontrado una explicación a las palabras del militar ahora arrestado.