LA multitudinaria concentración en la Puerta del Sol, convocada por el PP, y el vibrante y cuidado discurso de Mariano Rajoy, en defensa de la Constitución, llevan a preguntarnos si alguien ataca la Carta Magna. Cualquier observador de la vida política española habrá comprobado que la Constitución comenzó a ser un texto problemático en el otoño de 2003, cuando todo parecía indicar que se iban a festejar con satisfacción los 25 años de su aprobación. De pronto, como por ensalmo, los partidos de izquierda empezaron a hablar de la necesidad de reformarla, del agotamiento de algunos de sus preceptos, y algún grupo de comunicación y diversos corifeos del mundo de la cultura empezaron a sugerir que la gran pluralidad y diversidad política de nuestra sociedad desbordaba las costuras del texto constitucional. La Constitución de 1978 tuvo unas bodas de plata muy tristes.

En realidad, la visión crítica sobre la Constitución no surgió por casualidad, sino que vino precedida de la puesta de largo del tripartito. Maragall formó el gobierno de coalición más heterogéneo de nuestra democracia, al unir a todos los que habían pasado hambre durante el 'pujolismo', y abrió camino replanteándose las relaciones entre Cataluña y España. La izquierda española dudó ante la propuesta del tripartito, pero como tenía la ventaja de debilitar el Gobierno de Aznar, se sumaron a la aventura de reabrir la Constitución, no tanto por enmendar su letra -que también- como por fraguar un nuevo consenso constitucional, que uniera a todos contra el PP. Una vez más se constató que estar dos o tres legislaturas en la oposición es muy duro: el equipo de Aznar no dudó en abrir en canal los servicios de inteligencia españoles para erosionar al presidente González, y Zapatero y Llamazares plantearon cambiar la ley de leyes para aislar al presidente Aznar.

En el subconsciente de los españoles empezaron a emerger las imágenes de la transición, al juntarse socialistas, comunistas y nacionalistas en un mismo discurso. Esa estampa, rescatada del antifranquismo, venía facilitada por el enroque de Aznar, al pasar de hablar catalán en la intimidad a no recibir a los presidentes autonómicos que no fueran de su partido. La mayoría absoluta hizo perder a Aznar contacto con la realidad.

Tras las elecciones generales del 14-M, las cosas estaban listas para convertir la reforma constitucional en programa de legislatura. Junto a cambios meramente técnicos o anecdóticos, el presidente Zapatero anunció la reforma del Senado y el presidente Maragall exigió que figuraran con su nombre -mejor sería decir con su título: nación, región, etcétera- las comunidades autónomas. Pero más allá de estas reformas, la operación política en marcha consiste en dotar de una gran flexibilidad al texto constitucional, forzando su interpretación, de forma que se pueda ir desvirtuando hasta llegar al ideal expresado por el portavoz del PNV, Josu Erkoreka, en el debate sobre el 'Estatut' en el Congreso de los Diputados, al asegurar que la Constitución no es más que un libro con las páginas en blanco.

Hegemonía nacionalista

El sentido político de las reformas constitucionales consiste en hacer concesiones a los nacionalismos. En la jerga del parlamentarismo se dice que el objetivo es que «se sientan cómodos». Sin embargo, en los veintisiete años de vigencia de la Constitución no hubo ningún cambio en España más importante que la descentralización. Pese a las importantes reformas legales (Estatuto de los Trabajadores, Reforma Fiscal, Ley del Divorcio, etcétera) introducidas en la vida española, nada mudó tanto nuestro país como el fenómeno de la redistribución territorial del poder. Los dos elementos que más transformaron la España democrática fueron el desarrollo económico y la experiencia del autogobierno de las regiones. Si en algo la España constitucional no fue inmovilista es en materia de difundir el poder hacia los territorios.

¿Cómo se puede explicar que en el campo en que se realizaron reformas más importantes surjan tantas insatisfacciones?. A diario, escuchamos decir que hay que introducir reformas en la Constitución y en los estatutos de autonomía de las comunidades históricas porque sus textos se han quedado obsoletos, no responden a las demandas del siglo XXI. Explicar esta aparente contradicción (gran redistribución territorial del poder y grandes quejas sobre la precariedad del autogobierno) nos lleva al asunto de fondo: más de un cuarto de siglo de transformaciones en la España democrática se realizaron bajo la hegemonía del discurso nacionalista. Aquellos anuncios de pasadas por la izquierda, realizados por Alfonso Guerra, o el temor a la contarreforma de la derechona, quedaron en mera retórica, ante la apisonadora del discurso nacionalista. Nada agrupa más a los ciudadanos, nada resulta más intocable, que el credo nacionalista desarrollado en las dos comunidades autónomas que marcan el curso político español. El drama del Estado de las Autonomías es que no ha dado paso a una corriente mayoritaria de partidos sinceramente autonomistas, sino que ha servido de vela para la barca de los nacionalismos.

La estrategia de Zapatero para llevar a buen puerto esta legislatura no pasa de ser un intento por contentar e integrar a todas las expresiones del nacionalismo catalán y vasco: desde Maragall hasta los ex Terra Llure, desde Ibarretxe hasta Otegi. El mismo presidente que hace distingos constitucionales entre 'disminuido' y 'discapacitado', no le inquieta que Cataluña ensaye el traje de la nación en su Estatut. Por eso la Carta Magna es ahora un problema.

Frente a la estrategia de Zapatero y sus aliados nacionalistas, Rajoy ha rendido homenaje a la Constitución. Ahora bien, debe ser consciente el líder del PP que la Carta Magna alude a un territorio mucho más amplio y plural que el kilómetro cero de la Puerta del Sol.