El incendio que sigue devorando las instalaciones del centro de combustibles de Buncefield, al norte de Londres, vuelve a poner sobre el tapete la inexistencia de medidas de seguridad suficientemente contrastadas para evitar que catástrofes de semejante magnitud se lleguen a producir. A pesar de que, por el momento, no se han dado víctimas mortales y sólo se han registrado dos heridos graves, el siniestro alcanza unas dimensiones espectaculares, al tratarse de la destrucción de 20 depósitos de combustible, cada uno de los cuales tiene una capacidad de 13,5 millones de litros. Ante la dimensión del incendio, los servicios de bomberos apenas se limitan a controlar la zona y a lanzar agua mezclada con espuma, esperando que el combustible se vaya consumiendo.

El caso demuestra que pese a los enormes adelantos tecnológicos que se han ido dando en todos los campos, incluido el de la seguridad, una simple chispa o un fallo en algún componente eléctrico ha podido causar un desastre de tales dimensiones. La falta de sistemas de aislamiento entre unos tanques y otros, que hubiera limitado el siniestro a uno o dos de ellos, es una de las primeras constataciones que se pueden realizar en estos momentos, a la espera de una investigación exhaustiva de lo ocurrido. La relativa cercanía a núcleos de población, aeropuertos o autopistas, difícil de evitar en un país como Inglaterra ­o en la misma Euskal Herria­ por la escasez de suelo existente, debería obligar a un refuerzo aún más estricto de las medidas de seguridad. Aún tenemos en la memoria los incidentes sucedidos en la refinería de Petronor en Muskiz y ahí se mantiene en marcha la caduca y peligrosa central nuclear de Garoña, con un largo historial de averías.

Toda actividad humana, y más la industrial, tiene un riesgo añadido que debe ser asumido de manera racional por la sociedad. Cuestión diferente es que la población deba correr peligros excesivos por actividades necesarias pero al fin y al cabo controladas por manos privadas, como es el caso de Buncefield. Instalaciones de esta envergadura, así como plantas químicas, centrales eléctricas y nucleares o gasoductos, deben contar con medidas de seguridad que salvaguarden la vida y los intereses de quienes bastante tienen con soportarlas en sus cercanías. La administración pública, lejos de delegar en el sector privado sus responsabilidades, debe poner los medios y los controles para que no se vuelvan a repetir «accidentes» como el de Buncefield.