EL ACELERADO envejecimiento que sufre la población española se compadece mal con las instituciones, valores y prioridades sociales vigentes. Somos una sociedad envejecida, con dinámicas intensas en este sentido, que parece estar mal organizada para enfrentarse con solvencia y equidad a los problemas básicos de la vejez. El coste del desorden lo padece la mujer -fuera educada o no en la santa obediencia- al ver reducido su espacio vital primario y verificar con desespero quiebras en su salud, humor, dinero y actividad profesional. En todo caso, la solución vigente es un absurdo mayúsculo, al generar indignidad y reproducir un círculo vicioso de menor natalidad y mayor envejecimiento social. La situación en Galicia es todavía más grave, al abundar los municipios donde la población mayor de 65 años oscila ya entre el 30 y el 40 por cien del censo municipal.

Por eso la aprobación reciente por el Consejo de Ministros de las bases para elaborar una ley de autonomía personal y atención a las personas dependientes constituye un hito histórico de consecuencias incalculables. Y ello porque cuando un derecho se hace universal, su fuerza y capacidad reformadora es imparable. En este sentido, cuidar al mayor o al accidentado dependiente dejará de ser un acto de caridad o un excesivo sacrificio familiar. Las cifras publicadas en los medios de comunicación son, sin duda, relevantes: existen 1,3 millones de personas incapacitadas; el coste anual de estas atenciones se estima en 10.000 millones de euros; el programa completo producirá 300.000 empleos, 275.000 residencias y 104.000 centros de día. Construir de forma progresiva el cuarto pilar del Estado de bienestar llevará un tiempo que va desde el año 2007 al 2015.

Pero el anteproyecto tiene, a mi juicio, un punto oscuro: su financiación. El Gobierno dice que esa materia está pendiente de un gran acuerdo financiero con las comunidades autónomas y otros agentes sociales, pero la respuesta es insuficiente, evasiva, porque la realidad exigía decir que esta ley tendrá que financiarse con más impuestos, más cotizaciones, con aportaciones del beneficiario (copago) o con una combinación de todo ello. Y que no hay otra solución sin reducir el gasto público actual. Pero los políticos ya no hablan de impuestos con naturalidad. Interiorizaron una vergüenza fiscal tan peligrosa que les impulsa a ocultar el tributo con disfraces variopintos, minusvalorando la inteligencia del contribuyente e ignorando casi siempre su justicia distributiva. Cuando un servicio público es nuevo, demandado, necesario y urgente, los gobiernos deberían actuar con prudencia, justicia, información y diálogo. Unas virtudes añoradas que adornan siempre la calidad del político y la financiación pública.