Nuestro país vive, en relación al universo del conocimiento y los saberes, una situación preocupante. A partir de determinados grupos de edad de la población activa (de los cuarenta para arriba) tenemos un nivel de instrucción bajo comparado con aquellos países de rentas y producción similares; también comparados con el mismo grupo, contamos con un bajo nivel de investigadores; y, peor todavía, las inversiones para la investigación siguen no estando a la altura. ¿Explica esto, al menos parcialmente, nuestros niveles de desempleo, que siguen siendo inquietantes? ¿Explica esto, además, los contundentes porcentajes de desocupación de nuestros jóvenes licenciados? ¿Explica también que las empresas sigan pidiendo mano de obra escasamente cualificada? Tengo para mí que estas cuestiones hubieran constituido (al menos) una parte substanciosa de las voces que se están dando en torno al proyecto de reforma escolar de estos días. Comoquiera que, desgraciadamente, los tiros no van por ahí, tal vez valdría la pena -con la idea de reorientar un tanto las cosas- fijarse en un instrumento que está funcionando desde hace más de un año: se trata del Pacto por la competitividad que firmaron en su día los sindicatos catalanes, las organizaciones empresariales y el Gobierno de Cataluña.
Naturalmente, un acuerdo de ese tipo, a pesar de sus ambiciosos contenidos, no puede darle la vuelta a los problemas inquietantes que, grosso modo, se han enunciado anteriormente. No obstante, está en condiciones de establecer una gradualismo para corregir dichas anomalías. Porque una de las ventajas del acuerdo tripartito es su relación con lo que genéricamente podríamos denominar el hecho tecnológico, esto es, el nuevo paradigma de la innovación. Así pues, desde ese instrumento cabe la posibilidad (no hablo de certeza) de ir interfiriendo en los problemas mentados.

Sería una buena costumbre que, una vez transcurrido un tiempo prudencial, se viera el grado de cumplimiento (de seguimiento, se dice en la jerga al uso) de las materias concertadas, especialmente cuando no pocas de ellas son de gran envergadura. Este proceso de verificación tiene la ventaja de conocer el itinerario de tal o cual concertación. De manera que sería oportuno que los firmantes del Pacto procedieran a la verificación de lo que firmaron hace más de un año. Esto es, analizar qué ha avanzado; observar qué tapones han aparecido y sus motivos; estudiar qué novedades han surgido, tanto por los avances realizados como por lo que pudiera continuar inédito. Pero también (y no es cosa de poca monta) para serenar los vocinazos, que no debate, en torno a la problemática de la enseñanzas. Esta verificación, por otra parte, dados los contenidos del Pacto, podría ser, además, un recordatorio de algo que a menudo se olvida: que no hay escisión entre el mundo de las enseñanzas (ahora sí, en plural) y los problemas que reseñaba un servidor en el inicio de esta reflexión; que los niveles de fracaso escolar conducen a la falta de salidas para todo el mundo y para el país en general; que no podemos seguir a paso de tortuga en este mundo de gigantescas y veloces transformaciones; que todo ello incide poderosamente en las condiciones de vida como en la calidad democrática. En suma, esa verificación podría indicar que el conocimiento, el saber y la investigación no son "políticas sectoriales", tal como de manera frecuente son considerados, sino elementos centrales y estratégicos para el desarrollo económico, social y cultural. Eso no les asusta a los agentes sociales.