UNO de los problemas políticos más delicados que hubo que abordar en los primeros años de la transición a la democracia residía en la necesidad de dar una respuesta adecuada a las aspiraciones al autogobierno de las nacionalidades históricas.

La idea dominante entonces en los círculos de poder consistía en reconocer el derecho a la autonomía política a Cataluña y Euskadi, y reconducir el resto del proceso a una mera descentralización administrativa que evitara una drástica transformación del viejo aparato centralista.

El esquema diseñado no sólo negaba a Galicia su derecho al autogobierno, sino que le asignaba el triste papel de servir de modelo para las autonomías de segundo orden. Los estrategas de aquella operación albergaban la esperanza de que Galicia, con una derecha mayoritaria y reticente con la autonomía, y con el nacionalismo radicalmente enfrentado al Estatuto, sería fácilmente manipulable para imponer su modelo restrictivo.

La historia posterior es bien conocida. La izquierda, cuyo papel determinante en este proceso es de justicia reconocer, formuló con claridad la defensa de la autonomía y convocó con éxito las mayores manifestaciones políticas de la historia del país -el 4 de Nadal de 1979-, gracias a las cuales Galicia evitó su marginación y conquistó un Estatuto similar al vasco y al catalán.

Recordar el pasado no es un ejercicio inútil. Sirve para ver la dirección y la magnitud de los cambios subsiguientes. Hoy, 25 años después, Galicia dispone de un importante poder político, la conciencia del país ha crecido exponencialmente y el autogobierno ha dejado de ser patrimonio de minorías ilustradas para ser asumido por el conjunto de la ciudadanía.

Especialmente relevante es la mutación experimentada en el sistema de partidos. La derecha, agrupada en el PPdeG, ha pasado de su inicial oposición al Título VIII de la Constitución a asumir el Estatuto de Autonomía. El Bloque ha evolucionado desde un rechazo beligerante a la autonomía a la aceptación formal del Estatuto, y el PSdeG ha empezado a romper con la imagen de partido mecánicamente dependiente de la cúpula estatal del PSOE.

En el corto espacio de tiempo que en términos históricos representa un cuarto de siglo, el Estatuto se ha convertido en el punto de encuentro de todas las fuerzas políticas y de la gran mayoría de los ciudadanos. Así pues, cualquier reforma del mismo debe realizarse conservando el consenso político y social que ha alcanzado el texto vigente.

Si las tres grandes fuerzas políticas gallegas son capaces de alcanzar un acuerdo para reformar la ley fundamental de Galicia, dotarán a las instituciones de autogobierno de una gran estabilidad y proyección de futuro, y Galicia dispondrá de una importante capacidad negociadora para defender sus intereses y derechos como nacionalidad histórica. Cabe exigir, pues, que los dirigentes llamados a protagonizar hoy los cambios necesarios tengan la misma responsabilidad y voluntad de acuerdo que hace 25 años mostramos los redactores del actual Estatuto de Galicia.