Cuesta entender la actitud de la jerarquía católica de este país.Desde la guerra civil la iglesia católica disfrutó de una situación de extremo privilegio, pero al llegar la necesaria y muy suave normalización que supuso la democracia, ésta parece considerarla como una afrenta personal.
No ha sido capaz de autoanalizarse y situarse en el cuerpo social de las sociedades modernas, en las que la situación de la iglesia española supone un anacronismo injustificable.

Sigue actuando como si se le debieran por derecho divino todos los privilegios. No quiere percibir que disfruta todavía de abundantes regalías, sólo justificadas por la voluntad de los gobernantes desde la transición.

Muchos católicos discrepan de las posiciones de la jerarquía, pero algunos sectores sociales comparten su actitud y quieren que esta religión esté presente en la vida pública (nadie la discute en el ámbito privado). Pero ¿qué derecho tienen a imponer a todo el cuerpo social sus valores religiosos?

La Constitución dice que ninguna confesión tendrá carácter estatal.Las iglesias, por tanto, no tienen porqué disfrutar del apoyo público más allá de la libertad de existir de cualquier asociación legal.

¿Qué derechos puede alegar la iglesia católica para ser financiada por el estado en más de 3.000 millones de euros al año (incluyendo los colegios)?, ¿por qué se concede a la iglesia la representatividad de la autoridad civil, como cuando se validan los matrimonios religiosos o se juran ante su Dios los compromisos públicos civiles? ¿Por qué tantas instancias públicas de esta sociedad aconfesional actúan tan a menudo como religiosas?

No recuerdan que gran parte de la población española les considera cómplices del golpe y del dominio franquista, y que si bien pudieron beneficiarse del olvido programado que supuso la transición, ello no les autoriza a seguir exigiendo lo que insisten en considerar sus derechos.

Acabamos de ver con que agresividad reaccionan cuando se intentan recortar éstos en lo más mínimo. ¿Pero, por qué en la escuela pública de un estado aconfesional se ha de estudiar una religión, impartida por unos profesores nombrados por una jerarquía que controla su contenido, y obligar a que todos los niños acrediten por medio de un examen que la conocen, si además al dejar la escuela, la mayoría de jóvenes la abandona?

Es difícil entender qué pretenden. La historia reciente de nuestro país muestra que una religión impuesta durante muchos años, se abandona con gran rapidez.

Probablemente España sea uno de los países donde la práctica de la religión ha experimentado una mayor caída en los últimos treinta años.

Por tanto, su fórmula de imponer su religión no funciona. ¿Cuál es, pues, su objetivo último?

Si realmente desean que la religión esté presente en la sociedad, ¿no sería más útil no convertirla en asignatura obligatoria o evitar que se propongan los criterios de la jerarquía para muchas decisiones de orden colectivo?

Si les importa la religión cristiana, ¿no les convendría revisar cual es la mejor actitud para impulsarla? ¿Se trata de mantener viva una religión o sólo de sostener un poder social y económico del que antaño disfrutaron y que ahora se les escapa?

Quizá de otra forma, hoy, día de la Inmaculada, dogma difícil donde los haya, la mitad de la población española no ignoraría porque está de fiesta, y la otra mitad, no entendería porque ha de disfrutarla.