Condonados y encadenados a unos partidos sin crédito, de Jesús Cacho en El Mundo
A falta de un sistema de financiación nítido, los partidos políticos gozan de bula. El episodio de La Caixa y el PSC deja en una situación expuesta al secretario general de los catalanes, y al tiempo ministro, señor Montilla, pero más aún a la caja. El perdón de parte de la deuda contraviene las buenas prácticas bancarias, cuando no roza el delito. Pero se trata de España, con su democracia en pañales.
Se quejaba el poeta Horacio de que los artesanos se dedicaban a la artesanía y los médicos a la medicina, pero que a todos les daba por componer versos de modo febril, razón por la cual los habitantes de Roma se veían obligados a escuchar insoportables ripios. Pero no sólo la mala literatura hace sufrir a los espíritus sensibles. También lo hacen las indigestas argumentaciones jurídicas que estos días se dejan oír tanto en medios de comunicación como en boca de algunos parlamentarios (caso del socialista López Garrido, partidario de una «financiación más liviana» (sic) para los partidos políticos), a cuenta de la iniciativa de La Caixa de perdonar, condonar, dejar sin efecto, renunciar al cobro y otras frases de similar enjundia, sendos créditos concedidos al PSC de Montilla y a su revoltosa colega del tripartito, ERC.Y muchos argumentan que lo acontecido con el secretario general del PSC debería llevar aparejada su dimisión como ministro de Industria, dada su manifiesta incompatibilidad a la hora de intervenir en cualquier asunto que tenga que ver con el grupo industrial de La Caixa, de lejos el más importante del país.
Algunos, más bien benevolentes, tratan de colar tanta magnanimidad por la rendija de una simple infracción administrativa, tal que la ruptura de las directrices emanadas del Banco de España referidas a los criterios de morosidad, provisiones, calendarios, solvencia y otras cuestiones propias del metalenguaje de curso legal en el caserón de Cibeles. Pero perdonar un crédito concedido por una entidad financiera sin más es, antes que nada, un delito.Es una verdad de Perogrullo afirmar que los bancos reciben dinero de sus accionistas y depositantes para prestarlo en las mejores condiciones de rentabilidad y solvencia, por un lado, e intentar recuperar por todos los medios lo prestado, por otro. Y estas dos verdades, que derivan de los míticos Médicis, son casi tan antiguas como el aceite de oliva. Nadie que se siente en el consejo de administración de una entidad financiera, sea por méritos propios, por designio del poder o por dedazo paterno, puede alegar ignorancia acerca de que bancos y cajas pueden hacer casi todo menos dedicarse a perdonar los créditos concedidos, porque eso sería tanto como caminar hacia el caos financiero y el fin del sistema.
Por esa regla de tres, cualquier banquero o asimilado podría dedicarse a conceder créditos a sus amigos, con idea de perdonárselos y repartirse luego el botín. Por el contrario, el banquero tiene la obligación de asegurarse plenamente de que su decisión de conceder un crédito no es arbitraria. En eso reside precisamente el análisis de solvencia. Pero, además, tiene que encargarse de recuperar por todos los medios a su alcance el dinero prestado, ejecutando hasta el exterminio los bienes y derechos, presentes y futuros, de quien recibió el dinero. Fue el bueno de Alfredo Sáenz, consejero delegado de SCH, quien dijo aquello de que para ser buen banquero se necesita instinto criminal, criterio básico que nada tenía que ver con el hecho de recibir el 1% de Banesto gratis sin querer pagar impuestos, sino con la obligación de perseguir al moroso hasta la extenuación. Y no en vano cajas y bancos arrojan a buenas gentes de sus casas por impago, cierran negocios por no atender la devolución de un crédito, y así sucesivamente.Cruel y real como la vida misma.
Es apropiación indebida, según el viejo y el nuevo código, distraer dinero, y eso quiere decir disponer de él sin justificación (es decir, llevárselo crudo), o hacerlo con una justificación que no se ajuste al objeto social de la entidad que se administra.Este fue el argumento que, cambiando la jurisprudencia seguida hasta el momento, llevó al diputado-juez-comentarista-alcalde frustrado del PSOE, Ventura Pérez Mariño, a condenar a seis años de cárcel a Mario Conde (caso Argentia Trust), por haber entregado 600 millones a seis pajaritos encargados de conseguirle unas exenciones fiscales con motivo de la creación de la Corporación Industrial de Banesto, y ello a pesar de que todo el mundo, incluido don Ventura, sabía que Conde no se había metido ese dinero en el bolsillo.
Es lo que tiene sentar jurisprudencia ad hominem para meter al enemigo en la cárcel. Algunos, como Emilio Ybarra, intentan ahora huir del chaparrón de esa doctrina mediante arreglos extrajurídicos, aunque su prestigio quede hecho trizas ante el respetable mundo de Neguri y alrededores. La doctrina de Mariño fue ratificada en el Supremo ni más ni menos que por Bacigalupo y García Ancos, subsecretario que fue, por cierto, con Narcís Serra, ex vicepresidente del Gobierno de Felipe González y que algo tiene que ver con el PSC, tanto como que fue precisamente él quien negocio con La Caixa la concesión del crédito ahora condonado. Y bien, ¿qué hacemos ahora? Porque si se ha perdonado, como parece evidente, un crédito a un partido sin agotar las posibilidades de cobro, entre ellas la incautación de las dotaciones que realiza el Estado de acuerdo con los escaños obtenidos, quien haya puesto su firma en semejante desperfecto ha cometido un delito de apropiación indebida o, como mal menor, eso que se llama administración desleal (art. 295), y conviene recordar que el 297 asimila a los efectos del delito a toda cooperativa, caja de ahorros, mutua, fundación, etcétera.
Es obvio que el delito se puede cometer de muchas maneras, entre otras dejando prescribir la acción para el cobro del crédito.Es posible que un frutero se olvide de pagar a sus proveedores o se distraiga a la hora de cobrar el género, pero es algo que no le puede ocurrir a un banquero. En banca no sólo es inconcebible que un gestor deje deliberadamente prescribir un crédito para excusarse en no cobrarlo. Previamente está obligado a hacer todo lo posible para interrumpir dicha prescripción. Y quien no lo hace así incurre en lo que los entendidos llaman dolo; el público en general, mala fe, y unos y otros, delito. «Eso tiene delito», que dice el pueblo llano. Lo malo es que habría que reclamarlo ante los Tribunales de Cataluña y, tal como están las cosas, no parece muy probable que la iniciativa fuera siquiera admitida a trámite. Lo que no obsta para que Montilla, junto con los directivos de La Caixa que pactaron semejante arbitrariedad financiero-jurídica, poniendo de paso al descubierto la corrupción inherente al sistema de financiación de los partidos políticos, podrían haber cometido un delito de apropiación indebida, inexcusable tras el caso Argentia Trust.
Pero es que, y si de alguna manera pudiera establecerse una relación causa-efecto entre esa condonación y el proyecto de OPA de GN sobre Endesa, además de la apropiación indebida podríamos estar hablando de un delito adicional de cohecho, habida cuenta del carácter de funcionario público que ostenta el señor Montilla, y ello tanto en la acepción directa o indirecta del delito (artículos 419 y siguientes del Código Penal). Lo cual nos llevaría a considerar nulo todo lo actuado hasta el momento en relación con la OPA.¿Compraría alguien acciones a sabiendas de que en un eventual proceso penal podría anularse la compra?
Y bien, ¿quieren que les diga una cosa? Lo dicho hasta ahora y mucho más que podría esgrimirse no pasa de ser un argumentario más propio del debate académico. La cabeza caliente y los pies fríos. Estamos en España y su democracia en pañales: «Viene un partido a pedirte un crédito y qué quieres que hagamos, ¿qué se lo deneguemos? Y si luego no paga, ¿qué hacemos?, ¿disolvemos el partido?». Quien así argumenta es el presidente de una importante caja de ahorro, que no es La Caixa. «Nunca se piden garantías reales cuando se trata de un partido político. Los créditos vencen y no se reclama su pago, lo que equivale a una condonación de facto. Luego viene la inspección, te pide que lo provisiones, lo dotas al 100% y listo. Y si el auditor externo se entera y te pide los papeles, se los niegas. Y si te amenaza con una salvedad, tu le dices que muy bien, pero que se atenga a las consecuencias, porque el año que viene no te audita». Empezamos con los romanos y terminamos con los griegos: decían en la Academia de Platón que el asombro es el padre del conocimiento. A este paso, en España acabaremos todos siendo sabios.
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