EN LOS ÚLTIMOS años, la economía española ha conocido un importante crecimiento que la ha convertido en la octava economía del mundo, según la clasificación de países por volumen de su PIB. A esta excelente noticia hay que añadir que las Administraciones públicas, por primera vez en décadas, cerrarán el ejercicio con un superávit de más del 1%.

Sin embargo, estos datos positivos no deben conducir al Gobierno a adoptar una peligrosa actitud de autocomplacencia y a olvidar que la evaluación del desarrollo económico se debe realizar midiendo su impacto en el bienestar social y la calidad de vida de la ciudadanía. Porque, hasta ahora, es evidente que el importante crecimiento económico no se ha aprovechado para superar los graves déficits y desequilibrios sociales, que sitúan a España entre los países con menor cohesión social y con mayores desigualdades de renta y riqueza de la UE (a 15).

Mídase como se mida la evolución de la protección social en España -gasto como porcentaje del PIB o gasto social por habitante-, tómense como referencia los informes de la OCDE o los de Eurostat, los datos hablan con una elocuencia incontestable. El gasto social en España representa aproximadamente el 20% del PIB mientras el promedio de la UE (15) es del 27%, con el agravante de que el nuestro ha venido disminuyendo desde 1993, año en que representó el 24% de la riqueza nacional. El resultado ha sido un empeoramiento del déficit en educación, sanidad o pensiones, es decir, en todas las dimensiones de nuestro todavía raquítico estado del bienestar.

Pero es en los servicios de ayuda a la familia, en un país en que retóricamente se proclama a ésta como el centro de la sociedad, donde las carencias son escandalosas y, por tanto, difíciles de asumir por más tiempo. En efecto, en residencias de ancianos, centros de día, escuelas infantiles o ayudas a los discapacitados y a sus familias, estamos a enorme distancia de la media europea y a años luz de los países más avanzados. Todo ello limita, además, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y condiciona negativamente la necesaria revitalización demográfica del país.

Por eso la Ley de Dependencia que ha puesto en marcha el Ministerio de Trabajo puede ser calificada como la iniciativa de mayor trascendencia social que ha adoptado un Gobierno en los últimos años. Por eso cabe esperar que el superávit en nuestras cuentas públicas no sirva para justificar una rebaja en impuestos como el IRPF o Sociedades, sino para fortalecer nuestra educación y sanidad pública, nuestro sistema de pensiones o los ya mencionados servicios de ayuda a la familia.

Éstos son los problemas reales que afectan a millones de ciudadanos. Situarlos en el centro del debate político es la obligación del Gobierno, y debería ser también su estrategia en abierta contraposición a la de sus predecesores, cuya insensibilidad social les ha impedido aprovechar el ciclo expansivo de nuestra economía para corregir el histórico retraso social de España.