Estos últimos días se han cumplido treinta años de la muerte de Franco y de la proclamación de don Juan Carlos de Borbón como rey de España. Hace treinta años, pues, comenzaba lo que se ha dado en llamar la transición política.

Todo ello coincide, además, con las críticas que, desde diversos sectores, se formulan a la manera en que se llevó a cabo esta transición y al resultado de ésta. Algunos - o bastantes o muchos- miembros de una generación que no vivió aquellos tiempos o que los guarda como simples recuerdos infantiles consideran que la transición se hizo mal, que las bases de la actual democracia se negociaron bajo la presión de determinados poderes fácticos - desde los sectores empresariales y financieros hasta Estados Unidos, desde la Iglesia hasta el ejército- y que estos poderes impusieron unas condiciones que nunca debieron ser aceptadas.

Sin duda, algo de verdad hay en ello. Los cambios políticos de grueso calibre -y, sin duda, el paso del franquismo a la democracia tuvo este carácter- no se efectúan en el vacío y es natural que los poderes existentes influyan en ellos. Por eso, precisamente, les llamamos poderes fácticos.

Es más, si se pretende que los cambios tengan lugar de manera pacífica y con voluntad de permanencia en el tiempo, el error sería marginar a estos grandes poderes. Es mucho mejor dejar que influyan en el proceso que conduce al pacto para así comprometerlos ya en el acuerdo inicial que dejar que, desde el exterior, intenten desestabilizar el proceso posterior, ya en tiempos del nuevo sistema.

Por tanto, no me cabe duda de que los poderes fácticos existentes durante la transición influyeron en el modo cómo ésta se llevó a cabo y, además, ello me parece normal y positivo. Excepto en momentos revolucionarios, que a veces instauran regímenes de muy escasa duración, ello siempre ha sido así. No hace falta remontarnos a los orígenes históricos de los antiguos sistemas democráticos - como Gran Bretaña y Estados Unidos-, sino a tiempos más cercanos: a la posguerra europea, a la Italia y Alemania posfascistas. Seguro que hay aspectos criticables e insuficiencias democráticas en las bases de estas nuevas democracias: recordemos sólo que la Constitución alemana de 1949 fue supervisada por la autoridad militar ocupante y que nunca ha sido plebiscitada. Pero, en todo caso, son sistemas que han durado, han sido democracias estables.

Otra cosa es si el grado de aceptación de esta influencia de los poderes fácticos por parte de las fuerzas políticas que encabezaron el proceso de la transición fue el adecuado para dotar al sistema del consenso necesario para su estabilidad o si las concesiones fueron excesivas, si se llegó a aceptar lo que era inaceptable. Ello es, sin duda, discutible y depende del punto de vista desde el que se emite el juicio.

Desde mi particular punto de vista, si los momentos fundacionales de la transición fueron, desde el prisma económico y social, los pactos de la Moncloa y, desde el prisma político, la Constitución, las concesiones a los poderes fácticos son perfectamente aceptables. Casi treinta años después puede comprobarse que, por un lado, la igualdad social y el progreso económico posterior encontraron allí una buena base: desde la posición de los sindicatos en las relaciones laborales hasta la reforma fiscal que inició Fernández Ordóñez; y, por otro lado, las garantías de los derechos fundamentales, la democracia política y el sistema de autonomías, que son los tres puntos centrales de la Constitución, han suministrado también una buena base para transformar completamente no sólo el Estado franquista, sino toda la tradición política española anterior.

Ahora bien, no cabe duda de que treinta años después existen, como es natural, problemas en España y que estos problemas son de tipo económico, social y político. No es momento aquí de enumerarlos y es discutible determinar cuáles son. Pero no creo que la manera de resolverlos sea replanteándose aquello que se decidió en la transición, sino abordándolos desde la realidad de hoy. El juicio sobre el periodo de la transición es tarea de historiadores y estudiosos. Si bien la mayor parte de los protagonistas, felizmente, aún están vivos, se trata ya de un periodo que pertenece al pasado, que forma parte de nuestra historia. Rebobinar en el tiempo hasta llegar a treinta años atrás puede ser un interesante ejercicio intelectual, pero no creo que resuelva los problemas del presente.

Es más, seguramente, los problemas económicos, sociales y políticos de hoy son más un producto de la manera cómo se han desarrollado las bases establecidas en la transición y su aplicación a las cuestiones nuevas que han ido surgiendo que a lo que allí se decidió en su momento. Por tanto, las polémicas y debates sobre el periodo de la transición sería mejor plantearlos y resolverlos con mentalidad de futuro, con planteamientos que tengan sobre todo en cuenta las nuevas realidades españolas, europeas y mundiales.

La época de la transición, pues, es una materia polémica que debe ser analizada por los historiadores o por los economistas, sociólogos y juristas que quieran estudiar el pasado. El debate entre políticos debe partir de los problemas actuales y éstos deben resolverse mediante el análisis de la realidad de hoy, no de treinta años atrás y, sobre todo, mirando al futuro.

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB