La pregunta es bien sencilla: ¿por qué aquello que se considera políticamente inofensivo e incluso condición y salvaguarda de la unidad de la nación a un lado del Atlántico es tan dramáticamente peligroso e incluso abominable desde un punto de vista conceptual para otra nación, al otro lado del mismo océano?
Pongamos algún ejemplo. Como se sabe, en EE.UU., en las matrículas de los coches -las "chapas", que dijo Aznar- suele constar el número junto con el nombre de cada uno de los estados y su eslogan, que puede ser un lema político (en New Hampshire Live free or die, es decir, vive libremente o muere), una muestra de orgullo local (en Nueva York The Empire State o en Idaho Famous potatoes) o un dato geográfico (en Minneapolis, 10000 lakes). Aparte, en algún estado y pagando unos dólares, uno puede poner cualquier otra cosa.
Pero en ningún caso consta el nombre de la nación. En cambio, en España, la sola posibilidad de mencionar la comunidad autónoma junto con la E fue rechazada por el anterior gobierno del PP, está encallada con el del PSOE y tiene la fuerte oposición del sector del automóvil usado porque, dicen, resulta que los ciudadanos españoles se resistirían a llevar una matrícula, pongamos por caso, catalana. Si además del CAT quisiéramos poner, no sé, un desafiante Sobirania o pleguem o un pancatalanista Cava i turrons, imagínense ustedes.
También es sabido que en EE.UU. cada estado tiene su plena capacidad impositiva sin que a nadie en el país que mejor encarna las virtudes del mercado se le ocurra decir que debe protegerse la unidad de mercado, concepto que es un sinsentido. Si uno vive en Nueva York, verá duplicadas las tasas de la mayoría de los productos respecto de los demás estados. Si nos referimos a la escuela pública norteamericana, no podremos tratarla como a un conjunto homogéneo precisamente porque cada comunidad local tiene capacidad para decidir qué quiere o qué puede gastarse en educación. En cambio, en España, la petición de más autonomía financiera para Catalunya se convierte en una historia de atracos con malhechores que asaltan a pobre gente honrada, rompiendo con la sacrosanta solidaridad de la cual el Estado se niega a rendir cuentas.
Por otra parte, no quiero ni pensar qué pasaría si a alguien se le ocurriera sugerir que para ejercer una profesión liberal como la de médico o abogado, la habilitación del colegio profesional de una comunidad autónoma española no valiera en otra. En cambio, en EE.UU., no se trata sólo de habilitaciones formales, sino que el ejercicio de tales profesiones exige, para cada estado particular, unos exámenes rigurosos a unos precios astronómicos, tenga uno la titulación que tenga de la universidad que sea. En EE.UU. no sólo nadie discute esta norma, sino que tampoco impide que la movilidad profesional entre estados sea infinitamente superior a la que se da en un país tan homogéneamente titulado como España.
Y no puedo dejar de mencionar la soberanía jurídica de cada estado norteamericano: no es sólo que puedan llegar a permitir que en unos exista la pena de muerte y en otros no, sino que la defensa de esta independencia es considerada uno de los pilares de la unidad de la nación. Uno de los debates actuales más apasionantes desde el punto de vista jurídico y político es sobre si el Tribunal Supremo puede limitar a los estados en sus legislaciones sobre el aborto, como desearían los sectores más conservadores. La discusión no está tanto en el carácter ideológico de los cambios como en si puede restringirse la soberanía de cada estado, cosa que supondría romper los vínculos que aseguran la unidad de las partes. Justo lo contrario que en España, donde los vínculos no se basan en el respeto de la soberanía de cada miembro, sino en la sumisión de las partes a criterios uniformizadores.
Los ejemplos serían inacabables porque en EE.UU., y de ahí las diferencias, la unidad no se consigue a base de uniformidad sino todo lo contrario: respetando de manera escrupulosa la diversidad. Se me dirá que no puede compararse, pero precisamente la comparación es un método de análisis muy utilizado en todo tipo de ciencias. Y ya que siempre se acaba considerando que exigir el respeto a la diferencia es cosa de tribus y de gente tosca y pesada, he creído que un paseo por donde se encuentran las fuentes de lo global podría propiciar un cambio de perspectiva.
¿Tan difícil es comprender, pongamos por caso, que no puede tratarse ni políticamente, ni jurídicamente, ni educativamente de la misma manera la supervivencia de una lengua hablada por unos 10 millones de personas en un único territorio que el futuro de una lengua hablada por 400 millones y en clara expansión territorial? ¿Por qué inquieta tanto que seamos diferentes hasta el punto de preferir - o desear- la desaparición de la diversidad lingüística, considerándola una amenaza a la unidad política de España? En definitiva, ¿qué idea de unidad esconde el dramático terror a la diversidad que sienten, al parecer, tantos españoles?
La respuesta a la pregunta con la que empezaba el artículo la van a encontrar ahí, y no satanizando enloquecidamente un deseo político de diversidad que es absolutamente normal y está asumido en la mayor parte del mundo civilizado y global. El problema no está en lo que quiera ser Catalunya: el drama está en cómo se piensa España. Pero para comprender lo que ocurre, primero habría que cambiar de dimensión.
salvador.cardus@uab.es

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