HABLAR de fondos mineros en Asturias es sinónimo de hablar de lo que pudo ser y no fue, como tradicional expresión de los que supone la pérdida constante de oportunidades para nuestra región, oportunidades constantemente sacrificadas en aras de satisfacer intereses muy concretos y determinados, aunque esto suponga el abandono de los intereses generales de nuestra tierra.

Y por esto, y para hablar de nuevo de los fondos mineros que vienen, es necesario reiterar algunas consideraciones sobre las situaciones que condicionaron el desarrollo y puesta en ejecución hasta el momento de los recursos que aportaban esos fondos.

Y así, ante el irreversible declive, propiciado por unos y otros, esto sin distinciones ideológicas, de la minería del carbón en nuestra tierra, Asturias recibía con expectación la noticia de la creación de unos recursos económicos cuyo objetivo era hacer frente a tal situación de declive propiciando la evolución económica y social de los municipios mineros.

Aquellos primeros fondos mineros se articularon en tres grandes objetivos. El primero, la mejora del entorno urbano de las cuencas y sus comunicaciones. El segundo, incentivar la instalación y desarrollo de actividades económicas que fueran capaces de absorber el declive como fuente fundamental de la vida económica y social de las cuencas de la minería del carbón. Y, en tercer lugar, establecer y desarrollar específicos programas de formación y desarrollo para los habitantes de los municipios mineros.

Estos objetivos, de forma especialísima los correspondientes al primero de los objetivos señalados, es decir, mejora general del entorno y comunicaciones, debían contenerse en actuaciones concretas a medio de proyectos determinados y específicos que se habrían de desarrollar durante cuatro periodos bienales que cubrían los ocho años previstos de aplicación de los fondos mineros (1998-2006)

Hasta aquí el planteamiento inicial parecía correcto y razonablemente acorde con las necesidades que se pretendían cubrir, al menos de forma aparente.

Y digo aparente porque, a partir de aquel momento, en el desarrollo práctico de aquel planteamiento se procedíó a introducir los elementos necesarios para que este desarrollo se neutralizase impidiéndole alcanzar los objetivos previstos.

Y, así, la primera decisión adoptada fue confiar el desarrollo de las actuaciones concernientes a los fondos mineros a una comisión integrada por representantes de la Administración central de Madrid y los sindicatos mineros, haciendo desaparecer en la práctica de un plumazo a las administraciones autónomas y a los ayuntamientos mineros de los ámbitos de decisión a los que sólo tenían, en su caso, acceso indirecto, a través de los dos interlocutores básicos existentes, que como ya se indicó eran la Administración central (Gobierno de Madrid) y representantes de los sindicatos mineros.

La perversión absoluta del sistema se completaba con la reserva para estas administraciones (autónoma y ayuntamientos) de la única condición de ejecutores de los proyectos que resultaban comprendidos dentro de sus ámbitos competenciales, con lo que se llegaba al despropósito completo de que la Administración autónoma correspondiente, en nuestro caso el Gobierno asturiano, se veía obligada a ejecutar proyectos en cuya definición no había intervenido, que en ocasiones eran contrapuestos a decisiones previamente adoptadas, y además con dotaciones económicas para su ejecución cerradas y en muchos casos insuficientes. Los resultados de semejante dislate no se han hecho esperar, desgraciadamente, y pueden resumirse de la siguiente forma:

Respecto a las inversiones en mejoras del entorno urbano y comunicaciones, los proyectos que se debían ejecutar durante el segundo, tercero y cuarto bienios (respectivamente 2001-2002, 2003-2004 y 2005-2006) se encuentran en un lamentable estado de incumplimiento, que se denuncia a diario.

Respecto a la política de facilitar la implantación de nuevas actividades económicas en el ámbito de los ayuntamientos mineros afectados, se ha llegado al absurdo de denegar desde la Administración autónoma subvenciones regionales a proyectos que no alcanzan, por otra parte, en ningún caso, los límites máximos establecidos, con el argumento de que al recibir alguna subvención de fondos mineros ya no podían recibir subvenciones regionales complementarias.

Respecto a la política de formación humana y desarrollo profesional de los trabajadores de las cuencas mineras, mejor es no hablar de los supuestos efectos beneficiosos producidos.

Por lo tanto, un sistema perverso, combinado con la desidia cuando no resistencia abierta de la Administración regional en los últimos años, ha producido una situación ciertamente indeseable y alejada de los objetivos que previsiblemente debían alcanzar los fondos mineros.

Esta lamentable situación no tiene trazas de corregirse y ha bastado el anuncio de la aparición de nuevos fondos mineros, para que los asturianos asistamos con una mezcla de desesperación e impotencia a un nuevo episodio de lucha por el poder, representado en este caso por dilucidar quién va a tener la capacidad de disposición sobre dichos fondos, es decir, el Gobierno de Asturias, los ayuntamientos mineros o los sindicatos mineros.

Si reindustrializar y desarrollar zonas en declive como las cuencas mineras, en el caso que nos ocupa, es siempre una tarea ardua y tremendamente compleja, incluso en la situación ideal de que todas las fuerzas políticas, sindicales y sociales que resulten implicadas en el proceso decidan coordinar sin reservas sus capacidades respectivas, esta actuación se convierte prácticamente en un objetivo imposible cuando, como en el caso de Asturias, cada parte intenta simplemente defender su particular trozo de pastel.

La aplicación y desarrollo correcto de los fondos mineros requiere, por lo tanto, un cambio fundamental y decidido de la mentalidad con la que han de desarrollarse su planteamiento, objetivos y gestión, y de no hacerse así el fracaso en las actuaciones estará asegurado por más fondos y medios que se pretendan utilizar, y ciertamente ni las cuencas ni Asturias en su conjunto se lo merecen.

Si esto se consiguiera, cuestión nada fácil, dados los mezquinos intereses que prevalecen sobre el interés general, sería el momento de retomar los planteamientos iniciales de desarrollo de las comarcas mineras, desde el triple objetivo inicial, entendiendo que no existe una posibilidad real de desarrollo sin un adecuado sistema de comunicaciones de todo orden y un planeamiento urbanístico y de servicios adecuado, que permita el establecimiento y desarrollo de una actividad económica y empresarial sostenible, y con apoyos claros a los procesos de formación humana que dé respuestas reales a las necesidades existentes y no se conviertan en meras justificaciones del gasto del dinero destinado a este fin.

Esta triple actuación no puede ser excluyente en ningún aspecto porque sólo de la adecuada coordinación se podrán obtener resultados. Lo contrario es lo sucedido hasta ahora y con los tristes resultados que a la vista están.

Tal vez alguien debería preguntarse, para qué sirven unas buenas comunicaciones sin actividad económica que las utilice, o un personal laboral de todo tipo que no puede desarrollar su actividad normal y natural por falta de esta misma actividad económica y tiene que buscar en la emigración y el desarraigo, en suma, la solución para su vida.

Debe ser tiempo de reflexión conjunta, primero, y de actuación coordinada después, ya que, de no ser así, el fracaso está cantado, como ahora mismo sucede por más que se haga caer sobre la gente normal un auténtico diluvio de datos que objetivamente no tienen pies ni cabeza.

Por eso hablo de paradoja, porque disponiendo de medios razonables para alcanzar resultados positivos y posibles, algunos se empeñan en perseguir el fracaso para todos a cambio de las satisfacción de sus mezquinos egoísmos.

SERGIO MARQUÉS FERNÁNDEZ/EX PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS