Durante los 30 ultimos años se han catalogado unas 600 catástrofes anuales (sequías, tormentas, inundaciones, terremotos, volcanes, deslizamientos de tierras, oleajes e incendios) que, a su vez, han producido unas 60.000 muertes al año, además de ingentes pérdidas en bienes y capital fijo instalado.
Este año ha sido excepcionalmente catastrófico, pues se estima que sólo el terremoto que el 8 de octubre arrasó una parte de Pakistán produjo más de 79.000 defunciones, 69.000 heridos y tres millones perdieron su hogar. A pesar de que las sequías causan tres veces más muertes que los terremotos, los tan fatales como abrumadores resultados de este severo sismo (7,6 grados, Richter) se debieron a la falta de mecanismos de evacuación, a lo que se sumaron algunas de las coincidencias más nefastas: producirse en un país muy poblado, con una ubicación inadecuada de sus asentamientos -que acusan las avalanchas posteriores de barro y agua- y, sobre todo, con viviendas precarias, autoconstruidas con materiales de desecho y sin las mínimas estructuras antisísmicas que hubieran podido evitar en gran parte los hundimientos.

El análisis de los datos mundiales de catástrofes ratifica la evidencia de que los no menos de 2.400 millones de personas que viven en asentamientos precarios y fuera de control, son también los más frágiles ante los desastres naturales. Con el agravante, además, de que las mermas de bienes y capital son más difíciles de reponer que en los países desarrollados, lo que luego redunda en nuevas muertes y una diminución de sus expectativas de vida.

De las cuatro etapas de todo proceso de asentamiento humano (elección de suelos, parcelación ordenada, urbanización e infraestructuras y edificación), la función pública debería concentrarse en la elección adecuada del suelo y en la ordenación parcelaria, determinantes para prevenir la vulnerabilidad ante los desastres. Ambas etapas precisan de estudios profesionales con los que raramente cuentan los pobladores de la informalidad. De ahí la gran rentabilidad de que el sector público acometa estos trabajos.

La inexorable relación entre pobreza y vulnerabilidad no es por ninguna inquina especial de la naturaleza hacia los desfavorecidos, sino por su escasa previsión, medios científico-técnicos e inversión con que los pobres construyen su hábitat. O, lo que es igual, la muy escasa implicación del sector público en ello. Por graves que sean las catástrofes físicas, los daños a las personas no tienen un origen natural o azaroso, sino social y político. La suma de miseria e ignorancia es lo que más vulnerables nos hace.Con inteligencia, trabajo y buena voluntad política está en nuestras manos llegar a mitigar gran parte del sufrimiento humano que nos espera en la siguiente catástrofe.

Felipe Colavidas y Julián Salas son directores del Instituto de Cooperación al Desarrollo de la Habitabilidad Básica.