El pasado 7 de noviembre, Jesús Polanco celebró su 76 cumpleaños con una selecta cena en su domicilio. Apenas una treintena de personas acudieron a agasajar al poderoso editor. Entre los invitados, Felipe González, viejo amigo de don Jesús. Entre los ausentes, José Luis Rodríguez Zapatero, a quien el hombre más poderoso de España no tiene en gran estima.
La cena fue distendida aunque no faltaron referencias a la actualidad política, sobre todo al Estatuto catalán.

Entre los asistentes (había notorios empresarios y destacados políticos, sobre todo socialistas, aunque también acudió algún dirigente del PP), no parecía haber un exceso de entusiasmo con la propuesta aprobada por el Parlamento de Cataluña.

A todos llamó la atención una afirmación del ex presidente del Gobierno, convertido en centro indiscutible de la reunión junto al anfitrión, naturalmente. Dijo González: «Aquí lo que habría que hacer es algo parecido a lo que se está pactando en Alemania.Los dos grandes partidos tendrían que formar una gran coalición para salir de esta situación». Y añadió: «Nunca hasta ahora el PSOE y el PP habían tenido unos equipos tan flojos».

Uno de los privilegiados testigos me apostilló con bastante sentido común: «Hombre, que diga eso Felipe del PP me parece incluso normal. Que lo diga del PSOE es una carga de profundidad para Zapatero y su Gobierno y así lo interpretamos todos los que estábamos allí».

La sensación de que hace falta un gobierno fuerte porque el país marcha como a la deriva no es sólo la percepción de una parte de la clase dirigente, sino algo que va calando en muchos ciudadanos, votantes de la izquierda o de la derecha, que no ven que este Gobierno tenga una orientación clara en asuntos fundamentales.

Una de las cuestiones más relevantes que puso de manifiesto la última encuesta del CIS es la caída de expectativas que ponen de manifiesto los encuestados sobre la marcha de la economía, algo que no se justifica por los datos reales (el PIB está creciendo por encima del 3,5%), sino por el contagio a la evolución futura de sus bolsillos de una situación política que se ha deteriorado rápidamente en muy poco tiempo.

La crispación que está viviendo la clase política, afortunadamente todavía no inoculada a los ciudadanos de a pie, no tiene una explicación simple. No hay graves casos de corrupción, ETA lleva mucho tiempo sin cometer un asesinato, el Gobierno socialista lleva a penas año y medio en el poder y tampoco hay tensiones sociales que puedan justificar esa atmósfera irrespirable que nos envuelve en estos últimos días.

El Estatuto de Cataluña (y en su estela la OPA de Gas Natural y el caso Montilla) ha sido el responsable (así lo afirma hasta la publicación socialista Temas) del desgaste electoral del PSOE tras el verano. La respuesta del Gobierno ante esa situación de pérdida de respaldo ha sido subir el diapasón en la descalificación del adversario. Al PP se le trata con absoluto desparpajo como a un «partido antidemocrático», o, sencillamente, como dijo la diputada del PSC Teresa Cunillera en el Congreso, como un partido que todavía «no ha aceptado» que perdió las elecciones del 14-M.

A esa línea argumental se suman con entusiasmo los partidos minoritarios, especialmente ERC, que pone así en valor su apoyo parlamentario al Gobierno y su capacidad para poner fin a la aventura del tripartito en Cataluña cuando desee.

Pero lo que vivimos ahora no es el resultado de una improvisación a la luz de unas encuestas poco alentadoras, sino la culminación de una maniobra que comenzó incluso antes de que el PSOE ganara las elecciones. Sencillamente es una fase más de una operación que trata de llevar al PP hacia la extrema derecha. En virtud de esa estrategia, el PSOE no espera ganar al electorado de centro por sus políticas moderadas, sino porque aspira a que los votantes lo identifiquen con un grupo extremista. Uno de los cerebros de La Moncloa lo expresaba hace dos semanas de la siguiente forma: «La clave consiste en identificar al PP con la Cope».

Ni siquiera en los años duros de la corrupción se había vivido un clima similar en el que todos los días parece que estamos al borde de que ocurra algo irreparable.

El pasado 20 de noviembre, en una entrevista publicada por El País, Alfonso Guerra advertía: «Hay que tirar del PP hacia una posición común y no empujarlo hacia una posición radical». Desde el comienzo de la Transición, las grandes reformas, sobre todo las que tienen que ver con el modelo de Estado, siempre se han pactado entre los dos grandes partidos. La novedad en la política de Rodríguez Zapatero respecto a sus antecesores es que él da prioridad a la política de demolición del llamado «régimen aznarista», lo que pasa por marginar al PP de las grandes decisiones.

El presidente asume una gran responsabilidad llevando a cabo esa estrategia que, incluso si le sale bien, condena al PSOE a ser rehén de las minorías que le permiten gobernar.

Ahora bien, el PP no debería caer en la trampa de dejarse llevar por los que buscan un choque frontal con el Gobierno. El deterioro de la situación política no sólo desgasta al PSOE, sino también a la oposición. Los ciudadanos deben percibir en el Partido Popular un proyecto capaz de sumar a otros grupos y, sobre todo, de ilusionar, no sólo a sus propios votantes, sino a la mayoría de los ciudadanos.

Mariano Rajoy tiene esa difícil tarea por delante. Y Cataluña es, sin duda alguna, la gran asignatura pendiente.

El Partido Popular tiene que dejar claro, todos los días si hace falta, que no es un «partido anticatalán», consigna que difunde a los cuatro vientos Alfredo Pérez Rubalcaba.

Si el PP quiere ganar las elecciones tiene que superar la barrera del 20% en Cataluña, lo cual ahora parece casi un sueño. Y no es con viejos proyectos o líderes trasnochados como se puede lograr esa cota aparentemente inalcanzable.

Rajoy tiene que implicarse a fondo en ello. Su posición es vital para romper el boicot a productos catalanes que se va extendiendo como una mancha de alquitrán mucho más resistente y perniciosa que la que provocó el Prestige.

Proteger el uso del castellano y su no discriminación en Cataluña (política que está llevando a cabo la Generalitat con desprecio al espíritu y a la letra de la Constitución) no es incompatible con la defensa del catalán.

En Cataluña hay casi 3 millones de personas que sólo hablan castellano (buen ejemplo de ello fue la manifestación de protesta en Castelldefels por el asesinato de un matrimonio y su hijo). El PP tiene que proteger su derecho a expresarse en una de las dos lenguas oficiales de Cataluña. Pero no debe quedarse ahí. También debe ser una opción para los catalanoparlantes que se sienten españoles además de catalanes.

La defensa de la Constitución, bandera que ha unido a la inmensa mayoría de los españoles, debe hacerse con espíritu abierto.

La letra de la Carta Magna es importante, pero lo es aún más su espíritu, que implica la aceptación de todas las ideas que se defiendan de manera pacífica. Así hay que entender la gran manifestación del pasado sábado, que fue un ejemplo de tolerancia y una lección de civismo de la que deberían tomar nota los que se empeñan en convertir al PP en una especie de versión light de Fuerza Nueva.

casimiro.g.abadillo@el-mundo.es