Había decenas de razones para justificar la liberalización del mercado editorial. La primera es concurrente con las leyes de la libre empresa y supone que la misma existencia de un marco de máxima competencia tiende a abaratar los precios. Ciertamente eso es así para la mayor parte de los productos, aunque es una ley que no atiende necesariamente a razones de calidad y valor añadido.
Juan José Millas escribía hace unos años que hay multitud de razones que justifican la edición de libros de los que sólo se venden 700 u 800 ejemplares, que hay editores que a conciencia del riesgo económico y también del placer que ello supone, los editan y libreros que a despecho de las exigencias de marketing de los best sellers mantienen un espacio visible para ellos.Libros a partir de los cuales se transmite el conocimiento profundo que acumula el saber de nuestra sociedad y el peso trascendente de nuestra historia colectiva.

Es una realidad paradójica. ¿Cómo no vamos a estar a favor de que los libros tengan el máximo descuento posible? ¿Acaso no es lógico que los libros sean lo más baratos posible y que la mayor cantidad de gente pueda comprarlos al menor precio? Si ello ocurriera, las grandes superficies se dedicarían a vender los libros que todo el mundo quiere con descuentos competitivos, mientras que el pequeño librero quedaría a merced de las ventas de aquellos libros que tienen una demanda menor.

La librería pequeña tendería a desaparecer y de paso, sin duda, el libro de corta tirada. Y ocurre que en las librerías, a menudo pequeñas y tamizadas de un amor irredento por el libro, transcurre justamente la trayectoria de esos libros de pequeña tirada entre los cuales se encuentra esa irrenunciable densidad cultural que el libro nos aporta como instrumento de alfabetización y conocimiento.

Exactamente igual que hay razones que justifican la liberalización del mercado editorial hay razones para exigirnos el mantenimiento de políticas de soporte público al libro. Y son objetivamente más importantes. Las que justifican la edición de obras singulares, de trabajos que recrean la memoria local, la opinión de los caballos, la gestión de las urgencias que son imprescindibles en un momento dado.

El libro sigue siendo el instrumento irrenunciable por el cual circula la cultura, la sociedad y la historia, aunque el mercado, legítimamente, tienda a convertirlo en un espectáculo.

En los últimos años vivimos un debate sobre el precio fijo del libro, es decir sobre la ley que impide que un ejemplar pueda ser vendido a distinto precio en distintos comercios.

Es un debate antieconómico, paradójico quizá, pero de una profunda sensatez cultural y aunque haya una tendencia a trampear esa ley con todo tipo de estratagemas comerciales, su mantenimiento supone la posibilidad de supervivencia de cierto tipo de librerías y sobre todo de cierto tipo de libros.

Se cuenta el caso de un examen de Historia en el que el alumno interrogado acerca de las tres causas de la Revolución Francesa contestó: de las tres causas enumeraré noventa y nueve. Ocurre algo similar con la industria editorial, cuya existencia justifica en sí misma toda una política cultural.

Cierto que como todas las buenas políticas culturales la justificación es simple y no requiere tantas causas. En ese caso dejémoslas en tres: la Revolución Francesa tuvo causas políticas, económicas y culturales.