El cine y la literatura nos han presentado a menudo la amnesia como una de las experiencias más traumáticas y angustiosas a las que se puede enfrentar un ser humano. Nadie aparece tan frágil y desamparado como aquel que ha perdido sus recuerdos. Los amnésicos de la ficción elaboran mil y un planes para recuperar la memoria.Porque en ella reside su identidad. Un pilar de la identidad que aparece como algo frágil, incapaz de resistir un golpe o los efectos de un hecho traumático. Y maleable. Todos tendemos a recordar de forma idealizada los acontecimientos que han marcado nuestra existencia y a minimizar las secuelas de los traumas y de los choques emocionales. Es una forma de proteger nuestra psique de nuestros propios recuerdos.
A diferencia de la memoria individual, la colectiva debería ser más resistente. Son demasiadas cabezas recordando como para poder olvidar o manipular un recuerdo determinado. Y, sin embargo, ocurre lo mismo: los recuerdos se reducen a arquetipos con escasos matices, iconos de la experiencia. Los medios de comunicación tienen ahí una responsabilidad importante. Al fin y al cabo, se encargan de seleccionar aquellos acontecimientos sociales que merecen ser recordados por el gran público. Los criterios para elaborar esa selección son a menudo cuestionables y éticamente reprobables, pero son los que hay. Decidimos qué debe ser recordado por todos en función no sólo del interés social sino en la medida en que es útil para desgastar al gobernante de turno o al opositor.Cuando deja de ser útil para esos menesteres, los medios olvidan.

Si no, que se lo pregunten a Javier de la Rosa, el siniestro financiero que ocupó portadas durante casi dos décadas, los 80 y casi la totalidad de los 90. Ensalzado por los medios durante aproximadamente la mitad de su carrera delictiva -casi ninguna operación empresarial de De la Rosa se libró de que el empresario intentara desviar parte del dinero a sus arcas personales-, desde 1992 se convirtió en el icono de la corrupción empresarial y político. Se convirtió en el gran corruptor: compró políticos, estatales y autonómicos; jueces, inspectores de Hacienda... Lleva desde 1994 entrando y saliendo de prisión, pero los grandes procedimientos por los que la Justicia le tiene encausado desde hace 11 años empiezan en realidad a resolverse ahora. Las condenas que ha cumplido eran por las acusaciones menores que ha afrontado.

El pasado lunes se inició en la Audiencia Nacional la vista pública por el suma-rio principal del caso KIO. La fiscal anticorrupción Belén Suárez pide para el financiero penas que suman 38 años de cárcel por haberse repartido con algunos de los responsables de la Kuwait Investment Office y con los principales comisionistas españoles 300 millones de dólares del consorcio de inversiones del emirato en plena invasión de Kuwait y de haber desviado más de 70 millones de euros de las cuentas de KIO a su sociedad patrimonial, Quail. Además está pendiente de que en Barcelona se le juzgue por la descapitalización de Grand Tibidabo, por la que el fiscal Fernando Rodríguez Rey solicita penas de prisión de 14 años más para el financiero.

Las informaciones sobre el inicio del juicio, sin embargo, pasaron casi desaper-cibidas. Ninguno de los grandes medios omitió la noticia. Pero aquellas notas apenas testimoniales poco tienen que ver con las informaciones a cinco columnas que hace tan sólo seis años generaba De la Rosa. Y es que, informativamente, el financiero está amortizado. Ha acabado convertido en una figura patética que se tiene que defender a sí mismo con la colaboración de una de sus hijas porque ningún bufete de prestigio quiere hacerse cargo de su defensa. Está gafado, lleva la mala suerte a cualquier letrado que se atreva a defenderle ante los tribunales.

La justicia británica ya estableció en 1999 que De la Rosa era culpable de haber expoliado las arcas de KIO. Un expolio del que salieron beneficiados personajes próximos a La Moncloa durante el Gobierno de Felipe González, como el fallecido Enrique Sarasola, o a la Casa Real, como el ahora presidiario Manuel Prado y Colón de Carvajal o el príncipe Zouab Txokotua. De la Rosa realizó aquellos pagos convencido de que con ellos incriminaba en sus delitos al Gobierno y a la Corona y se garantizaba la impunidad ante los tribunales españoles. Pero su historial penitenciario y las peticiones de los fiscales demuestran que sus estrategias fallaron. Sirvieron para denigrar la imagen de los poderes públicos en España hasta límites desconocidos. De la Rosa sí consiguió grabar a fuego la imagen de una clase política dispuesta a entregarse al mejor postor a cambio de unos cuanto millones. Casi la totalidad de la clase política que convivió con De la Rosa se ha jubilado.Incluido Jordi Pujol, que fue reiteradamente acusado de haber protegido al financiero, se pudo retirar invicto de la clase política. Por eso De la Rosa puede aportar poco informativamente más allá de las informaciones que cuantifiquen, al final del proceso, los años de cárcel que tiene que cumplir. Y es una lástima, porque eso nos evitará recordar que entre los responsables civiles del expolio de KIO se encuentra Jaume Camps, que recibió casi un millón de euros de las cuentas del consorcio kuwaití en Suiza.Camps dio unas explicaciones absolutamente inverosímiles para esos pagos, pero fue exonerado de sus responsabilidades penales porque los supuestos delitos habrían prescrito. Sin embargo, se ha mantenido hasta hace muy poco como diputado de CiU y hoy se sienta en el Consell Consultiu que falló sobre la constitucionalidad del Estatut.