Si algo ha caracterizado al movimiento ecologista asturiano ha sido el absoluto respeto y consideración por el sector de la minería, ya que, a pesar de que es innegable que la generación de energía eléctrica a partir de la combustión de carbón produce una serie de daños ambientales, entendidos como tales, no únicamente los producidos sobre los ecosistemas, sino también los producidos sobre bosques, cultivos, propiedades, e incluso la salud de las personas, pensábamos que, en estos momentos, era compatible el uso del carbón asturiano con una reducción importante de la generación eléctrica en centrales térmicas, que, unida a una modernización en los sistemas de control de emisiones, supondría una clara mejora en la situación ambiental de nuestra comunidad.

Teniendo en cuenta esto hemos de decir que han sido muchas las ocasiones en las que entendíamos que tal vez deberíamos haber entrado en el debate generado durante las actuales negociaciones del plan general del carbón 2006-12, ya que muchos de los argumentos utilizados para apoyar algunas posiciones no resistirían un mínimo análisis crítico, con continuas y mantenidas confusiones entre normativas ambientales, protocolos, o legislaciones, fruto más de los deseos de afianzar las posiciones de cada organización que de un verdadero conocimiento de las verdaderas limitaciones, técnicas, regulatorias o ambientales a las que el sector de la generación eléctrica estará sometido en el futuro. Lo que sí hemos hecho es ponernos a disposición de los sindicatos para intentar aclarar algunos temas de especial relevancia, incluyendo nuestra participación en actos informativos realizados por los propios sindicatos.

Un ejemplo de este tipo de argumentos son los utilizados por el responsable de energía de la Federación Minerometalúrgica de CC OO de Asturias, referidos a la ampliación de la central térmica de La Pereda, argumentos que merecen una serie de aclaraciones que, según nuestra opinión, sería conveniente que se conociesen.

En primer lugar, cuando hablamos de ampliar esta central térmica, ¿a qué nos referimos, a ampliarla un 25 por ciento, un 50 por ciento, o tal vez un 100 por ciento? En cualquier caso, desde el punto de vista del sistema eléctrico asturiano eso es absolutamente irrelevante, y es que no podemos olvidar que esta central térmica no es comparable a otras instalaciones asturianas como la central térmica de Aboño, con sus casi 1.000 MW, ya que los 50 MW de La Pereda, con una producción anual estimada de 300 GWh, no supone ni el 2 por ciento de la generación eléctrica en nuestras centrales térmicas de carbón, y es que, en realidad, ni siquiera es una «central termoeléctrica pública», puesto que por sus características es más bien una central de autoconsumo y de tratamiento de residuos. De hecho, ni siquiera tiene concedidos permisos de emisión gratuitos, en aplicación de la ley 1/2005, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

Decir además que habría que hacer un estudio de mercado por si la ampliación de la planta no fuera suficiente para cubrir la demanda potencial es desconocer cuál es la situación real, en cuanto a generación, del sistema eléctrico español, situación que, en estos momentos, no necesita ampliación de potencia alguna para cubrir la demanda, ni siquiera las puntas, ya que, con una potencia instalada de más de 70.000 MW, lo que en realidad ocurre es que durante más de 8.000 horas al año, el equivalente a más del 50 por ciento de la misma no se utiliza. Esto a pesar de que, efectivamente, el consumo haya crecido los últimos años entre el 4 y el 6 por ciento, lo que no se soluciona facilitando la generación, sino tomando medidas para que esta situación no continúe, aunque sólo sea por lo que supone de incremento en la ineficiencia, pérdida de competitividad y una mayor dependencia de las importaciones, incluso de las importaciones de carbón.

Añadir a esto que generando más electricidad ésta se abarataría no tiene ningún sentido, y es que, ante el exceso de potencia instalada, el poner más centrales no supone una mayor producción, ya que la energía eléctrica no se almacena y únicamente se produce la que se consume, por lo que, en realidad, lo que hace es encarecerse, puesto que al aumentar la potencia no utilizable incurrimos en un incremento de los costes. Costes que no suponen incrementos de los precios, ya de por sí muy baratos en un país, España, donde los precios de la electricidad han bajado de forma importante durante los últimos diez años; de hecho, donde más han bajado de toda la Unión Europea, y con una serie de industrias, especialmente las mayores consumidoras, que, con tarifas como la G4, están pagando la energía eléctrica a precios inferiores, incluso, a los costes de producción.

Otro de los argumentos empleados se refiere a que con la ampliación de esta planta se permitiría no utilizar tan sólo los ciclos combinados, sino nuestro propio carbón, como si existiese alguna limitación a su uso, cuando en realidad ni siquiera se cumplen los cupos de producción y las centrales térmicas asturianas están utilizando, en más de un 60 por ciento, carbón de importación. De hecho, en nuestra comunidad autónoma se consumen anualmente más de nueve millones de toneladas de hulla, de las que únicamente alrededor de un millón son producidas aquí.

De todas formas, si al final lo que se decide por parte de la empresa es la instalación de una nueva central sería un proyecto más que entraría en competencia con los otros 150 nuevos proyectos de centrales de gas en ciclo combinado que se presentan en todo el país y que tal vez no tendría sentido que fuese de carbón, en unos momentos en los que la «planificación estatal» ya recoge que no se instalará ninguna nueva central de carbón de importación, ni siquiera la supercrítica de Aboño, y que, para quemar carbón nacional, como ya hemos dicho antes, existe garantía suficiente para su uso en las centrales existentes y con los problemas ambientales de sobra conocidos, por mucha «tecnología menos sucia de carbón» que se utilizase, y que, por cierto, no han usado a pesar de los casi veinte años transcurridos desde la Directiva de Grandes Instalaciones de Combustión y de las superaciones de los techos nacionales de emisión.

Francisco Ramos es portavoz de Ecologistas en Acción en Asturias.