Al cumplirse treinta años de reinado de don Juan Carlos I resulta inevitable volver la vista atrás. De la España oficial de entonces a la de ahora hay una gran diferencia, pese a que en 1975 ya hubiese una incipiente sociedad de consumo y mucha gente practicase unas pautas de conducta y tuviese unas ideas en completa sintonía con la Europa democrática. El Estado iba a remolque de la mayoría social, que hacía esfuerzos por ver el mismo cine que nuestros vecinos franceses y consumir los mismos anticonceptivos que las turistas alemanas. La España del «cuéntame» ya había hecho los deberes cuando murió Franco. La manida transición fue una operación de las elites políticas (Adolfo Suárez, Torcuato Fernández Miranda, Gutiérrez Mellado, Fraga Iribarne, Sabino Fernández Campo, Santiago Carrillo, Tarradellas, Felipe González, Marcelino Camacho, Xavier Arzallus, Tierno Galván, Ruiz Giménez) que hubiera resultado mucho más problemática sin el concurso del Rey.

En estas fechas se recuerda la tensión en el Ejército por la legalización del PCE o las horas críticas del 23-F, como dos ejemplos de los servicios prestados por la Corona a la España democrática. Somos conscientes de la épica, pero suele pasar más inadvertida la labor cotidiana de defender los intereses de España en el campo de las relaciones internacionales. Sin salirnos de la actual legislatura tenemos claras muestras de ello, al entrevistarse el Rey con Bush mientras ZP no encontraba la manera de abordar al presidente americano. En cuanto a las relaciones con Marruecos, la capacidad de interlocución del Rey con Mohamed VI es muy superior a la del Gobierno.

En la hora presente, la figura del Rey adquiere una nueva dimensión, porque la hegemonía del discurso nacionalista choca con la referencia unitaria de la Corona. Que la Constitución haya desprovisto de poderes al Rey, como corresponde a un sistema democrático de monarquía parlamentaria, no quiere decir que el monarca no tenga influencia en el debate político español y en la sociedad. La Constitución y la Corona son las dos garantías frente a las ambiciones y los delirios de una minoría que no tendría mayor importancia sino fuera porque son socios preferentes del Gobierno.