El espectáculo de las negociaciones secretas y urgentes entre el entorno del presidente Zapatero y los partidos nacionalistas catalanes ha puesto bajo mínimos la dignidad del Gobierno que preside y con ello la propia dignidad de la nación española, sometidas ambas a la ambición y el permanente chantaje de los partidos nacionalistas catalanes, que están empeñados en dar un vuelco a la convivencia democrática en Cataluña y a la configuración del Estado español mediante la imposición —pactada con el PSOE— de un modelo de Estatuto catalán que rompe las reglas del juego político y democrático que se pactó, con el consenso de la mayoría de los españoles, en la Constitución de 1978.

La batalla política en torno al cierre del plazo de las enmiendas al Estatuto para dar paso a su debate en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados ha constituido un lamentable ejemplo del quehacer de la clase política española, en la que el PP desempeñó el papel de oportunista de última hora cuando su obligación era la de haber presentado a la opinión pública sus detalladas enmiendas, que ha ocultado hasta el final porque o bien se decidió en el último momento o bien se marcó como objetivos crear confusión, mas malestar entre los nacionalistas y estar presente por si tuviera la oportunidad de sumarse a un Estatuto descafeinado en caso de ruptura entre el PSOE y los nacionalistas catalanes. A buenas horas Rajoy habla de debate y negociación para no quedarse solos como se lo ha pedido a Zapatero.

Oportunismo del PP y humillante actuación del Gobierno y del PSOE de espaldas a los ciudadanos y buscando acuerdos sigilosos y equívocos de urgencia para que el fraude democrático y constitucional del Estatuto no soliviante las bases y los dirigentes de este partido —Joaquín Leguina se ha sumado al coro de denuncias internas, calificando el texto del Estatuto de antidemocrático— y no tenga efectos perniciosos en el electorado de la izquierda y en la imagen y el prestigio de Zapatero, primer responsable y autor de este desaguisado. De esta monumental inocentada al conjunto de los españoles que ha cerrado uno de sus trámites legislativos en la noche previa de los Santos Inocentes.

Que el Gobierno y el PSOE anden corriendo por Barcelona detrás de los nacionalistas para que pacten enmiendas al Estatuto catalán que ellos han aprobado previamente es una indignidad nunca vista en la transición. El PSOE ya anunció su alternativa al texto inicial —muy deficitaria, por cierto, e inconstitucional en no pocos aspectos, como en el del idioma español— y era a los nacionalistas a los que les tocaba actuar y movilizarse con sus enmiendas al primer documento aprobado en Cataluña si de verdad querían pactar el Estatuto. Pero no ha sido así, sino al contrario, ha sido el presidente Zapatero el que ha corrido tras los nacionalistas implorando un acuerdo, que ya veremos si llega o si más bien le estalla en las manos después del alto coste que ya ha tenido para él, su partido y su Gobierno y para la convivencia entre los españoles.

De las enmiendas presentadas por el PP no hay más sorpresa que su tardanza en llegar a la luz pública. Y de las que ya se conocen del PSOE está su objeción al término nación en el articulado, lo que debiera provocar la retirada del Estatuto por los nacionalistas si es que en verdad creen que Cataluña es una nación y están dispuestos a cumplir con sus promesas y amenazas. ¿A qué esperan, pues, Carod, Mas y Maragall?

Pues les queda el refugio del preámbulo, en el que el PSOE se compromete a un texto empalagoso y a la vez nacionalista que no es compartido por todos sus dirigentes y que pone como excusa de su no inclusión en el articulado el impedimento legal de que no es constitucional, en vez de argumentar con la identidad y la Historia de España, en las que no creen Zapatero, su Gobierno y su partido si aceptan esta manera de proceder, aunque sea en el preámbulo. Y sobre todo les queda la esperanza de que el propio Zapatero meta la nación en una de las enmiendas al articulado dejando este cartucho para el final.

Sobre la financiación, el debate permanece abierto, al menos hasta final de mes y, en caso de urgencia, a la espera de una nueva prórroga si hiciera falta, aunque para el PSOE la urgencia y el deseo de cerrar el pacto con los nacionalistas antes de final de año es ya una extraña cuestión de honor.