El Gobierno del Principado ha demostrado esta semana que puede negociar un buen traspaso de competencias y sacarle al Ejecutivo central más dinero por ellas de lo que en un principio estaba dispuesto a dar. Lo que no está tan claro es que disponer de las competencias de justicia vaya a hacernos a los asturianos más dueños de nuestro propio destino. A partir de ahora podremos construir nuevos palacios de Justicia, pero de poco servirán si Madrid no envía jueces para trabajar en ellos. El próximo objetivo es lograr el traspaso de la gestión de canales de puertos, otro hito en el camino hacia el autogobierno. Las Comunidades Autónomas se han apuntado a una carrera en la que sólo parece contar el cuanto más, mejor.

Cantidad no es sinónimo de calidad. En tiempos de reparto de las políticas del Estado no resulta políticamente correcto hablar de la devolución de competencias, pero ya suenan algunas voces, tímidas, que no lo descartan. Es evidente que como ciudadanos nos beneficiamos de que determinadas gestiones públicas se acerquen físicamente a nosotros, pero también resultan evidentes los riesgos de la multiplicidad de legislaciones. Con diecisiete legisladores se multiplican por diecisiete las posibilidades de que la ley resultante sea una chapuza. No es habitual, pero el camino de la transferencia de competencias puede ser de ida y vuelta. La Junta de Andalucía le retirará al Ayuntamiento de Marbella las competencias en materia urbanística tras haber autorizado en los últimos años la construcción de miles de viviendas declaradas ilegales por los tribunales. Ante semejante incompetencia, hay mecanismos que permiten desandar el camino. Para algunos será un atentado a la autonomía local, para otros no es más que la aplicación del sentido común y un aviso para navegantes.