A raíz de la falta de civismo que en ocasiones adquiere grandes proporciones, el Ayuntamiento de Barcelona decidió la redacción de una ordenanza que parara los pies a los que no manifiestan ningún respeto por los lugares y espacios comunes. Una vez redactado el borrador, que debería aprobarse la semana que viene, se celebró, a instancias de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona una audiencia pública para discutirla.

El Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universitat de Barcelona, un grupo de investigación que goza del reconocimiento de la Generalitat de Catalunya, ha calificado esa ordenanza de clasista y discriminatoria, con elementos próximos a la xenofobia, que solo puede dividir y excluir a los ciudadanos. Castiga la pobreza y la falta de recursos y, como es habitual, no aborda el problema, las causas.

Los representantes del tejido asociativo de la ciudad, de las entidades de carácter social y ciudadanos a título personal expusieron, durante cuatro horas, sus críticas y su oposición a la aprobación de dicha ordenanza, a la que niegan legitimidad. Un digno ejercicio del juego democrático y una muestra de conciencia ciudadana, que también denuncia el amplio margen que se daría a la Guardia Urbana y a los Mossos d'Esquadra.

Los conceptos son tan difusos, que la aplicarían según su propio albedrío: para iniciar un expediente sancionador a una mujer sospechosa de practicar la prostitución, bastaría su forma de vestir o su procedencia étnica, lo que nos remite a algunos jueces de nefasta memoria que justificaban o disculpaban a un violador porque la víctima usaba falda corta o se vestía de forma provocativa.Escandaloso. Y tan escandaloso como que el impulsor de estas medidas, el señor alcalde, Joan Clos, ni siquiera asistiera a la audiencia, porque estaba dando una conferencia en el Colegio de Ingenieros. Si la incapacidad del señor alcalde ha sido manifiesta año tras año para sus detractores, esta falta de respeto absoluta por los ciudadanos debería abrir los ojos a aquellos que, a pesar de todo, le siguen votando.

El señor Clos se debe a su cargo, y como político y como alcalde, se debe a los ciudadanos. Que los políticos cultivan el absentismo laboral no es nada nuevo. Lo vemos en el Congreso y en los parlamentos.Que a los políticos jubilados se les llena la agenda de invitaciones para que hablen en público de lo que les parezca, también es un clásico. Pero el señor Clos, el día y a la hora que peroraba en el Colegio de Ingenieros, tenía trabajo: un encuentro con los ciudadanos. El desprecio que su actitud indica se corresponde con el tono de la ordenanza: clasista y discriminatorio.

Los ciudadanos tienen derechos, además de obligaciones, y el alcalde de una ciudad no puede desairarles de este modo con semejante muestra de falta de educación, que también es civismo. ¿Qué sanción se le impondrá al señor alcalde, tan dado a optar por el castigo como si aún estuviéramos en los tiempos en que el lema de las escuelas era «la letra con sangre entra»? ¿O es que el señor alcalde está exento de las más elementales normas de urbanidad?

Es cierto que la mala educación se ha apoderado de nuestra sociedad, y por lo tanto, los políticos no están libres de esta lacra, de la que nos dan ejemplo todos los días. ¿Para cuando las multas a los políticos por su desidia y su falta de civismo? Por enésima vez, el alcalde de Barcelona se ha equivocado, dejando que otros den la cara y aguanten el chaparrón. Sería patéticamente triste, si no fuera escandalosamente preocupante.