El pasado mes de agosto, cuando hasta los más optimistas –o pesimistas, según se mire- daban por enterrado el Estatuto catalán a la vista de las desavenencias que había generado entre lo que ya se conoce como el Cuatripartito, el portavoz del PSOE en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, el hombre que cocina en todas las salsas y que está tras el telón de todos los dramas, descolgó el teléfono para hablar con su homólogo en ERC, Joan Puigcercós, la camisa negra del Congreso, dicho en todos los sentidos. “No te preocupes, Joan, porque si no sale el Estatuto lo de la OPA sobre Endesa está hecho”, le vino a decir mi pequeño Rasputín al maestro de la tergiversación. La OPA, como alguno de mis compañeros ha dicho estos días, era –es- la mitad del Estatuto, de manera que, si fallaba una mitad, al menos quedaría la otra media. En efecto, en septiembre la operación quedaba al descubierto, al tiempo que el Cuatripartito encontraba el camino para la disgregación de España a través del Estatut, con el impulso decidido de Rodríguez.

Estos días escucho de todo e, incluso, desde estas mismas páginas hay quien pretende justificar lo injustificable. Cada uno puede atender a los intereses que le convengan, pero ya me explicarán a mí cómo se llama al hecho de que la entidad financiera accionista principal de la empresa que lanza la OPA sobre Endesa, a la sazón una caja de ahorros, dominada en su estructura orgánica por el poder político mediante y sin ninguna clase de sometimiento a las leyes del libre mercado, le condone una deuda de más de mil millones de las antiguas pesetas al partido político que tiene en sus manos el poder de dar el visto bueno a la citada operación, y que todo se lleve a cabo en el tiempo en el que se hacen posibles unas cosas y las otras. Yo lo tengo muy claro, aunque, obviamente, deberán ser los jueces los que digan si existe o no un delito de prevaricación. ¿Alguien toma nota?

Porque el quid de la cuestión no está en el hecho de la condonación de la deuda, práctica habitual entre las entidades financieras y los partidos políticos y otras organizaciones –ONGs-, por mal, muy mal, que nos parezca y lo mucho que nos hace pensar en la necesidad de cambiar radicalmente el sistema de financiación de los partidos políticos para acabar con ese nicho de corrupción que ha venido llenando de estiércol los arcenes del camino de la Democracia. La llaga en la que hay que meter el dedo hasta el fondo está en el hecho de que quien otorga un trato de favor condonando parte de una deuda y aplazando la decisión sobre la otra, espera actualmente otro trato de favor del receptor del primero, que no es otro que el PSOE. De ahí que, en mi opinión, Montilla no sea más que el firmante de las letras de cambio en nombre de su partido, el partido que lidera el presidente Rodríguez.

Todo en esta OPA huele, y perdónenme la expresión, que apesta, y no lo digo sólo por la reunión secreta –no saben cómo les fastidia que se diga esto en La Moncloa- entre Durao y Rodríguez. En los próximos días, la gasista solicitará a Montilla permiso para seguir adelante con la operación. ¿Alguien duda de cuál va a ser la respuesta? Yo no, ni siquiera esperará a tener encima de su mesa el informe del Tribunal de Defensa de la Competencia. Pero en ese momento se habrá consumado la transgresión del Estado de Derecho, y alguien debería poner el asunto en manos de un juez, antes de que el Gobierno lleve a cabo su pretendida reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial con la que trata de acabar, de una vez por todas, con la independencia de la magistratura. A mi no me extraña que Montilla se crezca en la adversidad, todo depende de él, incluido el futuro de su jefe.

Ni me extraña que en el solapamiento de un debate, el de la OPA, con otro, el del Estatuto Catalán, el insigne Carod Rovira amenace al Gobierno con romper todos sus acuerdos –menos ese que les impide a ambos pactar con el PP, firmado en el Tinell con factura antidemocrática- si el Estatuto –y la OPA, viene a decir en la letra pequeña del contrato- no sale adelante. Hace tiempo, mucho antes de ser presidente de Endesa, Manuel Pizarro, en una de sus escasas concesiones a la confidencia, me alertaba sobre los afanes expansionistas de La Caixa y de su entramado energético sobre el resto del país. Gobernaba entonces el PP, así que todo lo que está ocurriendo no cabía ni en sueños, pero se avecinaba el primer intento de Gas Natural por hacerse con una buena parte del mercado eléctrico, con aquella OPA inconclusa sobre Iberdrola. Ese convencimiento en que aquello era algo más que una mera operación empresarial fue lo que llevó a Endesa a salir en ayuda de su competidora, sin que ahora haya tenido la misma suerte ni la moneda de cambio.

Por eso Carod, y Montilla, y Maragall y, en definitiva, Rodríguez, tienen tanto empeño en que la operación salga adelante estrechamente vinculada al camino que lleve el Estatuto Catalán en el Congreso. No se trata de una mera toma de control de una compañía, un asunto que debería quedar relegado en un mercado libre a las decisiones de los accionistas, sino de la ocupación del poder y de la búsqueda de sus fuentes de financiación. Una Cataluña semi-independiente –por ahora- necesita recursos, y con la OPA en una mano y el Estatuto en la otra, si se logra el modelo de financiación que propone el Cuatripartito, todo el IVA que paguemos los usuarios del gas y la electricidad en el resto de España –y habrá cinco comunidades autónomas en las que la nueva empresa resultante de la fusión domine el mercado en régimen de monopolio- irá a parar a las arcas de la Generalitat. ¿Cómo quieren que le llame yo a esto? Me lo callo porque luego hay quien se queja, pero confío en que alguien esté preparando el recurso jurídico correspondiente. De lo contrario, no sólo habremos perdido nuestra libertad a favor de los planes absolutistas de Rodríguez... le habremos entregado también nuestro bolsillo.

fquevedo@elconfidencial.com