Primer misterio: ¿Por qué antes era malo el superávit presupuestario y ahora es una magnífica noticia?, de Carlos Sánchez en El Confidencial
El presidente del Gobierno ha adelantado que las Administraciones Públicas –incluida la Seguridad Social- registrarán un superávit presupuestario en 2005 equivalente al 1% del PIB. Nada que objetar. Es bueno (en términos generales) que el Estado –y el resto de agentes económicos- gaste menos de lo que ingresa. Lo que sorprende es que, cuando el anterior Gobierno planteaba la necesidad de sanear las cuentas públicas –e incluso prohibir por ley los déficit presupuestarios-, la oposición y sus acólitos mediáticos (con buen criterio) aseguraban que en un país con tantas necesidades sociales era absurdo que las administraciones públicas alardearan de una salud presupuestaria de hierro. Que se sepa, las distancias con Europa en términos de gasto social (educación, sanidad o ayudas a la familia) no se han estrechado en los últimos años, por lo que verdaderamente asombra la ausencia de críticas al anuncio del presidente Zapatero.
A mí siempre me ha parecido que los gobiernos hacen trampa cuando miden las grandes variables macroeconómicas. No hace falta haber estudiado en Harvard para darse cuenta de que IPC no ha recogido con fidelidad el aumento de precios derivado de la llegada del euro, lo cual, desde luego, no es achacable a que los funcionarios del INE hagan truco. Tiene más que ver con el diseño de la muestra, que excluye, por ejemplo, la evolución del precio de la vivienda (una decisión que se adoptó en tiempos de Rodrigo Rato en los albores del actual proceso especulativo).
El IPC, además, es un pincel demasiado grueso para medir el impacto de los precios en determinadas economías domésticas. Es evidente que la alimentación tiene mayor peso en los hogares con menor renta, mientras que en los de mayores ingresos preocupan otro tipo de bienes. Y lo mismo ocurre en términos regionales. Los precios no crecen lo mismo en Extremadura que en Cataluña o Madrid, y teniendo en cuenta que el Estado se articula mediante comunidades autónomas, carece de sentido que esta particularidad se obvie a afectos de la negociación colectiva. El poder adquisitivo de un funcionario que vive en Lugo no es el mismo que el de otro con residencia en San Sebastián con el mismo nivel salarial.
En cuanto al déficit público, y como diría el ex ministro Carlos Solchaga, tiene más trucos que una película de chinos. Eurostat dice cómo contabilizarlo, pero luego cada Gobierno se encarga de tapar los agujeros con picardía y hasta con imaginación. ¿Alguien cree que la Comunidad de Madrid tiene equilibrio presupuestario cuando ha puesto en marcha la construcción de ocho hospitales y decenas de kilómetros de Metro? Y todo ello sin subir los impuestos. Esperanza Aguirre, que presume de liberal y de aplicar la ortodoxia económica, ha hecho en la acción política justo lo contrario de lo que dice su catón ideológico, y eso es de agradecer. Se ha dado cuenta de que hay muchas necesidades que cubrir, lo que explica los elevados niveles de inversión pública. Sin darse cuenta (o tal vez sí, que diría Rajoy) ha abrazado el keynesianismo que ella misma dice detestar, y los madrileños la recompensarán por ello (o no, que también diría Rajoy). Y es que una cosa es predicar y otra dar trigo.
Lo que ha hecho Esperanza Aguirre y otros gobernantes es diferir pagos en el tiempo mediante nuevos instrumentos de financiación, como son los llamados ATP (Abono Total del Precio) o los sistemas de financiación público-privados. Mediante el sistema ATP, el contratista financia el coste de la obra adelantando las cantidades necesarias hasta que se produzca la recepción del encargo por parte de la administración correspondiente. El sistema facilita periodificar los pagos durante un largo periodo de tiempo, lo que le permite esquivar los topes de endeudamiento y de déficit, y eso sin frenar la actividad inversora.
El método ATP fue creado por la Ley de Acompañamiento de 1996 por el primer gobierno del Partido Popular, pero el PSOE no le ha hecho ascos. Hasta 2005, los ministerios de Fomento y Medio Ambiente, los más inversores, han comprometido gasto por este sistema por valor de 5.770 millones de euros. Dicho en otros términos, los gobiernos –de todo signo político- están gastando por encima de sus posibilidades, lo cual no es malo teniendo en cuenta las deficiencias crónicas que padece nuestro aparato productivo en términos de inversiones públicas. Y eso sin contar la utilización de los activos financieros (operaciones de índole extrapresupuestario) que sirven para camuflar la evolución de las cuentas públicas.
Por eso, lo que choca es que se quiera sacar rédito político a un porcentaje –el de saldo presupuestario en relación al PIB- cuya credibilidad es nula. Pensar, con cierto rigor, que una economía es más solvente porque tenga equilibrio presupuestario es algo así como hacerse trampas jugando al solitario. A no ser que se cambien las reglas del juego.
