Yo no estoy en la política para forrarme». Así comenzó el ministro Montilla su discurso en el Pleno del Congreso donde la oposición popular le exigía cuentas por la condonación al PSC de nada menos que 6,7 millones de euros por parte de la Caixa de Cataluña.Los diputados socialistas aplaudieron con entusiasmo. Y es que para los socialistas su ministro es un hombre honrado.
Sin embargo, no es la económica la única manera de «forrarse».Para un político la acción política requiere dinero, mucho dinero.Un partido necesita contar con medios humanos y materiales de cierta envergadura si quiere tener una presencia activa en la sociedad. El objetivo de un partido es conquistar el poder para los suyos. Es la única forma de conseguir la traslación real a la sociedad de sus ideas y programas.

Cuando el PSC concertó con la Caixa a finales de los años 80 los créditos vencidos el 30 de enero de 1994, consiguió por este medio una ingente cantidad de dinero. Eso le permitió competir en el mercado político en mejores condiciones que otros. El PSC se benefició, por tanto, de esta fuente de financiación. Pero el PSC no es una organización abstracta, puesto que la integran personas concretas. Sus dirigentes tienen nombre y apellidos.De los créditos vencidos y no cobrados por la Caixa se beneficiaron todos ellos. Destacan Pasqual Maragall y José Montilla, presidente y primer secretario respectivamente. Desde el punto de vista personal, ambos han visto colmadas sus aspiraciones políticas.Tienen poder y lo ejercen. Y el poder, para algunos, es mucho más importante que el dinero.

Pues bien, para garantizar la libre concurrencia y la igualdad de oportunidades inherentes al pluralismo político, así como para evitar la corrupción, existe la ley reguladora de la financiación de los partidos. El legislador español optó en 1987 por establecer un sistema mixto, basado en las subvenciones públicas y en las donaciones privadas. La izquierda quiso limitar -y en buena parte lo consiguió- la financiación privada. Su razonamiento era muy simple. Como por regla general los millonarios son de derechas, si sólo hubiera financiación privada la izquierda quedaría en inferioridad de condiciones. Por otra parte, las subvenciones públicas garantizan en mayor medida la independencia de los partidos frente a los grupos de presión.

Hasta aquí la teoría. El resultado ha sido muy distinto. Mientras el Partido Popular y su socio Unión del Pueblo Navarro, gracias a una buena administración de las subvenciones públicas, gozan de una envidiable salud financiera, los partidos de izquierdas y la mayoría de los nacionalistas se encuentran endeudados hasta las cejas. Más aún, quienes ponían en solfa la existencia de donaciones privadas no han vacilado en recurrir a esta fuente de financiación, aunque a costa de gravísimas violaciones de la Ley de Financiación. Una deuda condonada por una entidad bancaria es una donación nominativa. Pero el límite por persona y año son 60.000 euros. Al conceder al PSC la remisión de 6,7 millones de euros, tanto el donante como el donatario han violado la ley.Ahora bien, como en la vigente ley no hay ningún capítulo relativo a cómo han de aplicarse las multas por financiación ilegal, la impunidad es total.

En el caso de la Caixa y Montilla concurre otra circunstancia de especial gravedad. José Montilla, además de primer secretario del PSC, es ministro de Industria del Gobierno de la nación.La Caixa controla Gas Natural y ésta ha lanzado una OPA sobre Endesa. No está claro si la OPA es o no conveniente desde el punto de vista económico y si afecta o no a la libre competencia en materia energética. Hay opiniones encontradas. En consecuencia, la última palabra la tiene el Gobierno y, más en concreto, el ministro Montilla. En este contexto la condonación acordada por la Caixa tiene una especial gravedad.

«De gente bien nacida es agradecer los beneficios que reciben, y uno de los pecados que más a Dios ofende es la ingratitud», decía Don Quijote, tan admirado por el presidente Zapatero. Y Montilla, dicen los socialistas, es un hombre honrado. Luego es un hombre bien nacido y, por tanto, agradecido. Por eso ha anunciado su intención de no abstenerse en la resolución de la controvertida OPA.

Las buenas relaciones entre la Caixa y el PSC no son de ahora.Se remontan a bastante tiempo atrás. Permítanme hacer un ejercicio práctico de recuperación de la memoria histórica, ahora que está tan de moda. En 1994 vencieron los dos créditos objeto de la actual condonación. Pero no pasó nada. No hubo el menor requerimiento de pago. El PSC tampoco tuvo la menor inquietud. Los administradores de la Caixa siguieron las recomendaciones de Don Quijote y se portaron como bien nacidos. ¿Cómo no iban a hacerlo si estaban en trance de alcanzar una «solución global» con el ministerio de Hacienda para resolver el gravísimo problema de las primas únicas donde estaban en juego 70.000 millones de pesetas y por tanto la viabilidad de la propia Caixa? Más aún.

La Caixa, además de este contencioso, mantenía otro con Hacienda por un producto financiero denominado cartilla PTI. La cuantía del litigio era de 20.000 millones de pesetas. El primero y segundo asalto judicial lo había ganado la Caixa, pero los servicios jurídicos del Estado interpusieron recurso de casación. Era el último cartucho para defender los intereses legítimos de la Hacienda.Desde Barcelona hubo fuertes presiones. Incluso se movilizó el presidente Pujol. Al final, todo cristalizó en una «solución global» promovida por el entonces ministro Solbes.

El tema de las primas únicas quedó zanjado sin morder a la Caixa y en el asunto de la PTI se acordó la retirada del recurso de casación ante el Supremo. El entonces director general de la Agencia Tributaria se manifestó contrario a esta insólita decisión y dimitió. La prensa vinculó su negativa a retirar el recurso con su dimisión, aunque el interesado lo negó. Fue sustituido por Juana Lázaro, miembro del Gabinete del ministro Solbes y actual subsecretaria del Ministerio de Hacienda. Nueve días después de su toma de posesión, siguiendo los dictados del ministro, la señora Lázaro -sin contar con ningún informe jurídico- ordenó la retirada del recurso. La Caixa tenía, pues, muchos motivos para el agradecimiento. Igual que ahora.

En el horizonte de este turbio asunto aparece el Código Penal.Cualquier fiscal dispuesto a defender la legalidad encontrará raro que, después de 10 años de inactividad, la Caixa haya decidido perdonar al partido gobernante tanto en Cataluña como en el resto de España 1.100 millones de las antiguas pesetas. Hacerlo cuando la entidad acreedora se encuentra inmersa en una de las operaciones financieras más importantes de la historia de nuestro país. Seguramente, el fiscal encontrará motivos para echar un vistazo al artículo 291 y siguientes del Código Penal relativos a los delitos societarios donde se incluyen los cometidos por los administradores de las cajas de ahorro o al artículo 429 sobre tráfico de influencias cometido por particulares. Y estoy seguro de que, a estas alturas, el fiscal anticorrupción, siempre vigilante sobre todo cuanto acontece, estará recopilando jurisprudencia sobre los artículos del Código Penal donde se establece para los funcionarios públicos la prohibición de recibir dádiva -y la condonación lo es- por hacer alguna cosa aunque no esté prohibida ni sea ilegal.

Sin duda, el ministro Montilla es un hombre honrado, agradecido y bondadoso. Pero este asunto apesta a corrupción pura y dura.La historia se repite.

Jaime Ignacio del Burgo es diputado del Partido Popular.