El voto en contra del PP y el terrible consenso alcanzado por el PSOE y la izquierda del sistema (IU y ERC) han permitido a Bono y Zapatero ocultar ante los pueblos de España la verdadera esencia de la ley de Defensa Nacional.

El nuevo texto legal atribuye al Ejército dos funciones esenciales: un papel interno -represivo- y un papel exterior -agresivo-, consolidando al Ejército español como garante de un sistema político y de un orden internacional imperialista.

Entre las funciones internas, destacan las previstas en el artículo 14, que, en consonancia con el artículo 8 de la Constitución, atribuye al Ejército el papel de garante de la integridad territorial y del orden constitucional establecido. Todo ello bajo el mando supremo del Rey y siendo el presidente del Gobierno, y no el Parlamento, el encargado de formular la «directiva de defensa nacional», instrumento que define la estrategia militar del país.

La ley aprobada por la izquierda sistemática mantiene la jurisdicción militar, los viejos juzgados togados militares, incluso en tiempos de paz. Jurisdicción en la que, por su propia naturaleza, no se garantizan los principios de imparcialidad e independencia que deberían caracterizar la administración de justicia de un país democrático. Al mismo tiempo, el Ejército se regirá por el denominado «código de conducta», determinado por principios ideológicos establecidos en el artículo 19 de la ley y que harían las delicias del propio Millán Astray: «Amor a España», «honor, disciplina y valor», «entrega de la vida» (...), y por las futuras ordenanzas militares, verdadero esqueleto del régimen interno, que, según el artículo 22, serán aprobadas por el Gobierno vía reglamento y no por el Parlamento.

Ningún cambio se introduce respecto al carácter militar de la Guardia Civil, prevista en el artículo 22 atendiendo al viejo modelo de Policía Militar. Lejos quedan las promesas dadas al cabo Rosas y al sindicato de la Guardia Civil o las aspiraciones de desmilitarización de un cuerpo cuyo nombre provoca horribles recuerdos a los sectores más avanzados y democráticos de nuestro pueblo.

Las funciones exteriores ocupan buena parte del articulado de la ley, regulando las formas de participación del Ejército español en las intervenciones imperialistas; las eufemísticamente denominadas «misiones», cuyos tristes y catastróficos efectos en Yugoslavia, Irak, Afganistán o Haití son sobradamente conocidos. De hecho, la coartada ideológica que ampara estas «misiones» no es otra que la lucha contra el terrorismo, aportación de George W. Bush, introduciendo en los artículos 15 y 18 el principio de guerra preventiva al afirmar que el Ejército Español podrá participar en misiones «...defensivas, humanitarias, de estabilización o mantenimiento y prevención de la paz». Pero no sólo en las aprobadas por la ONU, como se intenta hacer creer a la opinión pública, sino, muy en particular, en las que así decida la Unión Europea o la OTAN, con lo que nuestros queridos «demócratas» sitúan en un mismo nivel a Naciones Unidas y a la OTAN o la UE como superestructuras capaces de aplicar la vieja política del garrote.

La ley viene a justificar, avalar y favorecer la participación española en las nuevas guerras imperialistas, justificando su licitud en la múltiple participación de naciones o en el acuerdo de los centros de decisión geoestratégica del imperialismo, asumiendo ideológicamente la doctrina de la «soberanía ampliada» o la «extraterritorialidad de la soberanía», permitiendo proteger las inversiones de sus empresas frente a la legítima soberanía de los estados empobrecidos y dominados o que representan un modelo diferente de desarrollo no autorizado por los defensores del capital financiero.

Para tales «misiones» no siempre será necesaria la autorización parlamentaria. En casos de urgencia, podrá ser ratificada la participación española con posterioridad, sin que se prevea qué sucedería en caso de que tal ratificación no llegase a producirse. El artículo 19, además, se caracteriza por una ambigüedad calculada: «...las fuerzas armadas pueden realizar misiones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de España».
Cabe plantearse algunas preguntas al respecto: ¿puede intervenir el Ejército para defender los intereses de Repsol en Venezuela, bajo el pretexto de tratarse de «intereses vitales»? ¿Cuáles son esos intereses «no relacionados con la defensa de España» que pueden mover al Ejército a intervenir en el exterior? Ante éstas y otras preguntas formuladas por sus votantes, deberán responder Gaspar Llamazares, IU-PCE y ERC.

Si a lo anterior unimos el preocupante margen de actuación otorgado a los servicios de inteligencia; las exigencias de aumento del presupuesto militar que la noqueada Constitución europea promueve, y que ya se plasma en el proyecto de presupuesto para 2006 con el aplauso nuevamente de IU-PCE Y ERC; o la renovación del tratado bilateral con los Estados Unidos, el papel imperialista de España queda claramente definido.

En resumen, ésta era la ley que el nuevo Ejército profesional (diseñado por el PP) necesitaba para continuar sirviendo al imperialismo. Una nueva ley para consolidar el aparato represivo definido en la Constitución monárquica y en la de la Europa del capital y la guerra.

Frente al modelo de la oligarquía y de la izquierda cooptada por el sistema, se hace necesario recordar aquella máxima de la Constitución republicana de 1931 que renunciaba a la guerra como instrumento de política exterior, es preciso continuar la lucha por el reconocimiento de derechos políticos y sindicales para la tropa; luchar por la democratización del Ejército y por el reconocimiento de mecanismos jurídicos que garanticen el respeto a los derechos humanos en la práctica militar, tanto dentro como fuera de los cuarteles; es necesaria la disolución de la anacrónica Guardia Civil; es preciso defender la soberanía nacional frente a las bases militares y a la supeditación a estructuras imperialistas como la OTAN o el «euroejército»; es preciso, en definitiva, trabajar por un Ejército identificado con los intereses de las amplias capas populares de nuestro país y educado en valores de paz, democracia y progreso, y no sometido por disciplinas irracionales y valores reaccionarios a los intereses oligárquicos.

En estos términos se plantea hoy la lucha por un Ejército democrático frente al modelo imperialista promovido por el Gobierno del PSOE, con el apoyo de IU y ERC, y el patético lamento de un esquizofrénico PCE cuya tímida y debilitada voz se limita a decirle a su criatura (IU) que debió abstenerse, ¡qué vergüenza!

Rafael Velasco y Raúl Martínez Turrero (abogados y militantes del PCPE-Asturies).