Ayer pudimos asistir en vivo y en directo, en la sede del Tribunal de Defensa de la Competencia, a ese viejo dicho que constata la distancia que va del dicho al hecho. Luis Berenguer, nuevo presidente del organismo nombrado por el Gobierno ZP, se había despacho a gusto contra el dictamen que en enero del 2001 había emitido el propio Tribunal a propósito de la nonata fusión Endesa-Iberdrola.

El informe puso de hecho condiciones tan draconianas a la operación que la hizo imposible, de modo que Rodolfo Martín Villa, presidente de Endesa, que del negocio eléctrico sabía tanto como de física cuántica, e Iñigo Oriol, de Iberdrola, al que le salieron los dientes mamando kilowatios, optaron por olvidarse de la fusión, a pesar de que en Moncloa había un Gobierno del PP, en la CNE había un señor nombrado por el PP (Pedro Meroño), y en la propia CNMV ocurría otro tanto (Fernández Armesto).

De manera que, con todo a favor, dos PP pata negra como Martín Villa y Oriol se fueron con el rabo entre las piernas, porque primó el interés de los consumidores. No obstante lo cual, el señor Berenguer acusó al Gobierno Aznar de haber presionado al TDC a favor de la fusión, de modo que ahora aquellos españoles con cierta memoria, que no son muchos, se las prometían felices: por fin este buen hombre va a tener la oportunidad, desde un cargo de tanta relevancia, de mostrar la coherencia de sus principios de absoluta independencia frente al Gobierno que lo nombró. A la luz de lo ocurrido ayer, sobran los comentarios.

En la pequeña Historia de las guerras eléctricas que jalonan estos años hay algunos episodios más que curiosos. En la renovación de vocales del TDC realizada por el Gobierno Aznar, la secretaría de Estado de Economía recomendó a tres personas. Uno que era un fiscal –el organismo dijo necesitar de un buen jurista en su seno-, del que nadie sabía qué partido político votaba, Francisco Javier Huerta. El segundo fue Antonio Castañeda, que había sido director general de Comercio Exterior con el PSOE, y el tercero fue Miguel Comenge, que también había sido director general de Competencia con el PSOE.

Y bien, ¿alguien puede razonablemente pensar que el Gobierno Zapatero, a la hora de abordar la próxima ola de renovaciones del Tribunal, será capaz de proponer como vocal a algún ex alto cargo del Gobierno Aznar, por ejemplo al último director general de Competencia? ¡Ni locos! Es la consecuencia natural del nivel de sectarismo que distingue al Gobierno del señor Rodríguez, sectarismo que se esconde tras la máscara de la perenne sonrisa del personaje. Conviene dejar claras estas cosas, por más que uno crea, y así lo he manifestado en muchas ocasiones, que el Gobierno Aznar no fue fiel a sus principios liberales, y no dotó a los organismos de control, caso del TDC, de la independencia que están reclamando a gritos. Y así nos va.

Por lo demás, estaba claro que, con la experiencia acumulada en los últimos años en episodios como la comentada fusión Endesa-Iberdrola, al TDC no le podía gustar la OPA de Gas Natural sobre Endesa, por lo que iba a imponer condiciones durísimas o, directamente, a decir que no a la operación, como así ha sido.

Cosa muy distinta es que prácticamente nadie en el mundo empresarial y financiero dude de que el Gobierno Zapatero se saltará a la torera el dictamen del TDC y hará de su capa un sayo. Es tal la politización alcanzada por la operación, son tantas las plumas que el solemne Zapatero se ha dejado en la gatera de esta OPA, que su Gobierno no puede perder este nuevo pulso, no puede irse con el rabo entre las piernas. Como en el reciente congreso de Barcelona a propósito de ya no recuerdo qué trascendental asunto, Zapatero necesita ofrecerle al Tripartito la cabeza de Manuel Pizarro “como sea”. En bandeja de plata o de hoja de lata, pero “como sea”.

Nunca como con este Gobierno –seguramente a cuenta de su pavorosa debilidad- ha sido más obvia la implicación de la política en los asuntos de la Economía, algo convertido en España casi en una tradición. Nunca tan evidente la mezcla de lo público y lo privado. El resultado de ello es que un intento como el que nos ocupa de unir gas y electricidad, que técnicamente puede tener sus detractores pero que sin duda tiene también su lógica, inmediatamente tiene que ser puesto en cuarentena por culpa de la politización desplegada por un Gobierno resuelto a que la operación salga por bemoles, porque sencillamente se juega en ello su ser o no ser, como ya quedó claro en el punto octavo del Pacto del Tinell, suscrito entre PSC, ERC e ICV.

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