La figura del Defensor del Pueblo va a tener encaje en nuestra comunidad autónoma bajo el nombre de Procurador General. La idea inicial del Gobierno regional era la de elegir al 'ombusdman' por mayoría absoluta, en el caso de que en una primera votación no alcanzara un apoyo del 60% de diputados de la Cámara. Bajo esa premisa el Procurador General quedaba en manos del Gobierno de coalición, ya que presentado un nombre en la Junta General del Principado, y tras una primera votación fallida, saldría elegido en el segundo intento con el respaldo exclusivo de los diputados del PSOE e IU. Al final se ha desestimado esa posibilidad y Asturias contará con Procurador General si se ponen de acuerdo el Gobierno y la oposición, porque hará falta el voto favorable de tres quintas partes (60%) de la Junta General del Principado.

El Gobierno regional ha tomado una sabia decisión, porque la imparcialidad y la independencia del 'ombusdman' sólo existen si responde a un acuerdo político que rebasa las fuerzas del propio Gobierno de coalición. Esta debería ser una ley de oro que informara la composición de todas las instituciones y órganos de control. En las legislaturas en que hay un Gobierno respaldado por mayoría absoluta del Parlamento se corre el riesgo de trasladar esa mayoría de gobierno a todas las instituciones, lo que lleva a una situación paradójica: lejos de existir instrumentos de control sobre el Gobierno, es el Gobierno el que gestiona los instrumentos de control. A escala nacional, los avatares de la opa de Gas Natural sobre Endesa van a ser un buen test.

Para que funcione la norma de las mayorías cualificadas, como la pactada para elegir al Procurador General, se requieren dos renuncias expresas: el Gobierno rechaza la aritmética del 51% y la oposición se inhibe de practicar el filibusterismo. De nada serviría elegir al Procurador General por una mayoría cualificada si la oposición no tiene voluntad de consensuar el nombramiento. En este asunto, PSOE, PP e IU han actuado con altura de miras. Ahora hace falta que el Procurador General pase la prueba del algodón, avale las denuncias fundadas y presente informes críticos sobre el funcionamiento deficiente de las instituciones. En otras palabras: que sea independiente del poder.