El señor Areces, presidente del Principado de Asturias, hace unas declaraciones el 8 de octubre del presente -en este periódico: «Álvarez Areces advierte de que la autopista eléctrica se construirá, porque si no Asturias tendría un problema gravísimo, industrial y de futuro». Hizo un llamamiento a la «sensatez» y apeló al interés general de la sociedad para encontrar una solución que permita desbloquear el conflicto del tendido de la línea de alta tensión Lada-Velilla.

Sobre lo razonable y no razonable, el señor Areces elogia la postura del grupo ecologista FAPAS, que planteó alternativas a Red Eléctrica. Entre otras cosas dice: «Eso es lo razonable, y eso es a lo que hay que estar muy sensibles y escuchar lo que puedan mejorar los trazados y que tengan el menor impacto posible». Para los que se oponen dice lo siguiente: «No veo en absoluto razonable que la gente se oponga y no quiera que pase por ningún sitio, dicen ellos, ni por abajo ni por arriba. Podrán comprender... para eso en las sociedades democráticas están los intereses generales y la defensa de esos intereses generales». A tal respecto hay que preguntarle al señor Areces:

1.º ¿Son intereses generales que los empresarios de las térmicas acumulen grandes beneficios y a su vez recibir millonarias subvenciones sin invertir en nuevas tecnologías que permitan reducir los gases y partículas que sus chimeneas expulsan a la atmósfera perjudicando gravemente la calidad del aire, del suelo, del agua, de nuestra salud y no respetando las normas establecidas?

2.º ¿Por qué las exigencias de las plataformas leonesa y asturiana contrarias al paso de la línea Lada-Velilla por sus territorios no son razonables sus alegaciones? ¿Es «insensato» considerar que el trazado pactado entre Asturias y León daña el paisaje? ¿No han sido razonables las alegaciones de la Asociación Cántabra de Afectados por la Alta Tensión al Consejo Europeo? ¿Quiénes han tenido «razón» ante el Tribunal de Justicia europeo?

3.º ¿Si España ha sido condenada por el Tribunal de Justicia europeo por no cumplir las obligaciones que le incumben, en virtud de la directiva 85/337/CEE del Consejo, teniendo en cuenta las quejas de la asociación de afectados por el tendido de la red entre Asturias y el País Vasco, conocido como el Corredor del Norte; no sería acertado evitar que este Tribunal de Justicia europeo condene al Principado de Asturias por hechos parecidos?

Señor Areces, criterios sobre los efectos nocivos de los tendidos eléctricos y los daños que se derivan de los mismos existen varios, todos muy «razonables» y respetables, pero, los ciudadanos en general es lógico que estemos preocupados y solicitemos información de lo que puede pasar con las líneas de alta tensión y prevenirnos de sus repercusiones en nuestros entornos naturales. ¿Es que la «razón» tiene que estar siempre a favor del poder político, de sus instituciones y de las grandes empresas, en este caso las eléctricas? Ilustremos con un hecho. Seguro que hay muchos más.

El Colegio de Ingenieros Industriales (leído en un informe) considera que las distancias de seguridad son 5 metros para una línea eléctrica y de 7 para una de muy alta tensión (380 KV), que son muy peligrosas para la población.

Los criterios de seguridad sanitaria recomendados por el Instituto sueco Karolinska -de gran prestigio internacional- y diversos países consideran que el pasillo de seguridad de una línea de alta tensión debe ser, al menos, de un metro por cada KV, o sea (para entendernos) que en un tendido eléctrico de 110 KV deberá excluirse la presencia humana en una franja de 110 metros a cada lado de la línea de alta tensión, y en una de 280 KV, será de 380 metros a ambos lados del eje.

Señor presidente, ¿cuál es lo «sensato» y «razonable»: los 7 metros que recomienda el Ilustrísimo Colegio de Ingenieros Industriales o los 380 metros que aconseja el prestigioso Instituto Karolinska de Suecia y otras instituciones internacionales?

Este Colegio de Ingenieros Industriales también dice: «Las líneas eléctricas son inocuas y si no aceptamos más líneas de alta tensión estaremos frenando el progreso...». ¿Qué progreso? ¿Es «progreso» y «sensato» el propio sistema de distribución, Red Eléctrica Española (REE), que es responsable de perder más del 30 por ciento de la energía producida, por la ineficiencia del transporte eléctrico a larga distancia? ¿No se debería de plantear un debate con detenimiento sobre el propio sistema energético nacional? ¿Por qué siempre hay que proteger los intereses económicos de las empresas eléctricas en detrimento de los ciudadanos?

Los ciudadanos tenemos que sufrir las consecuencias de la contaminación atmosférica: humos, gases, partículas en suspensión..., la contaminación de los suelos, el agua y la contaminación electromagnética. ¿Cumplen estas empresas con el Protocolo de Kioto? ¿Cuánto han invertido para mejoras ambientales? ¿Respetan la reducción del dióxido de carbono (CO2) recomendado por las directivas europeas?

Ahora nos quieren secuestrar el CO2 y mandarlo a la profundidad de la Tierra. No se conforman con alterar y contaminar nuestro entorno visible, aire, agua, suelo, la fauna y la sauna, sino que tienen que proyectar más riesgos desconocidos. ¿Qué pasará con las aguas freáticas y los acuíferos; habrá que contaminarlos? ¿Por qué quieren secuestrar el CO2? Sin lugar a dudas para beneficiar a las grandes empresas, como las eléctricas, que les resultan insuficientes los astronómicos beneficios que tienen. Pero, ¿quiénes van a pagar los gastos de este experimento y quiénes sufrirán las consecuencias del mismo. Los trabajadores, los autónomos, los profesionales... etcétera, aplicándoles altos impuestos. Sufrir las consecuencias de poner en peligro las reservas de las aguas freáticas y acuíferos existentes en nuestro subsuelo.

Solamente nos valemos de las experiencias de Noruega y Canadá en yacimientos de petróleo abandonados del Gobierno de EE UU interesado en buscar proyectos para continuar censurando el Protocolo de Kioto, el Gobierno de Francia y el de Inglaterra. ¿Cuántos institutos de investigación científica de prestigio internacional han avalado este proyecto? ¿Es que los ciudadanos seremos «insensatos» si exigimos a quienes tratan de poner en marcha tal proyecto y que el señor Miguel Ángel Zapatero, jefe del proyecto CO2 del Instituto Geológico y Minero nos certifique que no hay riesgo alguno, de perder nuestras aguas freáticas y acuíferos, de poner en peligro nuestro suelo y que el gas metano existente en el subsuelo pueda intervenir negativamente en nuestra existencia? ¿Y las subvenciones millonarias... para este proyecto?

Señor Areces, lo razonable y lo sensato es relativo.