Todos deberíamos alegrarnos del conflicto de las últimas semanas entre los EEUU y algunos países europeos por los vuelos especiales y cárceles secretas de la CIA, las entregas de presos a regímenes dictatoriales para ser interrogados y el uso de la tortura en la lucha contra el terrorismo. Significa que, por fin, tras cuatro años de pasividad, irresponsabilidad y, posiblemente, complicidad criminal (a sabiendas, por negligencia o confiando en el secreto y en compensaciones adecuadas), algunos Gobiernos europeos han decidido hacer algo contra las flagrantes violaciones de la legalidad internacional por los EEUU desde el 11-S.
Entre esas violaciones destacan la invención de pruebas para justificar guerras, unidades especiales que actúan al margen de toda legalidad en países terceros, secuestros y asesinatos selectivos, empresas tapadera y subcontratadas de seguridad sin control alguno, interpretaciones inadmisibles de los Convenios de Ginebra de 1949, incumplimiento grosero de la Convención de la ONU contra la Tortura de 1984, detenciones indefinidas sin acusación ni información a las familias de los presos y leyes como la Patriot Act que ponen en cuarentena derechos fundamentales.

El silencio ante estas violaciones, roto sólo por organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, y por revistas como The New Yorker, premiada el año pasado por EL MUNDO por destapar los abusos en Abu Ghraib, ha facilitado la impunidad de la Administración Bush y su huida hacia adelante. Ante la iniciativa del senador y ex prisionero en Vietnam John McCain contra toda clase de abusos y torturas de presos aprobada por el Senado, las investigaciones judiciales en Italia, España y Alemania, y la iniciada por el Consejo de Europa, Condoleezza Rice no ha tenido más remedio que dar explicaciones en su viaje a Europa.

Pero sus explicaciones dejan mucho que desear y reflejan los dos informes enviados por el Departamento de Estado al Comité de la ONU contra la Tortura, y la nueva interpretación del Departamento de Justicia transmitida en octubre por el fiscal general, Alberto González, al Senado. Sigue apreciándose una clara división en la Administración Bush entre los partidarios de la eficacia (Cheney, Rumsfeld ) y los defensores de la legalidad, entre los que supeditan los medios a los fines y los verdaderos demócratas. Los primeros siguen distinguiendo entre torturas y tratos inhumanos, y mantienen que la Convención de la ONU, firmada y ratificada por los EEUU, sólo es aplicable en EEUU. Cheney dirige personalmente la campaña para impedir que la enmienda McCain se convierta en ley.

Tiene demasiado que ocultar y sabe que, de exigirse responsabilidades, puede acabar entre rejas por crímenes de guerra. Por la misma razón, para no verse en el banquillo de los acusados, la Administración Bush no ha querido saber nada del Tribunal Penal Internacional.La cuestión principal sobre el nuevo conflicto entre Europa y los EEUU es qué han sabido, tolerado o autorizado los Gobiernos europeos sobre las cárceles y los vuelos secretos, y por qué no han hecho nada, hasta ahora, para impedirlo. «La detención secreta ya es una forma de tortura», advierte, con toda razón, la Alta Comisaria de Derechos Humanos de la ONU, Louise Arbour.

Como explicaban en The New York Times el profesor Gregg Broche de Georgetown y Jonathan Marks, de la Brookings, esas detenciones forman parte de un programa del Pentágono (SERE, siglas de Survival, Evasion, Resistance and Escape) para tratar a los detenidos con métodos muy parecidos a los que aplicaron los comunistas a los prisioneros estadounidenses en las guerras de Vietnam y de Corea.