En los últimos años, Barcelona ha experimentado profundos cambios que han modificado a menudo las pautas de uso del espacio público. Algunos se han traducido, como en todas las grandes ciudades, en conflictos de convivencia que hay que diagnosticar y resolver. La focalización de esta cuestión que hemos vivido en los últimos meses nos ha llevado a la aprobación de una nueva ordenanza que abarca bajo un gran paraguas asuntos de naturaleza demasiado diversa.

Desde ICV-EUiA hemos cuestionado desde el primer momento la elaboración de este texto y hemos votado en contra de él. No negamos los problemas.
Simplemente, no estamos de acuerdo en cómo se quieren abordar. Una aplicación más efectiva de las ordenanzas actuales, junto con la mejora en los esfuerzos de limpieza y el refuerzo en la presencia policial, permitían dar respuesta a buena parte de las inquietudes que han cristalizado en el debate sobre el llamado incivismo. Hay que recordar que buena parte de las conductas que regula la nueva ordenanza ya estaban recogidas en otras normativas vigentes. No era necesario, pues, redactar una nueva. El ayuntamiento disponía de instrumentos legales: había que mejorar su cumplimiento y, al mismo tiempo, reforzar los programas de actuación orientados a garantizar la calidad de la convivencia. Sin embargo, la elaboración de un nuevo texto --más allá de complementar algunos vacíos legales que pudieran detectarse-- tiene más componentes de legislación simbólica que de capacidad real para acabar con los problemas.

DESDE ICV-EUiA no hemos querido contribuir a la falsa ilusión de que aprobando una ley resolveremos todos los problemas que, por otro lado, son de origen muy diverso y es preciso abordar desde estrategias diferentes. No podemos avalar una normativa que trata desde el vandalismo contra el mobiliario público hasta la mendicidad, desde los orines en la calle hasta los juegos infantiles en una plaza, desde la venta ambulante hasta la compleja realidad de la prostitución. No podemos medirlo todo con el mismo rasero. Situándolo todo en el cajón de sastre de una normativa persecutora de las conductas incívicas alimentamos el riesgo de estigmatización de los colectivos más vulnerables. En la colisión de legítimos intereses que se produce en algunos lugares como la Ronda de Sant Antoni, esta ordenanza toma partido y salvaguarda a unos por encima de otros. Así, trasladamos a la sociedad un mensaje que no es neutro. Y la incorporación al texto de determinadas medidas sociales, con el objetivo de dulcificar el carácter eminentemente punitivo de la norma, contribuye a ello, ya que erige el orden como bien superior a preservar y condiciona las políticas sociales a las de seguridad.

Éste ha sido, desde que tuvimos conocimiento del contenido completo de la ordenanza, el fundamento de nuestro principal desacuerdo. Creemos que había que separar nítidamente los problemas derivados de conductas incívicas de los fenómenos de exclusión social, por lo que hemos defendido que había que eliminar de la ordenanza cualquier referencia a la mendicidad y a la prostitución. El trabajo sexual se ejerce en nuestro país en condiciones de alegalidad; una norma que restringe la práctica en la calle agrava la situación de vulnerabilidad de quien se dedica a ello.

Celebro haber oído en el plenario del pasado viernes voces coincidentes defendiendo la necesidad de promover una legislación estatal o autonómica que resuelva esta alegalidad y reconozca derechos a las personas que libremente ejercen esta actividad. Compartimos la voluntad de ofrecer a este colectivo atención y alternativas, pero no creemos que esta ordenanza sea el instrumento adecuado. Por otro lado, ha faltado una mayor labor conjunta con el colectivo afectado, que tiene capacidad de interlocución y voluntad para participar en la búsqueda de alternativas respetuosas con el espacio público y la vecindad.

LA MEDIACIÓN y el logro de acuerdos entre intereses enfrentados son, para nosotros, el instrumento fundamental para resolver posibles problemas de convivencia. Por ello hemos rechazado también la prohibición que la ordenanza hace de la práctica de algunos juegos en el espacio público, innecesaria cuando en muchos espacios de la ciudad la autorregulación ha permitido una perfecta compatibilidad de usos entre las diversas personas o grupos que disfrutan de un mismo espacio. Hemos discrepado también de las restricciones genéricas sobre el consumo de alcohol en la vía pública que, como otros preceptos, deja márgenes demasiado amplios y ambiguos para su aplicación.

La aprobación de esta ordenanza ha hecho emerger modelos diversos de afrontar determinados problemas. No hablamos de gobernar o no gobernar, sino de hacerlo de otro modo, desde la izquierda y con valores de izquierda.

IMMA Mayol. Presidenta del grupo municipal de ICV-EUiA.