George W. Bush parece empeñado en dejar un legado aún más oscuro del ya infame que puede presentar tras mandato y medio, tras Afganistán, Irak, el Acta Patriótica... Ahora, con menos amigos y sin disfraz alguno, muchas organizaciones defensoras de los derechos políticos y civiles de EEUU denuncian que vivimos en la era del Bush más inhumano, quizás el más verdadero. El pasado 16 de diciembre el Gobierno estadounidense patrocinaba en el Congreso la aprobación de una devastadora iniciativa de ley, conocida como HR4437 o «enmienda Sensenbrenner», que convertirá en delincuentes a los cerca de 11 millones de emigrantes sin papeles que residen en Estados Unidos. Si es ratificado por el Senado, y es muy probable que así sea, lo que ya ha sido calificado como el proyecto de ley de control fronterizo más atroz de la historia reciente, evitará toda posibilidad de que los trabajadores sin papeles sean legalizados. Al mismo tiempo, el plan permitirá levantar cinco nuevos muros (de una longitud total de 1.100 kilómetros) a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. El proyecto, presentado por el diputado republicano James Sensenbrenner, es tan reaccionario que ni tan siquiera prosperó una propuesta del propio Bush que otorgaba visados temporales a los trabajadores extranjeros.

En la actualidad, estar en Estados Unidos sin documentos migratorios es una «ofensa civil menor», pero la nueva iniciativa la transforma en un delito penal federal que puede ser castigado con seis meses de prisión y amenaza con enviar a la cárcel incluso a aquellos estadounidenses que les presten ayuda o asistencia. El proyecto de ley prevé también la contratación de 8.000 policías más, así como la creación de nuevos centros de detención a lo largo de la frontera con México, centros que en numerosas ocasiones han sido objeto de denuncias por hacinamiento y malos tratos. La iniciativa, además, supone un golpe más al ya maltrecho derecho de asilo político en Estados Unidos. Todo esto se suma a las leyes cada vez más represivas y restrictivas adoptadas en estados comoArizona y Arkansas, donde pretenden negar el acceso a los servicios públicos a los inmigrantes y a sus familias.

EEUU, como algunos estados miembros de la Unión Europea, el español por ejemplo, sigue reforzando sus propios muros de la vergüenza, sigue amenazando con nuevas y mayores violaciones a los derechos humanos de millones de personas.