Resulta muy triste contemplar cómo en España se discute cada cuatro años una nueva ley de Educación. Cambia el Gobierno y se modifica la ordenación general de la educación. Lo estamos viendo ahora. El espectáculo es desalentador. La educación debiera ser, junto a la política exterior, la inmigratoria y la lucha contra el terrorismo, una de las pocas cuestiones de Estado, en las que, por tanto, todos los partidos políticos llegasen a acuerdos duraderos. O al menos los dos partidos más relevantes. Pero por desgracia no es así.

La educación es el más potente factor de cohesión nacional y de progreso. Proporcionarla debe ser por eso una de las principales obligaciones de los poderes públicos y, muy en particular, del más importante de todos ellos: el Estado. Una nación en la que todos los ciudadanos, con independencia de su sexo, clase social y extracción territorial, tengan acceso gratuito a una educación de calidad, al menos en los primeros escalones de la enseñanza, es una nación mucho más justa, próspera y estable. Así lo han defendido siempre los ilustrados y los liberales españoles más progresistas, en una línea que va desde Campomanes, Olavide y Jovellanos hasta los creadores de la Institución Libre de Enseñanza, pasando por los demócratas de mediados del siglo XIX, que incluyeron en su programa la enseñanza primaria, obligatoria y gratuita.

Que la educación deba ser una obligación básica e indeclinable de todo Estado --máxime si, como el nuestro, es un Estado social y democrático-- no significa que sea éste el único que la imparta. En una sociedad abierta, el Estado debe admitir también la enseñanza privada. Pero, en cualquier caso, sólo al Estado debe corresponder regular jurídicamente la educación y, por consiguiente, establecer unas diretrices básicas en esta decisiva materia, de obligado cumplimiento para todos los centros educativos, públicos y privados.

LA FINALIDADde la educación debe ser ante todo la de instruir y mejorar moralmente al individuo, con el propósito de que sea más culto y, por tanto, más libre. Sin duda, la educación debe contribuir también a facilitarle un puesto de trabajo, pero no creo que éste deba ser el propósito principal ni desde luego el único. Por eso estoy en contra de una prematura especialización. Creo que en la enseñanza secundaria debieran seguir cursándose asignaturas de letras y de ciencias, como ocurría en el ejemplar bachillerato vigente durante la II República española. Combinar el estudio de la historia o de la literatura con el de la biología o el de la física me parece que sigue siendo muy necesario hasta la incorporación a la Formación Profesional o a la Universidad.

Dentro de las letras o, más en general, de lo que se entiende por humanidades, considero un grave error suprimir o reducir en exceso, como ocurre en la actualidad, la enseñanza de la lengua y cultura griegas y latinas, base de la cultura europea. Estimo también imprescindible reforzar la enseñanza de la lengua española, sin perjuicio del estudio de las lenguas autonómicas, allí donde las haya, y de las lenguas modernas, muy en particular del inglés, indiscutible lingua franca en todos los campos del conocimiento. Saber hablar y escribir bien la lengua española --cosa que está muy lejos de ocurrir, como comprobamos todos los días los profesores universitarios-- debiera ser un objetivo irrenunciable en todo plan de educación. El español --o castellano, que es la denominación constitucionalmente más correcta-- es la lengua común de todos los españoles, incluso de todos los que viven en comunidades bilingües, además de ser el principal lazo de unión entre España e Hispanoamérica (jamás diré Latinoamérica, este término inventado por los franceses que tanto gusta a los progresistas más ignaros y pedantes).

UNO DE LOSasuntos más polémicos en toda ley de Educación es el lugar de la enseñanza religiosa. A mi juicio, la enseñanza de la religión debiera dejarse en manos de la familia, de las propias iglesias y, por supuesto, de los centros privados de carácter religioso. En las escuelas e institutos públicos no debiera enseñarse nunca religión. Esto es lo más coherente con un Estado laico e incluso con uno aconfesional, como el nuestro. Entiendo, sin embargo, que en todos los centros de enseñanza debiera existir una asignatura destinada a explicar el hecho religioso en términos históricos, sociológicos y filosóficos, pues sin conocerlo no se puede entender el desarrollo de la cultura ni comprender una dimensión esencial del ser humano. Por supuesto, esa asignatura debiera ser evaluable e impartirla profesores designados por igual procedimiento que el resto de profesores.

DOS PALABRASfinales sobre la educación superior. La Universidad es el último escalón educativo. No todos tienen que llegar a él. Sólo los más capacitados intelectualmente. Toda Universidad que se precie debe ser elitista. Tanto en el reclutamiento del profesorado como en el del alumnado. Elitista en este caso es lo contrario de clasista. Nadie debería estar privado de acceder a la Universidad por falta de recursos económicos. Para eso el Estado debe establecer un generoso programa de becas. Pero tampoco nadie debiera permanecer en ella por el hecho de tener esos recursos. Sólo si se consigue una Universidad de calidad, que por definición debe ser una Universidad para minorías, se puede servir adecuadamente a toda la sociedad. Los títulos que expida debieran permitir por sí mismos acceder a un trabajo bien remunerado, sin necesidad de cursar costosos masters en instituciones privadas o de recurrir al apoyo familiar o de un círculo de influyentes amistades.

JOAQUIN Varela. Catedrático de Derecho Constitucional.