ESTÁ CLARO que una cosa es la opinión pública y otra la opinión política. El barómetro del CIS que hoy publica este periódico indica que hay un abismo entre ambas. Mientras la clase política no tiene otro tema de debate que la cuestión territorial, la gran encuesta del CIS dice que la inquietud social está centrada en otros argumentos: por este orden, el desempleo, la inmigración, el terrorismo y la vivienda. Con otros sugestivos detalles. Para el Gobierno, su gran éxito es la creación de empleo, pero no se consigue que el paro baje del primer puesto de la preocupación ciudadana. Para el Gobierno, la solución de la regularización de inmigrantes figura entre sus dieciséis hitos históricos ; pero los españoles mantienen el fenómeno en el número dos de sus problemas. Para el Gobierno, se lucha con eficacia contra el terrorismo, pero la gente tiene una percepción distinta. Sólo en la vivienda podría haber una coincidencia, aunque el Gobierno presuma de planes que parecen poner un piso a cada pareja joven que se casa.

El hecho nuevo es que la inmigración se ha convertido en uno de los grandes problemas nacionales. Ese dato lo registra el barómetro por segunda vez, lo cual significa que es una preocupación asentada en la opinión pública. Lo más inquietante es que son mayoría, el 59,6 por 100 de los consultados, quienes piensan que hay demasiados extranjeros en nuestro país. La palabra demasiados no es, desgraciadamente, una palabra inocua. Cuando se pronuncia es porque existe sensación de saturación. Es que comienzan a sobrar. Es, probablemente, que la sociedad -aunque la economía diga otra cosa- ha alcanzado su nivel máximo de sonrisa en la bienvenida, por no decir de tolerancia en la recepción. Se empieza a sentir incómoda. Es posible, ojalá me equivoque, que el CIS esté emitiendo las primeras señales de alarma en ese ámbito de la convivencia.

No digo alarma. Sólo digo señal de alarma, porque todavía existen datos positivos. El primero es que sólo el 6 por 100 de los entrevistados prohibiría por completo la entrada de trabajadores extranjeros, y quizá ése sea el grado de intolerancia. Sería la base electoral de un Le Pen que pudiera surgir en España. Y el segundo es que la inmensa mayoría -siempre por encima del 70 por 100- son favorables a que se reconozcan al inmigrante derechos como la educación pública, la atención sanitaria gratuita o el reagrupamiento familiar.

Mi conclusión: hemos entrado en un difícil equilibrio que combina los primeros síntomas de cansancio con el sentimiento humanitario. Ese es, por tanto, el nuevo desafío del Gobierno: mantener ese equilibrio. Si se rompe por el lado negativo, habremos entrado en un nuevo conflicto social.