Tan fácil le debió estar pareciendo todo -te plantas en Madrid con tu jersey de guardameta de los años 40, te reciben con sonrisas, palmadas y abrazos y encima te perdonan casi el cien por cien de la deuda- que, puestos a pedir, Evo Morales no se paró en barras y osó requerir a su interlocutor que le aclarara si él era «el Zapatero de verdad».
Sí, hombre a ti te lo va a decir. Afortunadamente el presidente del Gobierno circunscribió la anécdota a la tan manoseada broma de la Cope y sobre todo se abstuvo de comentar el contenido de su respuesta, pues por leve que hubiera sido el nivel de precisión autoidentificativa ya habría resultado frustrante y discriminatorio para quienes al cabo de cientos de horas de observación entomológica, mirándole de cerca y de lejos, cogiéndole del derecho y del revés, seguimos haciéndonos esa misma pregunta del millón de dólares: ¿cuál es «el Zapatero de verdad»? O, lo que es peor enigma: ¿existe un «Zapatero de verdad»?

Pese a que cada vez que tengo la oportunidad de acceder al personaje procuro concentrarme al máximo y aguzar mis dotes perceptivas hasta donde dan de sí, a estas alturas del partido, cuando ya se ha comido sus segundos turrones en La Moncloa, confieso que debo ser uno de los pocos españoles que sigue sin tener una opinión rotunda y definitiva sobre Zapatero. Ni para bien, aunque aprecie su pasión política, sus habilidades estratégicas y su capacidad de liderazgo. Ni para mal, aunque detecte sus graves errores y algunos de ellos me parezcan nefastos para España.

Aznar era parco hasta llegar a escueto, pero unívocamente auténtico, lo que le hacía previsible; e incluso, muy a su pesar, paradójicamente transparente: te bastaba sorprender un parpadeo tras la mención de un nombre para entender cuál era su opinión sobre una persona o incluso contextualizar uno de sus temidos silencios para darte cuenta de cuál iba a ser su siguiente movimiento. Zapatero es locuaz y, en un buen día, fecundo y sugerente como pocos, pero inquietantemente imprevisible. Tal vez porque representa al mismo tiempo muchas cosas y casi todas sus contrarias. Son tan heterogéneos, y a menudo antagónicos, sus planes y sus gestos, sus dichos y sus hechos, sus confesiones y sus actuaciones que a veces parece imposible llegar a conocerle lo suficiente como para poder pronosticar una pauta de conducta.

De ahí que, en medio de tanta volatilidad como la que caracteriza a la sociedad de la información -este imperio del conocimiento efímero-, ahora que están ocurriendo cosas de las de ver y no creer, ahora que se avecinan las decisiones cruciales de la legislatura, resulte de una gran utilidad analítica, y también moral, el disponer de un rasero bastante explícito, públicamente establecido por él mismo, que facilitará muchísimo elevar o hundir el pulgar en el momento de emitir el veredicto.

Me refiero al compromiso adquirido por Zapatero en julio de 2004 ante su gurú de cabecera, el politólogo Philip Pettit, de someterse al final de la legislatura a su examen crítico para determinar la fidelidad de su gestión a los principios del llamado «republicanismo cívico» o «ciudadanismo». «Un compromiso muy valiente y muy bello», según declaró entonces el propio Pettit.

Todo lo valiente y lo bello que usted quiera, profesor Higgins, pero ya que estamos a mitad de curso debo comunicarle que si usted o alguien de su cuerda no lo remedia, su audaz y guapetona Eliza Dolittle lleva camino de catear más asignaturas que las permitidas en la LOE.

Supongo que a Pettit no le importará que le tome el pelo pigmalioneándole un poco con la intermediación de su compatriota Shaw, pero no faltarán lectores que me reprochen a mí una cierta debilidad intelectual por aceptar el canon ideológico de quien en definitiva es uno de los más conspicuos pensadores de la izquierda. Podría defenderme diciendo que no sería justo utilizar otro sistema métrico para hacerle el traje a un gobernante socialista, pero tengo que reconocer que algunos de los planteamientos de este irlandés inconformista adaptan y modernizan de forma muy atractiva las ideas clave de la mejor estirpe liberal. No en vano su más insistente fuente de citas y referencias son los Federalist Papers publicados hace más de dos siglos en la prensa neoyorquina por James Madison, John Jay y Alexander Hamilton (*) y no en vano le pregunté yo la pasada tarde de Año Nuevo al guía de nuestra ritual visita familiar en barco alrededor de la isla de Manhattan por el lugar exacto en el que este último -el más capaz de todos los Founding Fathers- perdió la vida al batirse en duelo con el vicepresidente Burr.

LA REGLA DEL 'IMPERIO DE LA LEY'

Pero ahora lo que cuenta no es lo que pudo haber ocurrido si el arrogante self made man que era Hamilton hubiera llegado a la Casa Blanca, sino lo que lleva camino de ocurrir como consecuencia de que es Zapatero quien habita en La Moncloa. Yo inmediatamente firmaría que España se convirtiera en el paraíso de la «no dominación» preconizado por Pettit. Por eso aplaudimos la Ley contra la Violencia de Género pese a algunas objeciones técnico-jurídicas, por eso celebramos que se concedieran plenos derechos civiles a las parejas homosexuales -aunque, como bien acaba de demostrar la experiencia británica, con Elton John como abanderado, su alegría no precisaba distorsionar por el camino la institución del matrimonio- y por eso apoyaremos la atractiva Ley de Dependencia si obedece a criterios financieros razonables.

Pero entre tanto han empezado a torcerse gravemente algunas cosas fundamentales. Por ejemplo la vigencia del imperio de la ley y la protección de los derechos constitucionales en el País Vasco y Cataluña. Así mientras la pujante actividad de la ilegalizada Batasuna va a desembocar en la celebración de su Congreso Nacional en un pabellón de propiedad pública, arrecian las inspecciones, multas y demás medidas coactivas de la Generalitat presidida por el socialista Maragall contra quienes se aferran a su derecho a utilizar el castellano en el comercio o la enseñanza.

Para Pettit éstos ya serían graves pecados mortales, pues según su Biblia -Republicanismo, una teoría sobre la libertad y el gobierno (Paidós, 1997)- el primer requisito de la «no dependencia» es que «a los organismos estatales sólo se les permite actuar bajo la autoridad de la ley y sólo de modo acorde con las exigencias de la ley». Y más adelante precisa: «Un imperio de la ley exige fidelidad a los procesos debidos en un amplio abanico de frentes políticos». Y, por si el fiscal general del Estado, el Defensor del Pueblo, los delegados del Gobierno en el País Vasco y Cataluña o los propios gobiernos autonómicos no se dan por aludidos, añade: «El imperio de la ley implica un régimen en el que los agentes del Estado están permanentemente requeridos a actuar de acuerdo con la ley».

Frente a quienes siempre resurgen dispuestos a alegar que en realidad esas vulneraciones de derechos, fruto de la violencia de baja intensidad que aún ejerce el entorno proetarra o de la aplicación de la política lingüística del tripartito, son excepciones que afectan a muy poca gente, Pettit se alza rotundo con su distinción entre la «no interferencia» -el clásico laissez faire, laissez passer» del Estado liberal- y su exigencia de «no dominación», propia del «republicanismo cívico». Y tiene toda la razón cuando explica las tres diferencias a favor de la segunda opción: «La ausencia de incertidumbre, la ausencia de deferencia estratégica frente a los poderosos y la ausencia de subordinación social a otros». Eso es lo que Zapatero tiene la obligación de garantizar a los empresarios vascos y navarros, a los comerciantes y profesores catalanes y a los oyentes de la Cope.

La prepotencia benévola del presidente del Consejo Audiovisual de Cataluña -«no cerraríamos la Cope porque la sanción es el último recurso y nuestra voluntad es dialogar con el operador para que reflexione sobre la forma de presentar sus contenidos»- es, de hecho, el paradigma de esa variante paternalista del despotismo que tan expresamente repudia Pettit. A ver cómo le explica el presidente del Gobierno a su gurú que sea bajo su mandato cuando por primera vez tras la muerte de Franco las tres grandes asociaciones mundiales que velan por la libertad de expresión -el World Press Freedom Committee, la World Association of Newspapers y el International Press Institute- hayan denunciado por separado la reaparición de la censura administrativa en España.

Aquí no basta que el presidente comente en privado que no le gusta la legislación sobre el CAC o que piensa corregir el proyecto de ley estatal que le ha cocinado Montilla. Tampoco es suficiente una praxis de «no interferencia». Para que el principio de «no dominación» sobre los medios se restablezca es imprescindible que el PSC-PSOE promueva al menos la derogación parcial de esa norma porque, como certeramente subraya Pettit, «la concepción contestataria de la democracia tiene primacía sobre las justificaciones de objetivos verosímilmente republicanos y de restricciones verosímilmente constitucionalistas».

LA REGLA DE LA 'DISPERSION DEL PODER'

Pero aun en el caso de que Zapatero lograra aprobar esta primera asignatura pendiente relativa a los derechos y libertades, le quedarían dos más arduas en las que el destino ha querido ceñir a la actualidad los otros dos grandes requisitos de Pettit para que el «republicanismo cívico» se haga realidad.

Todo lo que explica el politólogo irlandés en el magnífico capítulo sexto de su libro -Las formas republicanas: constitucionalismo y democracia- sobre la «dispersión del poder» parece pensado para una situación como la que se ha creado en España tras el dictamen del Tribunal de Defensa de la Competencia sobre la OPA contra Endesa. Partiendo del conocido diagnóstico de Madison -«la acumulación de todos los poderes en las mismas manos merece convertirse en la definición misma de la tiranía»- Pettit no sólo propone medidas que refuercen la clásica separación entre ejecutivo, legislativo y judicial sino también «otras formas de dispersión del poder», entre ellas la creación de «comisiones» competentes en determinados asuntos, fruto de «la preocupación por hallar también garantías contra la arbitrariedad del poder dimanante del pueblo».

Es significativo que una vez fijado el mecanismo -del que podrían ser ejemplos la Comisión de la Energía o el propio Tribunal de la Competencia- lo que más le preocupe a Pettit es que se fije «el procedimiento, de acuerdo con el cual los miembros de una comisión pueden ser vetados, a fin de garantizar que no haya intereses personales de por medio». Seguro que la Maite Costa consejera de dos filiales de la Caixa y destacada dirigente del partido al que la entidad acaba de condonar un macrocrédito jamás hubiera pasado su criba.

Entre otras cosas porque una de las grandes obsesiones de Pettit es «prevenir la forma de corrupción consistente en adherirse a una facción, anteponiendo los intereses de la facción a los del conjunto de la sociedad». Obsesión que nos retrotrae, por cierto, al momento crucial de la Revolución Francesa cuando la excusatio non petita del arcángel del Terror Saint Just -«yo no pertenezco a ninguna facción»- se convierte en la última frase que los thermidorianos le permiten pronunciar desde la tribuna de la Convención y en la acusatio manifesta que en menos de 24 horas le llevará a la guillotina junto a Robespierre.

Pettit propone métodos menos drásticos e irreversibles, pero coincide en la necesidad esencial de mantener el «faccionalismo» a raya: «Los instrumentos empleados por el Estado republicano deberían ser, en lo posible, no manipulables. Diseñados para la promoción de ciertos bienes públicos, tendrían que ser máximamente reluctantes a su empleo arbitrario, banderizo quizá. Ningún individuo, ningún grupo, debería poder decidir discrecionalmente el modo de usar esos instrumentos».

Pettit no se chupa el dedo y entiende que si una «facción» -en este caso la entente montillesca entre la Caixa y el PSC- puede llegar a condicionar al Ejecutivo, otro tanto podría ocurrir con esas «comisiones» supuestamente independientes. Aquí es donde entraría en juego el hecho de que la mayoría de los miembros del Tribunal de la Competencia hubieran sido elegidos en tiempos del PP. Pero esa es la sustancia misma de los conceptos de «contrapoder» y «equilibrio institucional» que inspiran todo su modelo porque «sólo los controles a que se somete a los magistrados hacen a las naciones libres».

En coherencia con esta filosofía, la jurisprudencia exige ya al Ejecutivo exponer fundamentos muy sólidos si decide desoír un informe preceptivo de un órgano como el Tribunal de Defensa de la Competencia y es lógico, como desvelamos hoy, que alguien tan amante de la seguridad jurídica como Solbes tenga preparado un proyecto de ley para convertir sus resoluciones en vinculantes.Frente a las insaciables pretensiones de gente como Carod y otros prohombres del tripartito, frente al extraño empecinamiento de su asesor Miguel Sebastián en hacer de broker del superpelotazo empresarial en marcha, Zapatero debería releer la mala opinión de Pettit sobre las grandes corporaciones -recordando además la constante infiltración de la Caixa por el poder político- y protegerse de toda tentación con este párrafo tan largo como certero y definitivo:

«Los agentes que, llevados de su celo, rompen con los códigos establecidos para promover la no dominación no hacen sino acopio de poder arbitrario, pues se conducen de una forma que da a su inimpugnable juicio potestad sobre otros. Y ese acopio de poder no sólo daña a la no dominación de los afectados en este o en otro caso, sino a la no dominación de los más; los agentes que se dejan llevar por su celo no sólo se yerguen sobre algunos, se yerguen sobre la totalidad. Si algunos agentes creyeran poder maximizar la no dominación transgrediendo su prontuario de obligaciones, andarían seguramente muy equivocados. Cualquiera que sea el grado de no dominación que esperen de su conducta transgresora, no es verosímil que sea mayor que la apabullante dominación que acabarán perpetrando sobre el conjunto de la población».

LA REGLA DE LA 'CONDICION CONTRAMAYORITARIA'

Y llegamos ya al tercer y más definitivo asunto: la pretensión del presidente de aprobar la reforma del Estatuto de Cataluña por la simple mayoría de la mitad más uno de los escaños del Congreso, marginando al Partido Popular, rompiendo el consenso constitucional del 78 reiteradamente invocado por la Corona y vulnerando flagrantemente lo que Pettit llama su «condición contramayoritaria».

Mientras el presidente asimila el nada superficial significado del episodio protagonizado anteayer por el teniente general Mena y mientras se aclara la incógnita de si celebrará o no un encuentro con Rajoy sobre el Estatuto -en Moncloa aseguran que ha dado instrucciones a Rubalcaba para que llame a Zaplana para organizarlo, pero al cabo de una semana esa gestión sigue sin producirse-, oigamos de nuevo otro pasaje clave del credo al que Zapatero dice estar dispuesto a someterse; y a ver quién se atreve a discutir su pertinencia en la actual encrucijada:

«Si tenemos que erigir un sistema no manipulable de gobierno, entonces no sólo tenemos que exigir un imperio de la ley bajo el cual esté efectivamente disperso el poder, sino que tenemos que garantizar también que las leyes imperantes no sean fácil y excesivamente mudadizas bajo la presión de las mayorías La condición contramayoritaria insiste en que al menos en lo atinente a las leyes básicas más importantes -desde el punto de vista de la no dominación-, no debería resultar fácil cambiarlas. En particular, habría que exigir más que el mero hecho del apoyo de una mayoría en el Parlamento, o incluso entre la población».

Seguro que no es casualidad que entre las opciones que propone para hacer efectivo este feliz criterio, Pettit mencione la «mayoría cualificada de dos tercios» y advierta que «puede introducirse de varias maneras que van desde la presunción a favor de la ley consuetudinaria hasta las restricciones constitucionalmente garantizadas».O sea exactamente lo que Zapatero ofreció a Rajoy el 14 de enero del año pasado: sigamos modificando los estatutos por consenso e introduzcamos luego la regla de los dos tercios en la reforma constitucional. Lástima que dos días después sus palabras se las llevara el viento porque, parafraseando a Vargas Llosa, ahí fue «cuando se jodió» la legislatura.

Bien. Frente a quienes aplauden a Rajoy por decir lo de «bobo solemne» o se refugian en simplificaciones aún más falsas y ofensivas, yo soy de los que piensan que mil palabras valen más que una sola imagen. (¡Si sólo fueran mil!, suspiran no pocos lectores, desprevenidos tras dos semanas de asueto). Especialmente cuando de ellas puede desprenderse una conclusión tan clara como la de hoy: si Zapatero sigue ignorando la vulneración de los derechos civiles, da luz verde a la OPA y saca adelante el Estatuto sin el PP, yo podré volver a publicar otro artículo como éste, pero sin los signos de interrogación en el título.

¿Eso es todo?

Bueno, claro, es que lamentablemente ello significaría que nuestro presidente se habría convertido en otro más de esos muchos gobernantes que traicionan sus principios para complacer a quienes les sostienen en el poder, asegurándose así la permanencia en el cargo. Y ese sería ya a todos los efectos prácticos -caso resuelto, pues- el único «Zapatero de verdad».

(*) Tan grandes han sido siempre mi admiración y apego por los 'Federalist Papers' que ya a finales de los 70 elegí el seudónimo de 'Publius' -el mismo empleado por Madison, Jay y Hamilton a sugerencia de Thomas Jefferson- para firmar los artículos que un grupo de liberales de muy diversas tendencias publicábamos en 'ABC'.

pedroj.ramirez@el-mundo.es