CALVIÁ, Barcelona, Caracas... Los titulares del día invitan a escribir sobre la política exterior del Gobierno socialista. Me temo que se termina pronto. Alianza sin aliados. Mediterráneo sin orillas. Europa sin fondos. América sin americanos... Conceptos vacuos que flotan fuera del espacio y el tiempo: diálogo, progreso, cooperación. Cortinas de humo. Al final, nada. La columna sigue en blanco, así que toca discutir de nuevo sobre identidades y estatutos. Los españoles siempre hablamos de lo mismo, pero es porque no nos dejan hablar de otra cosa. Nos ocurre como al desdichado cónsul inglés de Malcolm Lowry, siempre bajo el volcán: «Veo que la tierra anda. Estoy esperando que mi casa pase por aquí para meterme en ella». Si perdemos esta vez el tren de la historia, no podremos echar la culpa a nadie, aunque tal vez nos consuele coincidir en el furgón de cola con algún vecino remilgado. El caso es que la tramitación del Estatuto catalán entra en fase de penumbra: se negocia a tres o cuatro bandas y al menos en dos niveles, uno de ellos «con» y otro «sin» repertorio jurídico sobre la mesa. Siempre al servicio de la causa, los juristas de plantilla pelean entre sí por dejar su huella en el producto definitivo. Habrá Estatuto y nos dirán que es constitucional, aunque diga nación, arrincone al Estado y borre la solidaridad.

¿Qué es una Constitución? La mejor respuesta no procede de Ferdinand Lassalle, el teórico socialista alemán que se hacía hace tiempo esa misma pregunta. Mi generación aprendió de los maestros en el derecho público y en la ciencia política que la Constitución es una norma jurídica y no una declaración retórica de buenas intenciones. Como se dice tantas veces, es norma fundamental, ley de leyes, cúspide del ordenamiento. Por eso, si dice nación española, integrada por nacionalidades y regiones, no cabe ninguna otra nación ni política, ni cultural, ni deportiva ni de otro tipo. Es sólo un ejemplo entre muchos posibles. Pero hace años que está en marcha un proceso de degradación de la Constitución como norma suprema. Entre otros motivos, por causa del concepto multiuso de «bloque de la constitucionalidad» y por la equiparación excesiva de la palabra del intérprete principal (esto es, el Tribunal Constitucional) con la voluntad material del poder constituyente (la nación española, en uso de su soberanía). No se trata de una discusión erudita, sólo apta para leguleyos. Las consecuencias políticas son evidentes: ahora se pretende cambiar la Constitución sin alterar una sola coma del texto. Por eso Zapatero le da poca importancia a la reforma, imposible además -como es notorio- sin el acuerdo del PP. Otro salto hacia atrás. Otra vez la carta magna convertida en adorno literario, símbolo de una soberanía que se diluye. Es el momento de defender la Constitución de 1978 como expresión jurídica suprema de ese sujeto constituyente único que se llama España.