Muchas, y a veces muy divergentes, han sido las reacciones que los distintos medios de comunicación han recogido valorando el acuerdo sobre las perspectivas financieras de la Unión Europea para el período 2007-2013 que alcanzaron en el último Consejo Europeo, los jefes de Estado y de Gobierno. Sin embargo, en todas había un denominador común, la ausencia de una visión global de Europa, de la que tenemos y de la que se supone que queremos construir, como si ese punto de vista, el del futuro de la Unión, fuera completamente ajeno a nuestros intereses y, lo que es aún más preocupante, a nuestros anhelos y aspiraciones.

La valoración que se haga del acuerdo tiene que ser distinta según el enfoque que se adopte. Como ya he tenido ocasión de manifestar, desde el punto de vista de nuestra Comunidad Autónoma el acuerdo alcanzado en Bruselas el pasado fin de semana nos deja un sabor agridulce. El Gobierno de Asturias había detectado en su día que la ampliación de la UE con la entrada de los nuevos estados iba a producir, por mor de la estadística, que el producto interior bruto global sufriera una significativa reducción. Mediante este efecto, se eleva artificialmente el PIB de las regiones y algunas dejarían de tener así la consideración de objetivo uno, perdiendo las ventajas que esta situación comporta, sin que se hubiera producido un incremento real de su riqueza. Asturias era una de las regiones europeas que se iba a encontrar en esta situación. Como consecuencia de ello hicimos un gran esfuerzo de liderazgo europeo para emplazar a todas las regiones afectadas, aprobar una declaración conjunta, la llamada Declaración de Oviedo y diseñar una estrategia colectiva para defender nuestros intereses.

Pues bien, en esa Declaración, que fue ratificada por unanimidad en el Parlamento asturiano, señalamos cuáles eran los objetivos que, como Comunidad Autónoma, queríamos alcanzar para el nuevo período y que, en resumen, consistía en mantener un nivel de ayudas equivalente a las dos terceras partes del que hemos tenido procedente de los Fondos Estructurales durante el período 2000-2006 o, lo que es lo mismo, algo más de 900 millones de euros. Son públicas las vicisitudes por las que pasó la negociación del presupuesto comunitario para el período 2007-2013, incluyendo el estrepitoso fracaso de la cumbre del pasado mes de junio y el riesgo cierto de que, de no aprobarse en diciembre, la Unión Europea profundizase aún más en su crisis de identidad con consecuencias imprevisibles. Lo cierto es que, finalmente, el acuerdo alcanzado contempló mantener ayudas a las regiones del efecto estadístico, si bien en el documento final se establece una distinción entre unas regiones y otras sin justificación alguna, y deja a Asturias con aproximadamente la mitad de las que ha percibido en el período anterior, unos 700 millones de euros, además de un fondo adicional difícilmente cuantificable, pero no inferior a 50 millones, procedente de los 2000 millones que España logró de fondos FEDER para financiar programas de investigación y desarrollo.

Por eso, el acuerdo no es ni traumático ni desastroso para Asturias, porque nuestra Comunidad Autónoma mantendrá un nivel de ayudas procedentes de Fondos Estructurales que alcanza casi el 85 por ciento de lo que habíamos pedido en la Declaración de Oviedo. Pero tampoco es todo lo bueno que hubiéramos deseado, porque el resultado final no cubre nuestro nivel de exigencia y porque, además, mantiene una diferencia artificial entre regiones del efecto estadístico que perjudica a Asturias y a otras regiones españolas y europeas y sin la cual nuestra Comunidad Autónoma hubiera estado muy cerca de alcanzar el cien por cien de sus objetivos en materia de financiación europea para los próximos siete años. Desde la perspectiva de España, sin embargo, el acuerdo ha sido mejor de lo esperado, porque nuestro país seguirá siendo, aunque por poco, receptor neto de recursos comunitarios y percibirá algo más de 3.000 millones de euros de los Fondos de Cohesión, además de lograr esos 2.000 millones adicionales para investigación y desarrollo de los que antes hablaba. Hay que recordar que ni en la propuesta inicial de la Comisión, ni en el dictamen previo del Parlamento Europeo se contemplaba que se siguieran manteniendo Fondos de Cohesión más allá del año 2006, a pesar de que también se producía en este caso un incremento artificial del PIB como consecuencia de la ampliación. De hecho, el anterior Gobierno había renunciado a su mantenimiento en la reunión de Niza dando por hecho, incluso, que España pasaría de ser receptor neto de financiación europea en el período que ahora concluye a contribuyente neto a finales del siguiente. Y esa posición respondía a la lógica de la convergencia que, desde el punto de vista macroeconómico (aunque no social), se estaba produciendo entre nuestro país y el conjunto de la Unión Europea.

El hecho de que al final España siga siendo receptor neto de dinero comunitario, tras el acuerdo del pasado fin de semana, y teniendo en cuenta los antecedentes, es, desde la perspectiva del interés de Estado, un resultado aceptable o, al menos, mejor de lo que cabía esperar. Sobre todo después de ver los documentos de la Comisión y del Parlamento y la propuesta presentada hace seis meses por la presidencia luxemburguesa que proponía que España pudiera mantener en el mejor de los casos Fondos de Cohesión durante dos años más. Por eso, quienes califican el acuerdo final de fracaso absoluto y conceptúan a sus defensores de «bobos solemnes» contribuyen con sus excesos verbales a trivializar y pervertir el debate político, hacen afirmaciones carentes de rigor y caen en un catastrofismo tan exagerado como inútil. Pero esa condición de inesperado receptor neto de nuestro Estado hace que la compensación a territorios que, como Asturias, no han conseguido todos sus objetivos se convierta en una exigencia de equidad. En ese sentido, los compromisos asumidos tanto por el ministro Solbes como, más recientemente, por el presidente Zapatero van en la buena dirección.

Sin embargo, quien realmente sale perdiendo con el resultado final del pasado Consejo de Bruselas ha sido la Unión en su conjunto y el proyecto de construcción europea o, al menos, el de un modelo en el que la cohesión social y territorial sea, como dice pretenderse, uno de sus pilares fundamentales. No se puede aspirar en serio a construir más Europa con menos recursos, ni existen las cuadraturas del círculo en política económica, por mucho que se empeñen Blair y otros dirigentes europeos. A pesar de ello, el acuerdo alcanzado fija el tope máximo del gasto en el 1,045 por ciento de la renta nacional bruta de la UE, constituida por 27 estados, para el período 2007-2013, frente al 1,24 del actual período fijado para 15 o, lo que es lo mismo, en moneda constate, unos 160.000 millones de euros menos.

Es necesario que todos tengamos claro que la construcción europea debería tener como misión primordial el crecimiento, el progreso social, el objetivo del pleno empleo y la cobertura universal de los derechos sociales básicos. Ello debería exigir el desarrollo y la reordenación de las políticas comunitarias, la puesta en marcha de programas de inversión de grandes infraestructuras públicas que vertebren el territorio de la Unión, impulsen su modernización y generen empleo, y la elaboración de programas de cooperación reforzada en el ámbito industrial y en los proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Sin embargo, el resultado final dista mucho de lograr ese objetivo. De hecho, y a mi juicio, las decisiones adoptadas por los jefes de Estado y de Gobierno no fortalece el proyecto europeo y sólo responden a una lógica neoliberal e insolidaria que sólo favorece a quienes pretenden desmantelar las conquistas económicas sociales y culturales que han hecho de Europa el espacio más libre, solidario y justo del mundo.

Francisco Javier García Valledor. Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores del Principado de Asturias.