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Vertebración del sistema

La actual redacción del proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE) dice, en su artículo 6.3, que «los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas no requerirán más del 55% de los horarios escolares para las comunidades autónomas que tengan lengua cooficial, ni del 65% para aquellas que no la tengan». El texto habla de máximos, pero no de mínimos. Esto es, no hay un mínimo de enseñanza común garantizado en toda España.

Cierto es que la LOE, en este aspecto, es básicamente igual que la Logse. Lo que sucede es que, además de que la coyuntura del modelo de Estado es diferente, esa actual redacción ha dado pie a que algunas autonomías hayan rebasado en la práctica ese techo de porcentaje referido a los contenidos propios, claro está, en detrimento de los comunes. Los porcentajes del 55% y del 65% fueron incluidos en su día en la Logse a través de una enmienda del PNV que recibió el apoyo de casi todos los grupos. El hecho de que esta cuestión fuera tan respaldada, señala un alto cargo de Educación, hace «muy difícil tocarla». Tal y como decía la ley de Calidad, el PP señala que, en vez de que sea un máximo, ese porcentaje sea un fijo.

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Los problemas de calidad

En su artículo 28.3, el proyecto de LOE establece que los alumnos que tengan dos suspensos pasarán de curso, que los que no aprueben cuatro repetirán y que con tres suspendidas será el equipo docente el que decida si promociona o no, eso sí, en cualquier caso siempre con los refuerzos necesarios. En la práctica, este es el mecanismo que hoy en día también funciona en los centros de Educación Secundaria Obligatoria.

El Partido Popular quiere volver a lo que figuraba en la semiparalizada Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), léase: repetir con tres suspensos. Porque señalan que el problema actual, heredado de la Logse y proyectado en la LOE, es que los alumnos acaban con muchos suspensos detrás, con lo que los títulos están vacíos de contenido.

Además del edulcoramiento del esfuerzo, la LOE suprime las pruebas extraordinarias de septiembre y la Prueba General del Bachillerato (PGB) que quería el PP. Para acceder a la Universidad, el proyecto de LOE aboga por una selectividad que promedie sólo con las notas de 2º de Bachillerato y no con la etapa entera.

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Centros concertados

Quizás es el asunto que más confusiones ha levantado. El texto del Gobierno aprieta a los centros concertados para que escolaricen inmigrantes ponderadamente igual que los públicos, dejen de cobrar cantidades extra a las familias y no exijan a los alumnos adhesión al ideario del colegio. Desde la oposición política y empresarial, este espíritu vigilante se ve como un ataque a la autonomía, la libertad de los centros y, por ende, a la libertad de elección de los padres. Según el PP, hasta cuatro artículos del proyecto de ley (el 1, 15, 84 y 109) van contra la libertad.

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Admisión de alumnos

Para los concertados, el sistema de escolarización que recoge el capítulo III de la LOE es una «injerencia» y choca de lleno con la libertad de elección de centro. Según la ley, «las administraciones realizarán una programación adecuada de los puestos escolares gratuitos que garantice el derecho a la educación». Dicha programación se basará en una «equilibrada distribución entre los centros de los alumnos con necesidad de apoyo». El malestar viene porque a un centro x le obliguen a escolarizar cada año a un número y de estudiantes con dificultades para seguir recibiendo la subvención.

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La asignatura de Religión

Es uno de los asuntos que más ruido arma pero, curiosamente, uno de los que menos tienen que ver directamente con la calidad.La LOE dice en su disposición adicional segunda que la Religión se regirá por lo suscrito con la Santa Sede. El Gobierno ha garantizado que será de oferta obligatoria en todos los centros. Frente a la izquierda -que pide que salga de las escuelas-, la Iglesia y los grupos conservadores quieren que cuente para pasar de curso, acceder a la Universidad y que disponga, además, de una alternativa de igual fuerza.