Ejemplo de corrupción política, de Joan Boada en El Periódico
La sentencia de la Audiencia de Barcelona sobre el caso Turisme ha sido ejemplar. Ha condenado a prisión a 10 personas, 9 de ellas militantes de Unió Democràtica (UDC), por falsedad y malversación de fondos públicos (casi un millón de euros) del Consorci de Turisme de Catalunya, organismo dependiente de la Conselleria de Turisme, dirigida entonces por un conseller de Unió, Lluís Alegre.
La trama de corrupción política empieza en 1992 y se extiende hasta el 1995. Consistía en que el director del consorcio, Joan Cogul, contrataba y pagaba informes sobre turismo a empresas que no tenían ni experiencia ni personal ni medios para realizarlos. Estos informes eran simples fotocopias de otros trabajos o publicaciones del mismo departamento de Turisme, y el dinero iba a parar a los bolsillos de familiares o amigos, todos de Unió.
Estas empresas (Gestumer, Socesca, Passenger y Global Bussines) eran gestionadas por personas que militaban en UDC, y todas ellas tenían su domicilio social o el domicio efectivo de su actividad en FECEA (Fundació Empresarial Catalunya Europa América), vinculada a Unió, según reconoció Cogul en la declaración prestada en la fase de instrucción.
El propio tribunal dice que la actuación de Cogul era impulsada "por indicaciones de sus superiores de la conselleria" (en manos de Unió) o de los "responsables orgánicos del partido", o sea Unió. Se confirma que desde UDC se organiza una trama de corrupción política basada en el robo de fondos públicos que iban a parar a los bolsillos de los militantes o a los del partido. El tribunal reconoce que no puede saber si el destino final era uno u otro, o ambos.
ADEMÁS, en otro juzgado de la Audiencia de Barcelona aún está en marcha el juicio por una trama similar, en este caso de la Conselleria de Treball, también en manos de UDC (conseller Ignasi Farreres). Uno de los condenados en el caso Turisme, Víctor Manuel Lorenzo Acuña, de UDC, también está implicado a través de su empresa Gestumer en el mismo procedimiento fraudulento: cobrar dinero público por informes ficticios. Por cierto, su abogado también lo es de Josep Antoni Duran Lleida y Josep Sánchez Llibre.
Y no podemos olvidar, además, que en el periodo de investigación judicial desaparecieron 2.500 expedientes de contratación de la Conselleria de Turisme dirigida entonces por Antoni Subirà, de CiU.
Se ha hablado mucho de la corrupción en el ámbito de la política y pocas veces se ha podido demostrar. Desde ICV, siempre que hemos tenido indicios delictivos los hemos llevado a los tribunales (Filesa, Casinos, Banco Santander, Treball). Este caso ha culminado porque denunciamos los hechos, junto con CCOO, y nos presentamos como acusación particular. En la calificación propusimos cuatro años de cárcel para cada acusado. Nuestra petición al juez para que dictara una sentencia ejemplar, ya que se trataba de un caso de corrupción política, fue escuchada y la mayoría de acusados entrarán en prisión.
Recuerdo la discusión parlamentaria en los trabajos de la comisión de investigación del caso Carmel, donde se añadió el presunto cobro de comisiones por obras por parte de algunos partidos. Muchos editoriales y algunos partidos políticos nos azotaban porque no lográbamos hallar indicios de corrupción política. Algunos decían que los partidos nos protegíamos y nos conjurábamos para que no saliese nada, para taparlo todo. La verdad es que nadie, ni empresarios del sector ni políticos, dijeron nada, ni nadie denunció ninguna actuación de corrupción (salvo el caso de Josep Maria Penín, que implicaba a Felip Puig, de CDC).
Ahora que sí que se ha dictado una sentencia clara contra un partido por malversación de fondos públicos, aquel rumor indignado ha callado. No he visto muchos editoriales ni artículos pidiendo responsabilidades a los incitadores de la trama de corrupción. ¿Qué ha ocurrido? Carme Fargas, viuda de Cogul, implicada en el caso, reconoce que UDC le pagaba 100.000 pesetas al mensuales para que callase. ¿Y nadie denuncia públicamente a los dirigentes de Unió?
CREO QUE, por dignidad personal y por ética política, Duran Lleida y la cúpula directiva de UDC deberían dejar sus cargos públicos y de partido y asumir sus responsabilidades. Es la única salida digna para un caso que ha acabado con el suicidio de uno de los implicados y nueve militantes de Unió en prisión. Nada de eso ha ocurrido hasta ahora. Al contrario, los dirigentes de UDC han proclamado su inmaculada inocencia y se sienten perseguidos. Tanto cinismo hace daño a la democracia y a la credibilidad de los políticos. Sólo pensar que los dirigentes de CiU, Artur Mas y Duran Lleida, son una alternativa al actual Govern nos pone los pelos de punta. Espero que la ciudadanía ponga en su lugar a los inductores de la trama de corrupción. Amén.
JOAN Boada. Diputado y portavoz del Grupo ICV-EA en el Parlament de Catalunya.
