LOS ministros del Interior de la UE alcanzaron ayer en Bruselas un acuerdo para que las operadoras telefónicas y los servidores de correo electrónico retengan entre seis y veinticuatro meses los datos de las comunicaciones telefónicas y por ordenador para luchar contra el terrorismo. Puede que, como sostienen legítimamente los ciudadanos más conservadores, las personas honradas no tengan nada que ocultar. Y puede que quienes son más vulnerables ante la inseguridad ciudadana no se sientan especialmente perturbados al saber que sus conversaciones -de negocios, familiares, profesionales, entre amigos o entre amantes, así como todas las páginas web que visitan- van a ser grabadas y los Gobiernos podrán tener acceso a su contenido con una orden judicial. Pero no hay que ser especialmente progre para darse cuenta de que esa decisión pone en sus manos unas posibilidades inmensas de control de la intimidad de los individuos y choca frontalmente con el principio constitucional que en toda la UE garantiza el secreto de las comunicaciones.

Lo de menos es quién paga los costes, si las operadoras o los Gobiernos (es decir, los ciudadanos con sus impuestos), algo que debe ser decidido todavía por el Parlamento Europeo. Lo importante es que el volumen de información es tan inabarcable que exigiría unos servicios de control y escucha mayores que en tiempos de guerra. Sólo en España circulan cada día 90 millones de correos electrónicos. Por lo demás, es probable que la decisión no tenga siquiera efectos disuasorios, porque los criminales emplearán códigos y claves indescifrables. Es tal la desproporción entre lo que la medida significa en términos de pérdida de libertades, imposibilidad de gestión y costes, en comparación con la eficacia que cabe esperar de ella, que hay que decir a los gobernantes que su miedo y su falta de imaginación están logrando lo que el terrorismo pretende: desmantelar las democracias occidentales. Lo decía Ortega: «¡No es eso, no es eso!»