Según las crónicas, al PSC de José Montilla, ministro de Industria del Gobierno de Zapatero, la Caixa le ha perdonado una deuda de 6,5 millones de euros y, según certidumbres, a estas alturas hay mucha gente, sobre todo clientes de la entidad, que aún está esperando que le aclaren lo ocurrido. Esto de pedir explicaciones suele ser muy molesto porque las salpicaduras, a veces, llegan hasta donde los implicados no quieren verlas llegar. Mientras puedan y les dejen, su eslogan preferido es que la murmuración pasa y el dinero queda en casa.
Sirviendo de telón de fondo al espectáculo ofrecido por el beneficiado del que hablo, hay un segundo protagonista que desfila sobre la escena y al que no puedo evitar en este comentario. Me refiero a la mano que perdonó la deuda, de cuya siembra esperaba una fabulosa cosecha, salvo que alguien le aguase la fiesta al investigar más de la cuenta, como ha pasado. A tenor de las informaciones publicadas, la historia es que la caja de ahorros en cuestión, o sea, la Caixa, condona la deuda al PSC para propiciar que éste, que es parte del Gobierno, pues no en vano hay un ministro suyo en el gabinete, haga lo posible para que una empresa llamada Gas Natural compre a la competidora denominada Endesa con el dinero de sus clientes, a los que, llegado el vencimiento de un crédito y por muy agobiados que estén, no se les perdona ni un céntimo de euro. La operación se redondea cuando la Caixa recobra con creces el dinero invertido y con los ahorros de fulano, mengano y zutano el partido favorecido engorda sus arcas. Después, llegado el momento de rendir cuentas, la Caixa responde: ¿cómo vamos a llevar la contraria a nuestro cliente, el ministro que tan alta vara tiene? Los clientes, aunque estupefactos, se aguantan, que para eso están. Pese a que el Banco de España dice que no hay leyes que justifiquen condonaciones a partidos políticos, la Caixa califica la operación de «ayuda a instituciones de interés público o social», situación que llega al punto límite y paradójico cuando nadie puede evitar su admiración por el ministro que resulta ser el más listo.

El lector debe reconocer conmigo que es más fácil y menos arriesgado ejecutar créditos impagados a empresarios en apuros y hasta ensañarse, si llega el caso, con familias asfixiadas por la hipoteca de su casa que aplicar el demagógico principio de que todos somos iguales y, por tanto, reclamar deudas a un partido político aunque haya hecho sobrados méritos para embargarle hasta el mobiliario de su sede. A lo que parece, la norma de no aplicar la misma vara de medir a todos los clientes es práctica corriente en algunas entidades bancarias. Bien es verdad que cada cual tiene sus hábitos, pero no es menos cierto que los malos hábitos pueden acabar hartando al personal.

El ministro Montilla y su penosa situación -según las encuestas, un 47% de los españoles pide su dimisión- tal vez pudiera ser el símbolo elocuente de la salud de nuestro sistema democrático.Al parecer, en otros países las costumbres son diferentes y en cuanto un político es pillado con los pies fuera del plato, se va para su casa. En Gran Bretaña -que, ciertamente, no es un modelo en bastantes aspectos- hace un mes le dieron puerta a un ministro llamado Blunkett porque supuso que una parte del monte era orégano y no notificó en debida forma que poseía un pequeño paquete de acciones en una empresa a la que había agraciado con un par de caprichosas resoluciones. Aquí, por lo que se ve, son otros los usos y otras las reglas del juego. Aquí, mientras no cambien las estructuras mentales de muchos españoles, la ley del embudo sigue siendo norma, casi, casi, de rango constitucional.

España es un país asombroso y a mí, que creo conocerlo bien, no consigue sacarme de mi asombro. No me parece que la situación sea tan dramática como nos describe Raúl del Pozo cuando dice que «la política sigue siendo un cine de sesión continua donde siempre ponen El exorcista y al final la niña inocente echa mierda por la boca», pero lo que sí pienso es que una de las cosas más pasmosas de este país es la capacidad de superación que algunos tienen en el difícil arte de la picaresca, que, al menos en teoría, debería haber desaparecido para siempre con la democracia. Sin embargo, a la vista está que no ha sido así y que la propia pillería de algunos demócratas, tan puros y aseados ellos, ha supuesto no poco desengaño para quienes, en su honesta manera de entender la política, opinan que los pícaros deberían ser desterrados de tan noble tarea. Pese a supuesto tan triste, quizá fuera conveniente distinguir entre quienes aspiran a un Estado social y democrático de Derecho, que son los más, aunque su tímida voz no sea escuchada, y quienes confunden al Estado con una sociedad -preferiblemente anónima o de responsabilidad limitada- con la que hacerse ricos.Por fortuna, aún quedan muchos españoles que, a falta de otras virtudes, no han metido la mano en la bolsa ajena ni tienen la intención de hacerlo.

Quienes más saben del asunto, o sea, los politólogos y sociólogos, dicen que mucha culpa de situaciones como ésta que comento la tiene la financiación irregular de los partidos políticos, lo que da pie a que se hable de voracidad insaciable, bulimia enfermiza y hasta de gansterización de la política. Al parecer, esos colectivos necesitan para vivir sumas de dinero que no están en las herméticas casillas del Presupuesto del Estado, aunque sí en las previsiones de donantes anónimos y no anónimos -la mayoría pertenecientes al gremio empresarial- que realizan aportaciones a cambio de favores proporcionales a la cuantía del impuesto. No tengo datos para asumir esta tesis, pero si fuera exacta, sin dejar de admitir que existen muchos políticos honrados, debería precisarse que cabe que el mal sea un accidente de la democracia. Para Voltaire, la pasión de dominar es la más terrible de todas las enfermedades del espíritu humano y en cualquier manual de instrucciones del capitalismo puro y duro, la primera y más importante recomendación es: «Si usted, político, quiere poder en gran escala, necesita dinero en gran escala».

Vaya por anticipado que no pretendo acusar a nadie y que si hay algo que presumo es la probidad de quienes se duda haberse comportado honradamente, pero, a mi juicio, el caso, por lo que hasta ahora se sabe, bien merecería ser diseccionado con el bisturí del Derecho.La manera tan cómoda y fácil de perdonar ese montón de millones prestados, las circunstancias en que se hizo, la posición de privilegio que ostentaban sus protagonistas, son secretos, cuyas cerraduras, pienso yo, habría que fracturar para averiguar si los hechos no pasan de ser una condonación de deuda, sometida al régimen de las donaciones inoficiosas, según dispone el artículo 1.187 del Código Civil, o, por camino distinto, encajan mejor en el tipo delictivo del artículo 295 del Código Penal. Es decir, si ha habido responsables de la Caixa -y, en su caso, quién ha sido-, «que en beneficio propio o de un tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo, dispongan (ha dispuesto) fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraído obligaciones a cargo de ésta causando directamente un perjuicio econonómicamente evaluable a sus socios, depositarios -debe entenderse, depositantes-, cuentapartícipes o titulares de los bienes, valores o capital que administren ( )». Como afirma la sentencia del Tribunal Supremo 84/2003, de 13 de mayo, en ponencia del magistrado señor Martín Pallín, a diferencia de la apropiación indebida, «la administración desleal supone una conducta que, por la vía de la utilización de la posición gestora en el seno de la sociedad, se procura el administrador beneficios o ventajas, a costa de realizar operaciones beneficiosas para sus intereses, que se debían haber formalizado exclusivamente a favor de la sociedad». Y concluye: «De esta manera se le ha privado de unos resultados positivos, que se hubieran producido, si la gestión hubiese sido fiel y leal». Por si alguien tuviese dudas al respecto, debo advertir que el artículo 297 CP señala, expresamente, que «a los efectos de este delito se entiende por sociedad toda cooperativa, Caja de Ahorro, mutua, ( )».

El ministro de Industria, el otro día, cuando trataba de explicarse se presentó ante las cámaras de televisión algo nervioso y arremetió contra los medios que le han sacado los colores e incluso culpó de sus males a los obispos. En el capítulo IX de la segunda parte de El Quijote se lee: «Con la Iglesia hemos dado, Sancho». «Ya lo veo», respondió Sancho, «y plega a Dios que no demos con nuestra sepultura». Si la contemplación de la Historia de España hubiera de servirle para algo, el señor Montilla, tras su estrategia de atacar a la Conferencia Episcopal, tendría que temer por su supervivencia política. El dar con la Iglesia debe de ser algo muy arriesgado, pues, en el momento en que escribo estas líneas, ni siquiera los compañeros de Gabinete de don José Montilla le han secundado en el enfrentamiento.

Raros son los tiempos felices -nos dejó escrito Tácito en sus Historias- en los que se pueden pensar lo que se quiere y decir lo que se piensa. Por su comportamiento, está claro que el ministro Montilla ignora esto, como desconoce que para una buena defensa no se precisa de insultos ni exhabruptos. Quizá debiera saber que uno de los más graves errores que puede cometer un político es el de ignorar a la ciudadanía o no medir adecuadamente su aparato digestivo. Aquí ya quedan pocos españoles capaces de digerir lo que para el procomún es indigerible.

De la Caixa ha salido un puñado de millones de euros para beneficiar a dos partidos políticos. La institución, si quiere todavía contar con el crédito -cada día que pasa, más debilitado- de sus clientes, debe dar un paso al frente y airear, sin miedo, todos los trapos sucios que ha podido almacenar durante estos años. Los clientes de la Caixa tienen un absoluto derecho a la información y defensa de lo que es suyo, y no les basta con que la mayoría de sus directivos y sus empleados administren los fondos con honestidad. Es preciso que también con honestidad se cuente lo que ha pasado. Las consecuencias graves pudieran dimanar, aparte del escándalo, del tapujo.

El presidente de la Caixa dijo hace algunos días que la entidad había actuado con transparencia. Como ciudadano y también como cliente de la Caixa -al día de hoy, al menos cinco miembros de mi familia lo somos- creo que los hechos demuestran que no. Don Ricardo Fornesa debe una explicación pública a sus impositores, trabajadores y a todos los que sospechan, con tanta prudencia como fundamento, de la existencia de favores inconfesables entre la entidad que preside y los partidos políticos beneficiados.Para una institución financiera la administración desleal, si es que la ha habido y aquí todas las cautelas son pocas, además de figura antijurídica, puede ser todavía algo peor: una mentira muy cara, aunque se quiera disfrazar de piadosa.

Javier Gómez de Liaño es abogado y magistrado excedente.