La bronca que se está montando con la LOE se está convirtiendo en una perfecta metáfora de España. Noten ustedes que no estoy hablando de “la España democrática”, sino de España, la de siempre.

Lo que está haciendo el PP con la LOE en realidad no tiene casi nada que ver con dicha Ley, y sí mucho con la labor de zapa de los sectores más reaccionarios de la sociedad española –el cristianismo oficial y los ultranacionalistas españoles, capitaneados a la sazón por la Iglesia católica y por el Partido Popular- contra un gobierno socialista que, al menos en lo social, parece empeñado en asentar al estado español en el siglo XXI, y en borrar del imagionario social los restos, aún demasiado poderosos, de las mixtificaciones religioso-imperiales del siglo XVI en que viven algunos.

O sea, que estamos una vez más ante la eterna dicotomía española: la reacción contra la modernidad, la España Eterna contra la España del futuro, el Alzamiento fascista contra la República.

Si se fijan ustedes un poco en lo publicado hasta ahora por los medios de obendiencia nacional-católica, podrán ver cómo se repiten hasta la náusea los reproches y las acusaciones de las distintas “organizaciones sociales” que se han movilizado contra la LOE desde este ámbito social –estas “múltiples” organizaciones me recuerdan a las decenas de organizaciones convocantes que apadrinaban las antiguas manifestaciones de la izquierda abertzale, y que al final siempre se resumían en una: en la Mesa Nacional de Herri Batasuna-, pero no verán ni una sola línea en la que se muestre el por qué de tales acusaciones.

Por ejemplo, la más socorrida es la acusación de que liquida la libertad de los padres para elegir el centro en que quieren educar a sus hijos. Pues bien, por más que se lean ustedes el proyecto de Ley socialista, o por más que relean ustedes El Mundo, el ABC, La Razón, o escuchen la COPE, se quedarán sin saber por qué la LOE cercena la libertad de elección de centro por parte de los padres. Para llegar a intuir el origen de esta acusación, tienen ustedes que bucear en la hemeroteca y estrujarse el majín a fondo.

La acusación en cuestión comenzó a oírse con fuerza en cuanto se corrió la voz de que el proyecto de Ley prevé un cambio en la situación de los centros concertados. Recordemos que la mayor parte de los colegios religiosos que hay en España entran en esta categoría. Así, el proyecto prevé incluir a estos centros, que pueden considerarse a efectos prácticos como centros cuasipúblicos, al ser casi totalmente financiados por dinero público, en el listado de centros entre los que repartir a aquellos alumnos que, por sus peculiaridades personales, necesitan de un tratamiento especial.

Ya sea por tratarse de hijos de inmigrantes recién llegados –con un desconocimiento casi total del idioma, con culturas diferentes y, sobre todo, con religiones distintas-, por ser niños con problemas de integración o por tratarse de niños con algún tipo de discapacidad, hasta ahora estos colectivos estaban siendo escolarizados exclusivamente en centros de titularidad pública.

La lectura que hay que hacer de esta situación es clara, aunque sea dolorosa: a aquellos niños que, por su problematicidad, no los quiere nadie, que los atienda el estado –no es casual el parecido de esta situación con la función que las ideologías más derechistas, como la neoliberal, otorgan al estado: hacerse cargo de aquellas funciones que no “puedan” ser atendidas por la iniciativa privada.

Pues bien, para llegar a entender por qué esta propuesta del proyecto de ley liquidaría la libertad de elección de centro por parte de los padres, hay que hacer un ejercicio de abstracción de segundo orden (algo que ocurre casi exclusivamente con los argumentos de carácter propagandístico).

El argumento sería el siguiente: si se incluye a los centros concertados en el listado de centros entre los que el estado va a repartir a los niños con características especiales; si muchos de esos niños son hijos de inmigrantes, y por tanto profesan religiones “ajenas” a la mayoritaria en España, como la musulmana o incluso animistas propias de las culturas subsaharianas; y si la mayor parte de los centros religiosos españoles (cristianos católicos) son centros concertados, nos encontramos con que, en caso de que la inclusión de estos centros en dicho listado llegue a materializarse, aquellos padres españoles que tuvieran intención de escolarizar a sus hijos en esos centros educativos religiosos cristiano-católicos, se encontrarían con que sus hijos iban a tener que convivir con niños de religión musulmana o animista, no solo con niños cristianos.

Esta situación, en manos del Partido Popular, se ha convertido en una interpretación desquiciada, y la CONCAPA, por supuesto, ha dicho amén: como es de suponer que los padres cristianos no van a querer que sus hijos “se contaminen” con el contacto con niños que profesan religiones heréticas, lo que tenemos es que los padres cristianos ven, así, cercenada su libertad de elección de centro educativo para sus hijos, ya que se verán obligados a elegir otros centros cristiano-católicos que no estén “contaminados”, lo que limitará el número de centros entre los que elegir, y probablemente les obligará a matricular a sus hijos en colegios enteramente privados, sin subvención pública, porque estos pueden “escoger” a sus alumnos, lo que les obligará a afrontar mayores gastos, lo que no siempre será posible.

Es el problema de las religiones: que la “verdad absoluta” necesita mantenerse absolutamente esterilizada para que no pierda su “pureza”. Ya sin ironías, y dicho claramente, es lo que tienen los adoctrinamientos ideológicos: que no pueden permitir la convivencia con ideas ajenas a la propia doctrina, so pena de sufrir una relativización devastadora. Eso lo saben muy bien Ratzinger y su grey, y lo saben también la CONCAPA y el Partido Popular, cuya cúpula ya sabemos que está llena de fundamentalistas cristianos.

No es posible un pacto de estado sobre educación como pide cínicamente Rajoy, porque la sociedad ya está dividida en dos, como en el pasado, y la ley que regule la educación no puede satisfacer a ambas partes a la vez. Los partidos no pueden ponerse de acuerdo en un pacto sobre educación para cincuenta años porque unos quieren que la educación sea centralista, elitista y vehículo de obligatorio adoctrinamiento cristiano, y los otros quieren que sea descentralizada, popular y laica.

Por mucho que Rajoy o las organizaciones cristianas que hayan inundado los medios de comunicación con cínicas referencias a la “calidad de la enseñanza” que van a recibir nuestros hijos, el caso es que, en cuanto Zapatero les ha puesto ante la tesitura de concretar sus exigencias, éstas se han centrado en dos puntos básicamente, como reconoció ayer mismo el portavoz de la CONCAPA: quieren un currículo común para todas las comunidades autónomas y una asignatura de religión (cristiano católica) obligatoria.

Lo demás son matices. Es decir, que sus exigencias, a pesar del ruido, se centra en los viejos dos puntos de siempre: nación y catolicismo.

Es por esto que mantengo que ya no podemos referirnos a “la España democrática”. Ya solo nos queda continuar la pelea a la que se enfrentaron nuestros mayores: la lucha contra la reacción, contra quienes buscan de nuevo, una vez más, apropiarse del estado, como hicieron en 1939, para imponernos su mito castellano-nacionalista y cristiano-reaccionario.

josemariachacon@izaronews.com