CUANDO un orador quiere saber si sus oyentes le creen basta con mirarles a los ojos. Cada vez más, cuando yo hablo sobre la Unión Europea y el brillante futuro que se cierne sobre nosotros descubro en sus miradas la sombra de una amarga decepción. Me temo que las noticias que nos llegan de Londres sobre las Perspectivas Financieras (por cierto, mala traducción del inglés) para los próximos siete años no van a disipar las sombras de mis oyentes ni del conjunto de ciudadanos europeos.

La propuesta británica es insolidaria en el fondo y antieuropea en las formas, lo cual podría no extrañar viniendo, de los ingleses, pero viniendo de Blair si produce una fuerte desilusión. Recordemos que el pasado mes de julio el 'premier' británico había sido saludado como el único gran líder europeo en activo (no, Zapatero no entra en esa categoría).

La idea de fondo de la presidencia británica es hacer un presupuesto para 27 estados miembros que contenga menos dinero del que había para los antiguos 15 países de antes de la ampliación. Eso sí, manteniendo los británicos su muy británico 'cheque'. Decíamos hace pocos meses en este mismo diario, EL COMERCIO, que la propuesta final de la presidencia luxemburguesa era inaceptable para Asturias, para España y para el conjunto de la Unión; que no podía permitirse, en pleno proceso de ampliación, una reducción tan brutal de las políticas comunes, desde las que afectan a los agricultores hasta los estudiantes, los investigadores, el medio ambiente o la construcción de ferrocarriles. Todas aquellas políticas que contribuían a hacer Europa, especialmente después del fiasco de la no nacida Constitución europea.

La propuesta de la presidencia luxemburguesa se rechazó, no por España y su presidente Zapatero, quien se apuntó tarde y mal al grupo que se oponía al acuerdo, sino por el desencuentro fundamental de dos naciones básicas: Francia e Inglaterra, que discrepaban sobre la relación entre el 'cheque británico' y el mantenimiento de las ayudas a la agricultura.

Hoy, la nueva propuesta británica puede calificarse sin complejos como atroz. Arranca del hecho incontrovertible, si uno es británico, de que el 'cheque' (el dinero que pagamos franceses, españoles e italianos a los ingleses para que nos permitan estar junto a ellos en la Unión) no se puede reducir, sino aumentar, y que sólo los británicos aceptarían reducir parte de ese incremento que ellos reclaman y que el resto rechazamos.

¿Típica estrategia británica! Ya no se plantea si el 'cheque' debe reducir su cuantía actual sino que se plantea la negociación sobre un hipotético incremento futuro. ¿Unos artistas, los ingleses! Pero la factura del incremento del 'cheque' que ellos plantean (alrededor de nueve mil millones de euros) hay que pagarla y para ello proponen una ambiciosa política de recortes en el Presupuesto de la Unión: cerca de 25.000 millones de euros menos de lo ofrecido por Luxemburgo y 180.000 millones menos que la antigua propuesta de la Comisión Prodi que tanto molesta al super- ministro Solbes.

El grueso del recorte se lo llevan los 10 nuevos estados miembros, con Polonia a la cabeza, pues han hecho todo un papelón. Les rebajan un 10% de sus fondos estructurales con el argumento de que nunca podrían gastar su parte (en otras palabras, que tenían más de lo que merecían). España no puede aceptar ese desaire a sus nuevos socios. Por otra parte, los británicos plantean una jugada sibilina en política agraria que puede afectar irremediablemente al futuro del medio rural español y, por supuesto, asturiano. La jugada consiste en proponer que los agricultores europeos, sobre todo franceses, italianos y españoles, paguen del bolsillo de sus propias ayudas europeas (para carne, leche, cereales, frutas, etcétera) el coste de la entrada en la Política Agraria Común (PAC) de los nuevos agricultores rumanos y búlgaros: dos millones de euros que se ahorran en el presupuesto a costa de nuestros agricultores.

Peor aún, se quiere recortar la financiación del desarrollo rural en otros 8.600 millones de euros, permitiendo además un tope de modulación de hasta el 20%. En términos prácticos eso supone la cofinanciación de la agricultora o su renacionalización y supone también consolidar dos modelos de desarrollo rural: uno, el de los países ricos, que lo financian extrayendo dinero de sus gastos de mercado y compensando después a sus agricultores a través de sus presupuestos nacionales (eso es la cofinanciación); el otro modelo, el de los países pobres y, todavía, el español, que no podrá cofinanciar la PAC y sufrirán una reducción en la financiación de sus programas Leader o en su Red Natura 2000, tema importante para Asturias, con un 40% de su territorio en esa situación de protección especial. ¿Está la Administración regional en disposición de compensar la financiación que se pierda?

De los fondos estructurales y del 'efecto estadístico' no hay noticias desde Londres. Se mantiene la discriminación asturiana frente a las regiones alemanas y griegas en su misma situación. Nuestra región sigue enfrentándose a la posible pérdida del 60%, casi 700 de los 1.300 millones de euros anuales que obtuvo en las Perspectivas Financieras anteriores. Demasiado para Asturias, sin contar con que también se prevé una reducción de las ayudas a la pesca.

A nivel nacional esta propuesta profundiza en el fracaso negociador español. Nuestro saldo con Europa se reduciría a un 50% respecto al que ya rechazamos de Luxemburgo de 4.700 millones de euros para todo el periodo 2007-2013, que ya era diez veces menor que el conseguido por Aznar en 1999 en Berlín.

El Gobierno Zapatero tiene malos aliados y peor estrategia. Posiblemente Blair le ofrezca hoy alguna compensación simbólica que nos sitúe cerca de lo que ofrecía Luxemburgo. ¿Qué hará entonces Zapatero? ¿Luchará en solitario como Aznar en Berlín contra la presión anglo-alemana? ¿O recogerá gustoso sus migajas del Fondo de Cohesión (2.800 millones en cuatro años frente a los 11.800 de Aznar en 1999) y volverá a España pregonando que es un éxito pagar más y recibir menos? Apuesten por ello.

SALVADOR GARRIGA POLLEDO. EURODIPUTADO DEL PARTIDO POPULAR.