La negociación que este Gobierno ha iniciado con ETA está marcada por la certeza de sus posibilidades y los objetivos que exhiben los dos primeros protagonistas de tan difícil y arriesgada operación, como son el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de Batasuna, Arnaldo Otegi. Ambos insisten en que estamos ante una oportunidad histórica para conseguir el final de la violencia de ETA; Zapatero, con sus reiteradas declaraciones, de las que se deduce que el proceso avanza, incluso a pesar de los últimos y no cruentos atentados de la banda, y Otegi porque no ahorra elogios a Zapatero, a quien ha presentado como revolucionario, subrayando que nunca un jefe del Gobierno español se había atrevido a reconocer como nación al País Vasco y a Cataluña.

De dónde sale tanta convicción de Otegi sobre las ideas y el pensamiento político de Zapatero? ¿Por qué está tan seguro el presidente del Gobierno de que ETA anunciará la tregua final? No hay que descartar, incluso, que ambos protagonistas de este episodio de altos riesgos se hayan encontrado, una vez que el Congreso de los Diputados autorizó a Zapatero a explorar en negociaciones las posibilidades de final de la violencia etarra, algo que sería muy sencillo si ETA, simplemente, decidiera dejar de matar. Pero la banda terrorista pone un precio a su desarme. Un coste político, policial y judicial: quiere ser determinante en un proceso de independencia del País Vasco, que la Policía baje la guardia durante la negociación, y que se ponga en marcha un dispositivo para indultar y sacar de la cárcel a todos los presos de ETA.

Y para complicar aún más e ir encajando todas estas piezas en tan macabro puzzle, el presidente Zapatero se ha propuesto unir la negociación con ETA con la reforma de los Estatutos de Autonomía vasco y catalán hacia terrenos confederales, para ver si así se consigue un escenario político, primero en Cataluña, que dé garantías a los etarras de la audacia del presidente y de los altos techos de soberanía que se podrán alcanzar también en el País Vasco, camino de la independencia. Por ello está unido el Estatuto catalán a la negociación con ETA (además de las negociaciones de Carod y de las menciones de ETA a dicho Estatuto). Si se fracasa en Cataluña, donde los nacionalistas piden mucho menos que los etarras y algo menos que el Plan Ibarretxe, entonces la voluntad de pacto político de Zapatero con ETA y su entorno habrá quedado desmentida por el fracaso del Estatuto catalán.

Y está mezcla de la reforma de los Estatutos y de las negociaciones con ETA es lo que hoy impide a Zapatero informar al líder de la oposición —como siempre ocurrió con los dos anteriores y fallidos intentos de negociación con ETA, en tiempos de González y de Aznar—, porque Zapatero sabe que ni Rajoy ni la gran mayoría de los españoles podrían aceptar que la soberanía y la unidad de España formara parte de una negociación con los pistoleros de ETA como está ocurriendo, y como se desprende de los mensajes públicos que lanza la banda
—pidiendo derecho de autodeterminación, inclusión de Navarra en el País Vasco, etc.—, cuando lo único que es negociable, previa confirmación de fin de la violencia, sería una solución paulatina para los presos siempre que el PP y las víctimas del terrorismo estén de acuerdo con ello.

Zapatero cabalga, pues, en la oscuridad sobre dos corceles con un pie en cada uno y mal agarrado a sus crines convencido de que ganará la carrera y que ese triunfo hará olvidar todo lo demás, el desbarajuste de su Gobierno y de su propia gestión. Y necesita que en España se produzca un apagón de opinión pública, con un silencio pactado o forzado de la oposición y de los medios de comunicación. Algo impensable en circunstancias como las actuales, donde se está poniendo en juego de manera temeraria la convivencia entre los ciudadanos de distintos territorios (ya fracturada por los errores del Gobierno y los desafíos de sus socios nacionalistas en Cataluña y el País Vasco, y ya veremos si no se extiende a Galicia por causa de las últimos disparates del BNG), la unidad de España y el Estado de Derecho y las libertades públicas.

Y si esto es así, que lo es, se comprende además que el PP quiera sacar partido electoral en su favor, lo que es legítimamente democrático porque fue Zapatero el que ha querido aislar a este partido, rompiendo el consenso antiterrorista e imponiendo por una mayoría simple en el Congreso de los Diputados la negociación con ETA. La misma y escasa mayoría con la que pretende colar una reforma de facto de la Constitución a través de leyes orgánicas —como la del Poder Judicial— y de los Estatutos vasco y catalán. Para poner así punto final al consenso constitucional de 1978, buscar el aislamiento del PP y dibujar una España confederal sin la previa consulta a los ciudadanos.

Otra cosa es que el PP haga bien o mal y con credibilidad su labor de oposición en estos momentos cruciales del debate nacional. Su pasión por la calle y el protagonismo de los personajes más cercanos a una derecha ultraconservadora y además ligados con los que fueron graves errores y mentiras de la guerra de Iraq (como la que ahora desempolva el Gobierno en El País) y los atentados del 11M
—Zaplana, Acebes, Aznar, etc.— le resta influencia y credibilidad y hace que baje el PSOE en las encuestas electorales pero no en su favor sino en el de la abstención. Y algo parecido cabría comentar de los medios de comunicación: unos exaltados, otros desvaídos y otros cómplices de la situación.

A pesar de todo, Zapatero, con un Gobierno débil y desorientado y una exigua mayoría parlamentaria que le hace depender de los partidos nacionalistas
—que lo amenazan con derribarlo un día sí y otro no— y con el patio del PSOE revuelto y apesadumbrado por los riesgos de la operación, sigue en su fuga hacia delante a sabiendas de que ya no tiene marcha atrás. Convencido de que si fracasa la negociación del Estatuto catalán el resto de sus operaciones, como la negociación con ETA (y el regreso de las pistolas) y el Estatuto vasco, caerán en serie como fichas de dominó, y puede que aquí incluidos su liderazgo en el PSOE y su presidencia del Gobierno, antes o después de las elecciones del 2008, porque a la vista de la gravedad de la situación nada se debe descartar.

Zapatero pretende un Estado confederal, empezando por el Estatuto catalán y entregando a la vez, como obsequio complementario, al Gobierno nacionalista de Cataluña el poder del sector energético español, parte de las telecomunicaciones y de la banca. De ahí sus operaciones contra Endesa, BBVA y, si se presentara la ocasión, contra Telefónica. Y de ahí también el sorprendente inmovilismo financiero y empresarial español ante esta parte del desafío, mientras las llamadas grandes familias de las finanzas y los dirigentes de grandes consorcios financieros y empresariales se cruzan de brazos ante la llegada de tsunami catalán, a la vez que se lamentan del espectáculo político nacional.

Una tragicomedia que necesariamente y, teniendo en cuenta a sus protagonistas, tendrá que acabar mal. No se puede esperar otra cosa cuando se sabe que los siete artistas que colaboran en el plan de la España confederal de Zapatero son: Montilla
—tocado por corrupción— desde el Gobierno, y Pepiño Blanco y Patxi López por el PSOE; Carod y Maragall por el lado catalán; y Otegi e Ibarretxe por el flanco del País Vasco. ¡Los siete magníficos! Mas Zapatero, su capitán. Y no es de extrañar que Otegi y Carod elogien sin medida alguna a Zapatero, por su audacia y su valor revolucionario, saben que éste vive en el desvarío y la debilidad y que nunca tendrán una oportunidad similar para dinamitar la estabilidad nacional española desde dentro. Es como si el túnel del atraco por el sistema del butrón lo iniciaran desde dentro los gestores del banco para facilitar la entrada de los ladrones a la reserva nacional.