El Tribunal de Cuentas ha detectado multitud de irregularidades en los balances de los ayuntamientos españoles. Entre las anomalías se encuentran la falta de información sobre las subvenciones que conceden los consistorios, las contrataciones que realizan o el funcionamiento de las sociedades mercantiles en las que participan. Con frecuencia, los ayuntamientos presentan sus cuentas fuera de plazo y algunas corporaciones municipales actúan como objetoras: evitan dar información al Tribunal de Cuentas.

Este cuadro de irregularidades no nos debe de causar extrañeza, porque los ayuntamientos están al abrigo de procedimientos coercitivos como los que sufre el ciudadano de a pie cuando no cumplen con sus deberes con la Administración. El Tribunal de Cuentas puede hacer diagnósticos muy severos, pero carece de poder disciplinario, porque ese papel le está reservado a los tribunales jurisdiccionales. Digamos que los dictámenes del Tribunal de Cuentas tienen sobre todo consecuencias políticas, porque deslegitiman la actuación de los mandatarios de las administraciones. A todo ello hay que añadir la irresponsabilidad general en que se mueve la gestión pública ya que cuando una empresa va mal, quiebra; sin embargo, ningún ayuntamiento o ninguna comunidad autónoma presenta suspensión de pagos o quiebra. Llegados a este punto no me resisto a contar una anécdota personal. Hace más de diez años, una alta personalidad de la política asturiana me reconoció en una conversación privada que en España nadie cometía más irregularidades que la Administración. El discurso de Larra sigue vigente. Entre las observaciones que hace el Tribunal de Cuentas destaca el alto nivel de pérdidas de las sociedades públicas municipales asturianas. En 2001, último ejercicio fiscalizado, las sociedades municipales de nuestra región acumularon más números rojos que los de otras comunidades autónomas. Este asunto tiene su guasa, porque estas sociedades proliferaron en los últimos años para disfrazar los déficit públicos, ya que el saldo de sus cuentas tiene carácter extrapresupuestario. A día de hoy, son la principal herramienta para maquillar las finanzas reales de las administraciones. De rojo.