Sus razones son rotundas. Demoledoras. El Observatorio del Sistema Penal y de los Derechos Humanos de la Universitat de Barcelona ha emitido un informe que ofrece una argumentación, que parece irrebatible, en contra de la ordenanza de civismo y convivencia que promueve el Ayuntamiento de Barcelona con el alcalde Joan Clos a la cabeza. Este documento tilda la nueva y discutida normativa de «clasista», la acusa de no preocuparse por la pobreza que existe en Barcelona sino tan sólo por intentar ocultarla, le reprocha su escasa vocación de intervención en ayuda social y, en cambio, su clara voluntad sancionadora. Este informe, a lo largo de sus 24 folios, les dice a los regidores de este consistorio que se supone de izquierdas y progresista que, por mucho que multen a los mendigos, a las prostitutas o a los adolescentes y a los inmigrantes conflictivos, no estarán haciendo nada por conseguir solucionar el problema sino tan sólo por ocultarlo a los ojos de los ciudadanos bienpensantes, de aquellos que se supone votarán en las próximas elecciones municipales. Las conclusiones a las que llega este contundente documento no deberían caer en saco roto, entre otras cosas porque la labor del Observatorio está refrendada por el propio Ayuntamiento de Barcelona y por la Generalitat como una opinión que merece ser tenida en cuenta en cuestiones de inmigración o sistema penitenciario.
Un estudio de la UB pide retirar la ordenanza sobre civismo por «clasista»

Punto por punto, artículo por artículo. Un informe de la Universitat de Barcelona (UB) ha analizado el proyecto de ordenanza municipal sobre civismo, y sus conclusiones no pueden ser más contundentes. «Clasista», «discriminatoria», «intervencionista», «cercana a concepciones xenófobas». Por todo ello exigen la retirada de la norma que el Ayuntamiento de Barcelona pretende aprobar el 23 de diciembre.
El informe ha sido elaborado por el Observatorio del Sistema Penal y de los Derechos Humanos de la UB, organismo consolidado y reconocido como grupo de consulta por la Generalitat el 18 de octubre de 2005 a través del Departament d'Universitats, Recerca i Investigació. En 24 folios, el estudio deja en evidencia las carencias que, dicen, presenta la normativa.

«La Ordenanza relaciona y vincula como causa efecto la multiculturalidad, consideraciones cercanas a concepciones xenófobas, que son sencillamente inaceptables en una sociedad democrática, abierta y plural».Asegura el documento que «se parte de una consideración de la pobreza que no se puede aceptar», puesto que las afirmaciones tienen «pretensiones de 'limpieza social' que pretende barrer por vías policiales y con sanciones pecunarias las pequeñas molestias».

Una de las críticas que más se repite en el informe se centra en que el texto «no penetra en las causas sociales y económicas de la conflictividad urbana, sólo arbitra regímenes sancionadores» por lo que «no articula ni prevé una política social». Es este sentido, «se abandona la asistencia de carácter social para que sólo se impulse un tratamiento meramente disciplinario y sancionador de la pobreza». Alertan de que «la Ordenanza apuesta por un modelo policial» y de «la incoherencia que supone perseguir con sanciones económicas a situaciones de pobreza».

Obras y especulación

La UB cuestiona también diversas ausencias en el proyecto. Se preguntan por qué no aparecen «las obras que entorpecen la circulación», «la especulación inmobiliaria que afecta especialmente a jóvenes y ancianos», y «la contaminación ambiental». Aseguran, entonces, que la norma «sólo se dirige a las pequeñas molestias, a la pobreza que molesta, a la pobreza que se ve». Por ello, califican la iniciativa de «clasista y discriminatoria». Y es que consideran que «se está configurando una especie de ciudadanía de segunda que se tiene en cuenta para ser multada».

Sigue la denuncia advirtiendo de que «las sanciones propuestas permiten la huida y desresponsabilización de los poderes públicos de resolver los problemas sociales». Citan al francés Loïc Wacquant, profesor de sociología de la Universidad de California en Berkeley, para señalar que «nos encontramos en una sociedad que tiende a criminalizar la pobreza». Porque «muchas de las medidas establecidas en la Ordenanza generan una exclusión y marginación mayor», indican, y «sólo quedará la pena de multa para situaciones en las que quizás sería más adecuada la intervención social».

Dejar las sanciones en manos de la Guardia Urbana y de los Mossos d'Esquadra permite, según el informe, «una gran discrecionalidad a los agentes puesto que son numerosos los artículos que definen las conductas punibles de manera demasiado amplia o indeterminada».

El trato a los menores también se critica al señalar que «son considerados un colectivo al que frecuentemente se hace alusión para ser objeto de sanción». Y prosigue que «se les cataloga como 'grupo peligroso' al que es necesario sancionar». Así que muestran su «preocupación por el grado de intervencionismo de la adminsitración en la vida de los menores, sobre todo cuando no se especifica si existe un límite de exclusión por debajo de los 14 años -por analogía al sistema penal de menores-».

Artículo polémico

Para los autores del informe, en el capítulo referido a pedigüeños y trabajadoras sexuales «es donde aparece de forma más explícita la sanción de la pobreza y sus forma de supervivencia», y citan la distinción entre «pobres pasivos (los que no molestan) y pobres activos (los que adoptan estrategias para obtener caridad)».Sobre la prostitución, insisten en que la Ordenanza «fomenta la discrecionalidad sinó arbitrariedad de los agentes de la autoridad».Porque consideran que «el único criterio que tendrían los agentes sería el hecho de estar en la calle 'con pinta de puta'». Por todo, aseveran que «se trata de objetivos inasumibles para una regulación municipal que sirven de excusa para la persecución de la actividad», lo que «aumentará la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales y no se solucionarán los problemas de fondo».

Concluyen que «para atender las intervenciones específicas será necesario que el Ayuntamiento disponga de los equipamientos de servicios sociales adecuados». Son estos motivos, entre otros muchos, los que les llevan a exigir la retirada de la normativa.